13 Febrero 2022

Esa platica se perdió: los millones que el glifosato se llevó 

Avión de la Policía Nacional en labores de aspersión.

Crédito: Archivo Javier Casella, MinDefensa

Para implementar la aspersión aérea, el gobierno Duque ensilló las bestias antes de traerlas: durante tres años y medio gastó 3.000 millones en comprar aeronaves, entrenó pilotos, acondicionó una base en San José del Guaviare y montó un equipo en Tolemaida, sin esperar el visto bueno de la Corte Constitucional, que nunca llegó. Y se sabía que probablemente no llegaría.

Por Javier Patiño

El día de su posesión, el presidente Iván Duque se comprometió a disminuir las cerca de 200.000 hectáreas de coca que recibió de su antecesor, Juan Manuel Santos.

Pasadas las primeras semanas, su despacho ordenó reanudar la aspersión aérea con glifosato, suspendida desde 2015. Para hacerlo, debía solucionar escollos jurídicos y ambientales pues, como está demostrado, el glifosato afecta la salud de los habitantes de las zonas fumigadas. (No obstante, en Colombia está permitida la aspersión para el sector agrícola, está establecido que las aeronaves pueden volar a una altura máxima de  diez metros, y que la concentración del  herbicida no puede exceder los tres litros por hectárea).

Para lograr su objetivo, Duque se reunió con el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, la cúpula militar, su equipo jurídico y representantes  de los  ministerios de Justicia y del Interior. Se trataba de comenzar a preparar los equipos especializados para realizar la aspersión aérea.

Inicialmente decidieron darle cerca de 1.000 millones de pesos a la Policía Antinarcóticos, para que realizara los estudios, verificara cuáles serían los medios más seguros para practicar la aspersión y buscara un químico que destruyera las matas de coca pero no enfermara a los pobladores.

En secreto, instalaron en la sede de la policía de San Luis, Tolima, un equipo de ingenieros agrícolas, agrónomos, químicos e investigadores con el fin de que avanzaran en la misión.

Al  mismo tiempo, se comenzaron a adecuar nueve aeronaves de fumigación, modelo Four Air Tractor 802 (AT-802). También se revisaron 70 helicópteros Huey y Black Hawk, que tenían en las distintas bases del país, los cuales les prestarían seguridad a los aviones.

Según una fuente de la Policía Antinarcóticos, durante tres años y medio, se gastaron cerca de 3.000 millones de pesos que invirtieron en la instalación de equipos especializados, entrenamiento de pilotos y acondicionamiento de la base de San José de Guaviare. Junto a ella, en el aeropuerto de la ciudad, quedó el principal centro de operaciones, y allí se instalaron las nueve aeronaves con dos equipos de 16 pilotos quienes, durante varios meses, hicieron vuelos de prueba.

Avión de fumigación
Avión de la Policía Nacional listo para iniciar sus labores de fumigación. Crédito: Archivo Javier Casella, Mindefensa

En la base de la Policía se acondicionaron varios hangares, donde los ingenieros prestaron asesoría para llegar a la mezcla perfecta que destruyera los cultivos de coca. También se instalaron bodegas con equipos de bioseguridad y albergues para el personal que realizaría esas operaciones, las cuales contarían con el apoyo de drones y helicópteros.

El actual ministro de Defensa, Diego Molano, aclaró que los aviones tienen “radares especializados para triangular el punto de la aspersión (...) Cada aeronave carga una mezcla de 60 por ciento agua y 33 por ciento de herbicida”. Según Molano, en 96 horas, esa mezcla debe destruir los cultivos con una “metodología de alta precisión”.

El plan piloto se iba a realizar en la zona rural de San José del Guaviare, donde hay más de 3.000 hectáreas sembradas de coca, protegidas por las disidencias que han obligado a los campesinos a trabajar en esos cultivos.

Según el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, debido a la presencia del frente primero de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván mordisco, “se priorizó esta región para realizar tareas de erradicación, labores que han sido lentas y riesgosas”. 

Para la investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, Ana María  Rueda, “el fin principal del Gobierno era disminuir con  rapidez la coca, porque era consciente de que con la erradicación manual forzosa, y con la voluntaria del programa de sustitución de cultivos, no iba a lograr reducciones rápidas”,

Pero había que agregar más dinero al presupuesto: un  galón de glifosato cuesta cerca de  300.000 pesos. O sea que, para una extensión de 3.000 hectáreas sembradas en coca, como la que hay en Guaviare, se necesitaban 900 millones de pesos más. 

El Gobierno siguió con su cronograma, pero tres tutelas presentadas por 94 organizaciones campesinas contra  el trámite de su aprobación, llegaron a la Corte Constitucional, y fue por esa revisión, contenida en la Sentencia T-413, que tuvo que suspender el proyecto de la aspersión aérea en el país.

Lucha perdida 

Para  Daniel Mejía, director del Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, “el Gobierno le apostó todo a renovar las aspersiones con glifosato, en contra de toda la evidencia científica que ha demostrado que eso no funciona y que genera altísimos costos”.

En su opinión, en lugar de perder tres años y medio en impulsar la aspersión aérea con glifosato, el Gobierno ha debido sacar un plan que atacara los cristalizaderos y los laboratorios; controlara los ríos para evitar la entrada a las zonas de precursores químicos, y fortaleciera la lucha contra el lavado de activos y los procesos de extinción de dominio, acciones que sí golpean la cadena del narcotráfico.

Cultivos de coca
En los últimos tres años los cultivos han bajado, pero la producción de cocaína ha aumentado. Crédito: Colprensa.

Para el experto, hay que mirar las cifras tanto del Gobierno americano como de las Naciones Unidas, porque a pesar de que en Colombia los cultivos ilícitos han bajado en los últimos tres años, la producción de cocaína ha aumentado. Y “qué hacemos si lo que exportan los narcotraficantes no es hoja de coca sino cocaína procesada”, afirmó Mejía.

En opinión de Ana María Rueda el programa de aspersión siempre tuvo el riesgo de ser demandado, porque las organizaciones que se oponen a ella iban a encontrar un motivo para impedirla.

Para Daniel Rico, director del Centro de Análisis y Tecnología, la estrategia aplicada no tenía futuro, entre otras cosas porque, para realizarla, como se hizo en 2015, se hubieran requerido “150 millones de  dólares”.

En opinión de Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, el programa de aspersión siempre tuvo el riesgo de ser demandado, porque las organizaciones que se oponen a ella iban a encontrar un motivo para impedirla.

En su opinión, el programa siempre tuvo problemas, porque carecía de capacidad, de recursos y de apoyo del Gobierno de Estados Unidos. Rico agrega que la administración Duque “no  tuvo plan B (...) y, en especial, no montó un sistema de inteligencia estratégica para estos territorios”.

¿La sustitución es la solución? 

Para  Daniel  Mejía, en teoría, una posible solución al problema del narcotráfico podría estar en el fortalecimiento de la sustitución de cultivos pero, en la práctica, dada la inexistencia de acceso a mercados y de vías para transportar los bienes lícitos, “va muy lenta y no funciona”.

El  académico agregó que ha habido casos en los que se han  entregado recursos de cooperación internacional a los campesinos, con el fin de que sustituyan la coca por cultivos de cacao y palmitos del Putumayo. “Los embajadores han ido, se han tomado una foto y allá se han quedado los campesinos,  sin poder sacar los productos,” dice Mejía, quien agrega que los fondos externos pagan la primera cosecha, pero la siguiente no la pueden vender. 

Helicóptero de fumigación
El ministerio de Defensa se propone erradicar 100.000 hectáreas este año, pero los expertos piensan que no lo va a lograr. Crédito: Colprensa.

La misma opinión tiene Ana  María  Rueda, quien señala que la sustitución de cultivos es muy difícil en Colombia. “Por eso –dice– los gobiernos siempre quieren asperjar, pues negociar con las comunidades no es fácil”. Añade que el país “tuvo una ventana muy grande e interesante durante el proceso de paz”, porque entonces las Farc salieron de sus territorios y la comunidades abrieron la posibilidad de negociar. “Pero ese tiempo se perdió por  los incumplimientos del Gobierno”.  

Los expertos se preguntan:¿cuántos laboratorios de permanganato de potasio han sido destruidos? ¿Qué restricciones ha tenido el transporte de gasolina? “Todo lo que  hace parte de la cadena criminal del narcotráfico está ahí, y podría destruirse, pero eso no se está haciendo”, concluye Daniel Rico.

Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. El Ministerio de Defensa se propone erradicar 100.000 hectáreas de coca este año. Sin embargo, los expertos piensan que esa meta no se va a lograr, primero porque el Gobierno ya está de salida y segundo porque perdió el tiempo, la plata y no luchó de verdad contra el narcotráfico.