¿Por qué el Pacto Histórico busca indulto y amnistía para la primera línea?

Este martes, 25 de octubre, se radicó el proyecto de ley que, según el Pacto Histórico, pretende mejorar las condiciones jurídicas de quienes se encuentran privados de la libertad por su participación en las protestas sociales.

El representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz aseguró que el Gobierno le pidió a la coalición oficialista retirar los artículos 16 y 17 del proyecto de la paz total, que pretendían indulto a la primera línea, para no entorpecer el trámite de este proyecto en el Congreso.

"Nosotros estamos acatando la orden del Gobierno. El Gobierno pidió que se retiraran los artículos 16 y 17 del proyecto de paz total que vamos a votar en la Cámara esta tarde, y se consideró que este tema había que tratarlo en un ley aparte con todos los tiempos, con todos los procedimientos que hay en el Congreso", expresó Uribe Muñoz.

El congresista también aseveró que "la Corte Suprema falló una tutela sobre protesta social en la que se dejó claro que las detenciones en Colombia se usaban como mecanismo de represión hacia los jóvenes manifestantes".

Además, Naciones Unidas también publicó un informe donde aseguraba que los jóvenes, sin haber cometido un delito, eran judicializados en la categoría de terrorismo.

Es por esto que los congresistas de la coalición del Pacto Histórico decidieron proponer el proyecto para "garantizar" condiciones dignas a los jóvenes que se encuentran con procesos judiciales "interminables", porque, según ellos, la Fiscalía todavía no logra recopilar las pruebas suficientes para culparlos.

El objetivo del proyecto

El fin que tiene este proyecto, según explicaba José Alberto Tejada, representante a la Cámara, es reivindicar el derecho fundamental de la ciudadanía a la desobediencía civil y a la protesta social, de manera que se subsane la persecución política, ya que estas no pueden ser criminalizadas por el Estado.

Cabe aclarar que este proyecto aplicaría únicamente para quienes han participado en las manifestaciones llevadas a cabo desde noviembre de 2019, hasta diciembre de 2021, y se les hayan imputado cargos que no cuenten con suficientes pruebas para imputarlos.

Según el proyecto, se exigirá estudiar a profundidad cada caso para poder aplicar casa por cárcel u otras formas de retención, mientras la Fiscalía demuestra culpabilidad. 

Por otra parte, Uribe Muñoz explicó para CAMBIO que esta ley ordinaria no aplicará para aquellos acusados por delitos graves como concierto para delinquir agravado o feminicidios. Tampoco para los manifestantes que tengan antecedentes similares o hayan protestado fuera de las fechas mencionadas anteriormente. 

Los acusados podrán acudir a esta ley de indulto y amnistía por una sola vez y en caso de que se les hayan sido acogidos por estas consideraciones y sean nuevamente detenidos por delitos en las protestas, perderán los beneficios otorgados.

Por último, el representante Tejada afirmó que no se buscará impunidad, sino una política alternativa para resolver, a través del diálogo, el proceso jurídico de los acusados. Así mismo, buscarán participación del Gobierno, del Ministerio de Justicia, de fiscales y jueces para realizar un procedimiento bajo lo que dice la ley.