Fiscalía imputó al exviceministro de Defensa por direccionar el contrato de los helicópteros MI-17
La investigación del contrato de 32 millones de dólares para poner a volar los helicópteros del Ejército, señala que el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto lo empujó por una selección directa hacia una empresa que no cumplía los requisitos técnicos ni financieros. El imputado no aceptó los cargos.
El 27 de julio de 2026, después de meses de audiencias, la Fiscalía General logró judicializar a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa. La acusación es que, sin tener la competencia para hacerlo, condujo el proceso que terminó adjudicando a la firma estadounidense Vertol Systems Company el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército, con un contrato firmado el 31 de diciembre de 2024 por cerca de 130.000 millones de pesos.
Los cargos que le formuló el ente investigador son ocho: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. El exfuncionario los rechazó en su totalidad.
¿Cuál es el caso?
La tesis de la Fiscalía es que Suárez, desde septiembre de 2024, ordenó de palabra que la contratación saliera por selección directa reservada, la modalidad que esquiva la competencia abierta. Lo habría hecho sin los conceptos ni los estudios jurídicos que debían respaldar esa decisión. Cuando el comité que estructuraba el negocio puso reparos, el exviceministro les habría pedido soltar las ataduras, es decir, que fueran más flexibles.
Vertol, la compañía favorecida por el negocio, no demostró de manera creíble su experiencia, su solvencia ni su capacidad técnica. De todas maneras, el trámite siguió: la Fiscalía también atribuye a Suárez haber pedido al entonces director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, apurar revisiones técnicas que acomodaban a MI Series Personnel & Parts, la otra firma metida en el engranaje.
No solo el método de contratación fue cambiado, sino también la forma de pago. Se modificó para autorizar un anticipo del 50 por ciento y, el 15 de abril de 2025, salieron 16.231.700 dólares de las arcas del Estado cuando apenas se habían ejecutado obras por unos 2,6 millones, conforme al ente investigador.
Lo que ya venía
El caso no nació con la imputación de Suárez. Meses antes, la Fiscalía había llevado a audiencia a James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems, y a Carlos Martín Uribe, dueño de MI Series Personnel & Parts, por el mismo entramado. La reconstrucción que hizo el fiscal José Ignacio Arias Ciro dejó ver que el direccionamiento no fue obra de un solo funcionario, sino de una cadena de decisiones dentro de la cartera de Defensa.
En esa cadena aparecen otros nombres: el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; Herbert Buitrago, director de Logística; y Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio. La investigación también estableció que, antes de firmar con la empresa privada, el Estado descartó una propuesta de cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer el mismo mantenimiento, una alternativa que ofrecía mejores condiciones técnicas y económicas para la Nación. Se prefirió el camino que hoy está en el juzgado.
Quién es Luis Edmundo Suárez Soto
Antes de terminar señalado por un contrato irregular, Suárez fue durante años la cara del Estado en la lucha contra las finanzas ilícitas. Abogado de la Universidad de los Andes, con especializaciones en Economía y Derecho Administrativo, llanero nacido en Puerto López (Meta), dirigió desde noviembre de 2010 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que rastrea el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y a la que renunció en 2016. Volvió al servicio público como encargado del viceministerio en enero de 2024 y fue posesionado en propiedad el 15 de mayo de ese año por el entonces ministro Iván Velásquez Cuando estalló el escándalo de los MI-17, su defensa fue tajante: "Yo no lo firmé", dijo, y le trasladó la responsabilidad técnica al Ejército.
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