Las 14 propuestas de reforma a la justicia que una comisión de expertos le deja al gobierno de Abelardo de la Espriella

La ministra de justicia encargada, Cielo Rusinque, presentó este jueves el balance del trabajo de la Comisión Asesora de Reforma a la Justicia, una instancia que instaló en enero de 2024 Néstor Osuna, el primer ministro del sector que tuvo el gobierno Petro, y que concertó con un panel de expertos 14 borradores de proyectos con “reformas urgentes”.

Una de las propuestas va en sintonía con el caso que ganó el presidente Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la destitución que dictó en su contra el entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. El proyecto plantea la eliminación de las facultades sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación sobre funcionarios de elección popular.

En su reemplazo, la iniciativa plantea la creación de una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia para abordar los procesos contra congresistas, y una nueva Comisión Nacional para los demás servidores públicos elegidos por voto popular. Sólo dichas instancias podrían, de prosperar el proyecto, afectar los derechos políticos de dichos servidores.

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Otra de las iniciativas plantea eliminar, de manera definitiva, el sistema inquisitivo, o Ley 600 del 2000, que actualmente rige para congresistas y algunos aforados. La propuesta pretende que el sistema inquisitivo no le aplique a nadie, por razón del fuero, dando mayor cobertura al sistema penal acusatorio, considerado más garantista.

Y otra propone que ningún juez pueda condenar a un individuo en caso de que la Fiscalía General de la Nación, responsable de la acción penal, pida su absolución. “Este proyecto busca evitar que un ciudadano sea condenado por un juez cuando la propia Fiscalía haya pedido su absolución, o el cierre del caso, mediante la preclusión”, señaló la ministra (e) Rusinque.

¿Habrá ambiente en el nuevo gobierno?

El gobierno de Abelardo de la Espriella, que gobernará a partir del 7 de agosto, ¿acogerá las iniciativas proyectadas en una mesa de un gobierno al que considera opositor y que, adicionalmente, le fueron entregadas a la bancada del Pacto Histórico?

“Se trata de apuestas necesarias, urgentes, producto de un amplio consenso, más allá de cualquier identidad política son desafíos que enfrenta la justicia colombiana en la actualidad, que necesita una respuesta. Aquí hay una oportunidad para que se produzcan los primeros acuerdos mayoritarios”, señaló Rusinque.

El ministro de justicia designado, Iván Cancino, deberá definir cuál de todas estas iniciativas, confeccionadas por decenas de expertos agrupados en cuatro subcomisiones, serán prioritarias en la 'patria milagro'.

Entre las propuestas también hay una reforma al estatuto arbitral, para modernizarlo, agilizar los trámites e imponer mayor transparencia a la hora de elegir árbitros para controversias, regulando el trámite de recusaciones.

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Igualmente se propone un proyecto para hacer realmente efectiva la justicia restaurativa, un mecanismo que existe desde hace unos años y que permite la mediación entre víctimas y victimarios, para reparar los daños. Para la comisión de expertos, esta alternativa jurídica sólo funciona en las grandes ciudades.

Y dentro del paquete prioritario también figura una reforma al derecho laboral colectivo, que plantea cambios a la Constitución "para favorecer a los sindicatos frente a los empleadores", advierte el Ministerio.  Se proponen cambios sobre la huelga, la negociación colectiva y el Código Sustantivo del Trabajo. 

Los demás proyectos

*Ley de erradicación de las violencias basadas en género: pretende que el sistema de justicia funcione mejor, con celeridad y sin prejuicios, cuando mujeres o personas con orientaciones sexuales diversas sufran violencias.

*Allanamiento, preacuerdos y negociaciones: dispone reglas para los allanamientos -cuando el procesado acepta los cargos por su cuenta- y para los preacuerdos -cuando el sujeto negocia con la Fiscalía-. Se fijan penas distintas dependiendo de qué tan temprano se acepte la responsabilidad. La iniciativa permite rebajas menores en preacuerdos para delitos muy graves como el feminicidio o los crímenes contra la infancia, “en lugar de prohibir por completo cualquier beneficio como ocurre hoy”.

*Libertad condicional y beneficios para condenados: se cambian las reglas de la libertad condicional para que dependa del buen comportamiento del preso. Premia con más días de rebaja de pena la conducta ejemplar o el mantenimiento de los lazos familiares. Otorga mayor redención para quienes colaboren con la justicia y ayuden a desmantelar estructuras del crimen.

*Reforma al artículo 410 del Código Penal (contratos sin requisitos legales): modifica el tipo penal para que los funcionarios públicos no terminen presos por errores administrativos. “Solo será considerada la conducta como delito si el funcionario actuó con el propósito de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otro”, señala el Ministerio.

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​*Caducidad de la acción de reparación directa: el plazo para demandar al Estado por perjuicios actualmente es de dos años. La iniciativa amplía el plazo, sin ningún tipo de límites, cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario o crímenes de lesa humanidad.

*Derecho de habitación del cónyuge o compañero supérstite (viudo o viuda): “Cuando muere una persona casada o en unión libre, hoy es posible que su pareja sobreviviente pierda el lugar donde habitaban, porque el inmueble entra a repartirse entre todos los herederos. Este proyecto crea un derecho a seguir viviendo gratis y de por vida en esa vivienda, siempre que haya sido el hogar familiar, no se tenga otra propiedad similar y la relación haya durado al menos 10 años”, advierte el Ministerio.

*Modificación de la Ley 54 de 1990 sobre uniones maritales de hecho: “Actualmente, si una persona convive en unión libre mientras todavía está casada (pero ya separada de hecho de su cónyuge), los jueces no siempre reconocen que esa nueva pareja tenga derecho al patrimonio que se haya construido en la relación. El proyecto aclara que sí puede reconocerse esa sociedad patrimonial, siempre que se demuestre que la separación del matrimonio anterior llevaba al menos 2 años”, señala la iniciativa.

*Reforma al Decreto 1083 de 2015 sobre la declaratoria de insubsistencia: el proyecto exige que cuando se declare insubsistente a un funcionario de la Rama Judicial o de la Fiscalía, que ocupe un cargo de libre nombramiento y remoción, su jefe deba motivar por escrito las razones de su salida, pues hoy pueden ser retirados sin argumento alguno. “La idea es protegerlos de presiones externas indebidas”, añade el Ministerio.

ana.cuesta@cambiocolombia.com