Inicia imputación de cargos contra alias Calarcá: el cabecilla del Estado Mayor Central es considerado como persona ausente
La Fiscalía imputa desde este 4 de agosto a Alexander Díaz Mendoza, cabecilla de las disidencias de las Farc, como persona ausente. El argumento nace después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondiera que no conoce el paradero de su propio gestor de paz.
Este martes 4 de agosto, en un juzgado de Villavicencio, la Fiscalía empezó a imputarle cargos a alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc. La diligencia se hace como persona ausente, luego de que Calarcá no se presentara a varias diligencias de imputación.
Raúl Humberto González Flechas, fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, enlistó los hechos que se le atribuyen al alzado en armas. Entre ellos, el asesinato con fusiles de siete militares del Ejército en zona rural de San José del Guaviare, un ataque ejecutado por hombres del frente Isaías Carvajal que la Fiscalía le imputa en su condición de comandante del bloque Jorge Suárez Briceño.
¿Por qué lo imputan sin que esté presente?
Desde el 8 de mayo, la Fiscalía activó mecanismos para ubicar a Calarcá y notificarlo del proceso, después de que Luz Adriana Camargo, la fiscal general, hiciera pública la imputación el pasado 7 de abril. Como es negociador de la paz total, el ente acusador recurrió a una vía institucional y le pidió apoyo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que dirige Otty Patiño, para hacer llegar la citación.
La oficina contestó que no tiene competencia para hacer notificaciones judiciales, que no cuenta con canales para trasladar citaciones a integrantes de estructuras armadas y que no tiene información actualizada sobre el paradero del cabecilla, pues tiene un carácter itinerante en las mesas de diálogo de la Paz Total.
La Fiscalía argumentó que la difusión pública y mediática del proceso permite inferir que conocía las diligencias y decidió no presentarse. Con eso, el Juzgado 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio había autorizado avanzar en la declaratoria de persona ausente. La defensa pública del juzgado apeló y, en segunda instancia, la decisión quedó en firme, y las audiencias se reanudaron el 4 de agosto.
¿Cuáles fueron los delitos y los hechos que los sostienen?
La Fiscalía lo imputa por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, este último por el uso de minas antipersona. Al expediente se suman la desaparición forzada y el desplazamiento forzado. Son hechos cometidos, según el ente acusador, entre el 16 de enero de 2024 y la fecha, es decir, mientras Calarcá tenía suspendida la orden de captura por su papel en la mesa de paz del gobierno nacional.
Hay dos grandes casos por los que está siendo juzgado. El primer hecho que la Fiscalía pone sobre la mesa es el homicidio de Carmelina Yule, lideresa indígena del pueblo nasa, cometido el 16 de marzo de 2024 en Toribío, Cauca. Para los investigadores, ese crimen desvirtuó cualquier voluntad de no delinquir, ya que ocurrió apenas dos meses después de que la estructura recibiera los beneficios de la paz total.
El segundo es la masacre de Miravalle, en Guaviare. Los días 18 y 19 de enero de 2026 fueron asesinadas 26 personas, siete de ellas menores de edad. La matanza se dio en el marco de la guerra que libran las disidencias de Calarcá contra las de Iván Mordisco por el control del territorio.
¿Cuál es el caso más mediático contra Calarcá?: las camionetas de la UNP y la infiltración
Los hechos por los que hoy está siendo juzgado recuerdan al mayor escándalo en el que se vio envuelto Calarcá desde que el gobierno Petro lo volvió gestor de paz. El 23 de julio de 2024, en un retén militar en Anorí, Antioquia, el Ejército interceptó una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección que transportaban al cabecilla y a otros cabecillas del Estado Mayor de Bloques y Frentes. Iban a una reunión con delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En los vehículos las autoridades encontraron computadores, celulares, discos duros y memorias USB. También un adolescente reclutado, armas sin salvoconducto, oro y dinero en efectivo. Todos fueron dejados en libertad por su condición de gestores de paz. Los dispositivos quedaron en poder de la Fiscalía.
Dieciséis meses después, el 23 de noviembre de 2025, Noticias Caracol reveló parte de ese contenido. Los llamados archivos de Calarcá describían una presunta infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares y en la Dirección Nacional de Inteligencia. En el material aparecían el general Juan Miguel Huertas, entonces jefe del Comando de Personal del Ejército, señalado como contacto clave, y Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la DNI. El objetivo, según los documentos, era un pacto de no agresión en el Catatumbo, el sur de Bolívar y Antioquia. Con el tiempo, la Procuraduría suspendió a Huertas y a Mejía, y este último terminó saliendo de la DNI, teniendo en cuenta las inspecciones del CTI al Comando de Personal del Ejército e Indumil.
Lea los comentarios
