Los millonarios de las lágrimas: la familia que se lucra con los gases lacrimógenos

Los manifestantes de Popayán, Cali, Medellín y Bogotá, que participaron en las marchas que este 28 de abril cumplen su primer aniversario, se aterrorizaron ante el espectáculo que estaban presenciando: una lluvia de proyectiles que salía de un dispositivo automático ubicado en el techo de las tanquetas del Esmad, capaz de disparar hasta 30 cartuchos en serie.

El lanzador, llamado Venom, es la más reciente tecnología a la que ha accedido la Policía para desintegrar manifestaciones. Su poder, que se supone no letal, consiste en combinar instantáneamente el lanzamiento de todo tipo de proyectiles, entre gases lacrimógenos que ahogan y queman por dentro a quien los inhala, aturdidoras que hacen retumbar los oídos y detonadores de luz que enceguecen y desorientan.

Mientras los miembros del Esmad se enfrentaban a la multitud dotados del último adelanto de la sofisticación antimotines, y los marchantes entraban en pánico, un tercero en discordia disfrutaba de los dividendos que el nuevo armamento adquirido por la Policía le habían devengado. Era Víctor Hugo Fajardo Castillo, cabeza de la firma Imdicol S.A.S., responsable de la venta de los lanzadores Venom a la Policía.

En 2018, la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (Diraf) le extendió a Imdicol una invitación directa en la que le solicitaba servir de intermediario entre la Policía y la empresa estadounidense Combyned Sistems en la compra de los lanzadores. Como Imdicol tiene la representación directa de Combyned Sistems en Colombia, no hubo necesidad de crear una licitación en la que otras compañías pudieran participar con otro tipo de lanzadores. Así, Imdicol se quedó fácilmente con el contrato, gracias al cual la Policía podría “garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de todos los colombianos en el territorio nacional”.

Así, el Diraf autorizó la compra de 5 lanzadores Venom a un costo de más de 2.000 millones de pesos; es decir, a 403 millones de pesos la unidad. El negocio resultó altamente provechoso para Víctor Hugo Fajardo. Cambio tuvo acceso a la lista de precios de la empresa Combined Systems para sus proveedores a nivel global, y encontró que el lanzador Venom cuesta 25.000 dólares, que en pesos colombianos son un poco más de 90 millones con el precio del dólar de hoy. Esto significa que Imdicol le vendió a la Policía cada lanzador con un sobreprecio de más de 300 millones de pesos, cuatro veces el valor que tiene el artefacto en Estados Unidos.

Como Combined Systems no solo es el desarrollador del Venom, sino que también fabrica el único tipo de cartuchos para ese tipo de lanzadores, el negocio fue redondo: en adelante, la Policía solo podrá comprar los cartuchos de Venom a Combined Systems, a través de Imdicol.

Semejante inflación de precios tiene un antecedente. En 2012, la empresa de Fajardo intervino en la compra de nueve motos para la Alcaldía de Maicao que resultaron teniendo sobrecostos de más de 65 millones de pesos. El caso fue investigado por la Fiscalía, que encontró que las tres empresas que enviaron sus cotizaciones no solo coincidían en el sobrecosto, sino que tenían la misma dirección y el mismo revisor fiscal, y en las tres era socio Carlos Fidel Fajardo Castillo, hermano y socio de Víctor Hugo Fajardo. El contrato les fue asignado a pesar de que hubo un licitante con cifras mucho más bajas.

El patriarca de los gases

Así, no es casual que Fajardo se haya quedado con el contrato de los Venom. Descrito por quienes lo conocen como una persona carismática, que logra aliarse con quien más le convenga para luego sacar provecho, Víctor Hugo Fajardo es el patriarca de un clan familiar que ha utilizado toda suerte de triquiñuelas para quedarse una y otra vez con los contratos del Estado y las Fuerzas Armadas que están directamente relacionados con la compra de tanquetas y uniformes antimotines, prendas térmicas, todo tipo de armas de baja letalidad, volquetas, chalecos, cuerdas y uniformes deportivos específicos para las Fuerzas Armadas.

El truco para quedarse con los contratos –como lo demuestra el caso de las motos de Maicao– es presentarse a las licitaciones con empresas que parecen distintas pero que en realidad pertenecen a él o a su familia, entre ellas:  Imdicol, Inversiones Ufasa, Inversiones HUFA S.A.S., Comercializadora Vicsa S.A.S., todas ubicadas en Colombia; Aviacol USA CORP, una empresa registrada en Estados Unidos, y ABASS SA, una empresa registrada en Panamá.

Así, Fajardo gana con cara y triunfa con sello.

Un ejemplo de su forma de actuar es el contrato adjudicado por la Policía a Aviacol Usa Corp. El 8 de junio de 2021 la Diraf creó una solicitud para la compra de tres lotes de municiones menos letales, dentro de las que primaron la compra de gases lacrimógenos. Los primeros dos lotes fueron asignados a Imdicol S.A.S. y alcanzaron un total de más de 2 millones de dólares, como lo mostramos en el especial Lágrimas S.A.S. 

El tercer lote, destinado a la compra de bolas de gas lacrimógeno que se arrojan con pistolas similares a las de paintball y revientan una vez golpean una superficie para expulsar gas irritante, fue otorgado a Aviacol USA CORP. Esta compra, que fue de alrededor de 190.000 dólares, implicó que Aviacol vendiera los productos al Estado colombiano bajo la representación de Imdicol S.A.S., su supuesto apoderado en el país.

Sin embargo, las dos empresas pertenecen a la familia Fajardo. Los representantes legales de Aviacol e Imdicol son, respectivamente, Hugo Francisco Fajardo Bustos y Sandra Johanna Fajardo Bustos, hijos de Víctor Hugo Fajardo. Eso significa que, dados los lazos de consanguinidad, las dos empresas no podían participar en una misma licitación. Aún así, lo hicieron. Y aún así, se quedaron con los contratos.

La Unión Temporal J.H. Smartechs, que también se presentó a la licitación, envió una petición a la Diraf y a Colombia Compra Eficiente para pedir que se revisara la adjudicación del contrato, por las irregularidades encontradas con la consanguinidad. La respuesta de la Diraf fue eludir la responsabilidad, mientras Colombia Compra Eficiente aseguró no ser competente para resolver este tipo de conflictos: “Ni para intervenir en el desarrollo de los procedimientos de contratación que estas tramitan, ni para determinar causales de inhabilidad”.

Visores en la mira

Bajo el mismo esquema de autorrepresentación, Aviacol y su representante Imdicol se quedaron en 2017 con un contrato de 2.400 millones de pesos relacionado con la venta de visores nocturnos para la Fuerza Aérea. Sin embargo, resultó que los visores no solo no cumplían con los estándares exigidos, sino que ponían en riesgo la seguridad de las fuerzas especiales. Tras una investigación efectuada por la Fiscalía, se descubrió, además, que militares activos y retirados habían intervenido irregularmente en el otorgamiento de los contratos. En octubre del 2020, la Embajada de Estados Unidos en Colombia le reportó a la Fiscalía la apertura de una indagación contra Aviacol USA Corp por una posible red de corrupción transnacional.

Curiosamente, entre los diez capturados que arrojó la investigación de la Fiscalía, no hubo ningún Fajardo. En cambio, el que terminó involucrado fue Harold Giovanny Bocanegra, un empleado de Aviacol USA CORP que fungía como representante legal en reemplazo de Hugo Francisco Bustos, y era a la vez subgerente de Imdicol. Quienes conocen a la familia aseguran que esa ha sido una práctica usual de los Fajardo: poner a sus empleados a ocupar cargos de confianza, para que posteriormente sean ellos quienes terminen recibiendo las consecuencias de lo que se investigue.

Las actividades de la familia Fajardo por años han llamado la atención de la Embajada de Estados Unidos. Un cable, revelado por WikiLeaks, señala que en el año 2009 el entonces embajador William Brownfield visitó la sede de Imdicol y recibió explicaciones de parte de Víctor Hugo Fajardo quien señaló que su único cliente eran las Fuerzas Militares y de Policía y que no vendía nada a particulares. 

El clan

El nombre de Víctor Hugo Fajardo está relacionado con al menos 30 investigaciones y procesos judiciales. Las denuncias incluyen procesos por falsedad en documentos, obtención de documento público falso y falsa denuncia. También está involucrado en un proceso de extinción de dominio. Él, que antes se aliaba con sus hermanos, hoy en día ha empezado a asignar cargos, dentro de sus empresas, a sus hijos.

Su hija, Sandra Johanna Fajardo Bustos, es quien ha firmado todos los contratos celebrados entre el Diraf e Imdicol S.A.S. para la compra de las municiones menos letales que se usan en las protestas. Quienes la conocen aseguran que heredó el carisma de su papá y parece ser su mano derecha, pues es quien más puestos tiene entre las empresas de su familia. En sus redes sociales, manifiesta abiertamente su apoyo al Esmad y pide que los vándalos les permitan trabajar.

Su hijo, Hugo Francisco Fajardo Bustos es un aficionado corredor de autos que, además, fue el representante legal de Aviacol USA CORP. En 2020, estuvo involucrado en una investigación de la Fiscalía por el contrato de los visores nocturnos, pero fue absuelto.

La madre de ellos dos y exesposa de Víctor Hugo, Blanca Vicenta Bustos Gutiérrez, es la representante legal de Global Trading CORP S.A.S. En una demanda presentada en 2020 se la relaciona a una investigación, junto con su exesposo y los representantes de las distintas compañías de la familia.

Más recientemente, otro de los hijos, Víctor Hugo Fajardo Herreño, empezó a figurar también en las empresas de su familia.

Todos ellos hacen parte de un conglomerado con el que se han hecho millonarios en la industria de las armas antimotines (ver especial), un negocio que mueve alrededor de 45.000 millones de pesos en el país.