Néstor Humberto Martínez, Corficolombiana y el supuesto CDT falso que hoy vale 18.000 millones de pesos

En febrero de 1989, Corfivalle (hoy Corficolombiana) expidió tres CDT a nombre de Alejandro González Beltrán por un valor de 58'500.000 pesos cada uno, a diez años. Días antes de cumplirse ese plazo, en 1999, González acudió a Corficolombiana a hacerlos efectivos. El monto, en ese momento, ascendía a 175.500 millones de pesos. Sin embargo, la entidad le negó el trámite argumentando que los CDT ya habían sido cobrados y que, por lo tanto, los documentos presentados eran falsos. 

Corfivalle anuló los CDT y demandó a Alejandro González por falsedad en documento privado.

Durante las investigaciones, que demoraron seis años, Corfivalle se transformó en Corficolombiana; y el caso pasó a manos de Néstor Humberto Martínez, abogado de Corficolombiana. En marzo de 2005, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali condenó a Alejandro González Beltrán a 20 meses de prisión por ser responsable de presentar documentos privados falsos e intentar cometer fraude. González apeló el fallo argumentando que la investigación tenía serios errores y que los funcionarios de Corficolombiana habían alterado los libros de contabilidad para respaldar la versión en su contra. 

Un año después, el 24 de agosto de 2006, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali le dio la razón, revocó el fallo del Juzgado Noveno y absolvió a González. Además, ordenó a Corficolombiana devolver los certificados de depósito a término a su propietario, tal como lo había solicitado en 1999.

La mano de Néstor Humberto

La decisión de este tribunal fue impugnada por la defensa de Corficolombiana, que consideró que a la entidad se le había violado el derecho fundamental al debido proceso, por lo que el caso llegó en el 2007 a la Corte Suprema de Justicia.

A través de la sentencia T-929 del 2008, la Corte Suprema anuló la decisión del Tribunal Superior de Cali, luego de una acción de tutela interpuesta por Corficolombiana a través de su apoderado legal de ese entonces, Néstor Humberto Martínez.

En 2017, Noticias Uno reveló el testimonio de Martha Cecilia Jaramillo, una adulta mayor que denunció que su nombre, firma y documento de identidad habían aparecido en un CDT de Corfivalle de 1984, a su nombre, sin que ella tuviera idea de ello. Simplemente, dijo al noticiero, no supo cómo pasó. La señora Jaramillo añadió que los nombres de su hermana y su mamá –ya fallecidas– también aparecían como titulares de dos CDT en la misma entidad.

Según Alejandro González, Néstor Humberto Martínez había presentado como pruebas, ante los tribunales, en 2004, las identidades de las señoras Jaramillo como propietarias legítimas de los CDT, con el objetivo de probar el supuesto fraude que González pretendía hacer. Sin embargo, para González, resultó extraño que nunca las hubiera llamado a testificar. Gracias a estas supuestas pruebas y otras más presentadas, el fallo inicial favoreció a Corficolombiana y ordenó cárcel para González.

Martha Jaramillo le contó a Noticias Uno que se había enterado del asunto en 2011, cuando el propio Alejandro González y su abogado la fueron a buscar a ella, a su hermana y a su madre en Caicedonia, Valle del Cauca, para verificar si ellas habían firmado un CDT alguna vez en la vida. González las puso al tanto de que supuestamente aparecían como titulares de un CDT. Jaramillo aceptó no tener conocimiento alguno de esta situación.

Para 2010, González Beltrán inició un proceso ejecutivo, es decir, aquel que se hace ante un juez y busca realizar el cobro coactivo de una obligación. El caso llegó al despacho de la jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez, quien terminó fallando en abril de 2012 a favor de Corficolombiana, que seguía siendo representada por Néstor Humberto Martínez. Lo curioso es que, como lo denunció Daniel Coronell en la columna de Semana "Cien millones de pesos, no más", del 9 de febrero del 2019, la jueza Hernández confesó haber recibido sobornos equivalentes a 100 millones de pesos del empresario Carlos Mattos, hoy condenado por corrupción, para favorecerlo en sus decisiones en el millonario pleito de Mattos contra Hyundai. El abogado de Mattos en ese momento era también Néstor Humberto Martínez.

González Beltrán decidió apelar el fallo, por lo que el caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que mantuvo en firme la decisión, aclarando que los títulos, al tener un sello de anulados, no tienen efectos jurídicos. Nuevamente el señor González acudió ante la justicia presentando un recurso de casación que fue rechazado.

El caso llegó finalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidió ordenar la cuantiosa indemnización a González no solo por el dinero que dejó de percibir por la anulación de los CDT sino por el proceso que tuvo que afrontar durante más de 20 años.

El alto tribunal determinó que tanto Corficolombiana como la Rama Judicial cometieron graves errores en el caso de González, pues los documentos eran totalmente válidos y no se le debía retener su dinero.

En principio, la magistrada Clara Cecilia Suárez fijó la suma en ¡14 billones de pesos!, que debían ser pagados por Corficolombiana y la Rama Judicial por los daños causados e intereses de mora. La sentencia no especificó cuál es el porcentaje que deberá pagar cada entidad. Un día después, el mismo tribunal corrigió la suma, admitiendo que había un error aritmético: en realidad la suma no daba 14 billones sino 18.000 millones de pesos.

La entidad, que pertenece al Grupo Aval, emitió un comunicado al respecto en el que asegura que el fallo no solo es arbitrario, porque desconoce el principio de cosa juzgada, sino que es desproporcionado; y que, por supuesto, radicará un recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Corficolombiana sigue calificando los CDT de González como falsos. 

El error de cálculo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Según los cálculos del fallo inicial, en los diez años (de 1989 a 1999) el capital inicial y los intereses por los CDT se convirtieron en 2.247 millones de pesos. Luego se presenta una tabla en el que se calcula el interés en calidad de interés bancario no anual sino mensual desde 1999 hasta 2022 y ello suma 14,4  billones de pesos.

Sin embargo, el mismo despacho en una nueva providencia corrigió la cifra inicial, asegurando que había incurrido en “un error puramente aritmético” y que el monto de la indemnización a González Beltrán ya no tendría tantos ceros a la derecha. El cuantioso pago pasó de 14 billones de pesos a 18.393 millones de pesos.

La versión de Néstor Humberto Martínez

En diálogo con CAMBIO, Néstor Humberto Martínez indicó que, respecto a los títulos de CDT de las señoras Jaramillo, "no tenía detalle" de si fueron presentados o no como pruebas dentro del caso entre Corficolombiana y Alejandro González en 2004, por ser un "proceso de hace tantos años".

Además, dijo que Martha Jaramillo sí fue llamada a testificar dentro del proceso ejecutivo que inició Alejandro González en 2010 y que, a pesar de esto, la jueza falló en contra del ciudadano dos años después. Adicionalmente, expresó que esa fue la única vez en que vio a esta señora. También manifestó que: "miente el que diga que yo transferí esos CDT" a las señoras Jaramillo y que los documentos que presentó Noticias Uno corresponden a Corfivalle, una entidad de la cual él nunca fue abogado.

Por otro lado, Néstor Humberto Martínez también dijo que todas las pruebas presentadas en el caso por Corficolombiana fueron contundentes para que en el proceso civil se demostrara que el señor González no tenía titularidad de ningún CDT. Entre ellas, que los recibos presentados por González para comprobar que era el titular de los CDT no correspondían ni en el monto de dinero que dijo consignar, ni en la fecha en la que se emitieron los CDTS.

Así mismo, Martínez recalcó que en el proceso ejecutivo del 2010 hubo irregularidades relacionadas con el juez al que se le trasladó el caso inicialmente. Según investigaciones de la Procuraduría, el proceso pasó irregularmente del Juzgado 26 Civil del Circuito al Juzgado 20 de descongestión, en donde el juez había sido cliente, años atrás, del abogado que representaba a González en ese momento, Guillermo Roa Sarmiento. Versión que el mismo juez ratificó ante el Ministerio Público.

Finalmente, Néstor Humberto Martínez calificó como "insólito" el hecho de que después de cinco fallos judiciales a favor de Corficolombiana, esta entidad terminara siendo condenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.