Sobrevivir en la cárcel siendo cuir

“Es tétrico estar acá”, asegura V*, a quien hemos decidido reservar su nombre por protección. Tiene el pelo corto y negro. Aunque hace algún tiempo lo llevaba largo, casi hasta la cintura, lo tuvo que cortar “para que no se me notara tanto que no soy hombre hombre”, asegura. 

Es delgado y de piel morena. Tiene los ojos grandes, negros y brillantes, pero en este momento están rodeados por un moretón que le dejó un encargado de derechos humanos del Inpec, que confundió uno de los recorridos de V* con un intento de fuga, en la cárcel La Picota. No solo es el moretón en el ojo: también tiene un labio reventado, moretones en el cuello, y el pómulo abierto. Pero esta no es la primera vez en que V* ha sido atacado. 

Hace algunos meses, fue golpeado, abusado y torturado por dos patrulleros en una estación de Policía en Bogotá, que le gritaron que lo hacían “para que aprendiera a enderezarse”. Como él, miles de personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+ enfrentan a diario un sistema carcelario que no les da garantías mínimas para que puedan expresar su identidad de género sin ser excluidos y atacados. 

El caso de V* 

V* no se identifica como él, tampoco como ella. Su identidad de género le lleva a estar en un espacio identitario que se ha definido como intersexual, es decir, que su cuerpo y su identidad no corresponden a las características que se comprenden como mujer, o como hombre, en los estándares sociales. 

Por eso, V* se ha comprendido dentro de la comunidad cuir, que recoge todas esas identidades no binarias que no se conforman con lo establecido socialmente. Pero eso le ha costado, sobre todo desde que fue capturado. 

V* llegó a Bogotá desde Venezuela hace ya dos años. Llegó con el objetivo de terminar sus estudios en diseño de modas, pero terminó inmiscuida en un caso de extorsión: “Por problemas económicos, me junté con personas que no eran buenas, hasta que me arrastraron a esto y terminé siendo capturado y sentenciado a seis años con medidas intramurales”, asegura. 

El primer ataque que recibió ocurrió en la Estación de Policía Antonio Nariño del barrio Restrepo, en Bogotá. Primero, la encerraron con 30 hombres más, que empezaron a tratarlo de “maricon” y “violo”. En ese momento, V* decidió cortar su cabello y dejar de maquillarse, porque así podía pasar más desapercibido. Pese a que solicitó en múltiples ocasiones ser trasladado, en ningún momento lo logró. 

Todo empeoró el 4 de enero de este año. Luego de pasar seis meses en esta celda, esperando traslado, dos policías, uno de ellos identificado como el subteniente Daniel Garzón, quien hace parte del cuadrante 1 de la Estación Antonio Nariño, la sacaron de su celda y la encerraron en un baño. 

Primero le dieron seis electrochoques con un taser, luego la golpearon tan fuerte que empezó a vomitar, y finalmente la obligaron a desnudarse y a que pidiera perdón: “por ser marica”, asegura. La golpiza fue tan fuerte que V* terminó en el Hospital San Blas, y tuvo que ser acompañado por Medicina Legal. En los documentos de su ingreso describen trauma craneoencefálico, múltiples traumatismos contundentes y un politrauma superficial. 

A raíz de la denuncia, que fue publicada en ese momento por la Red Comunitaria Trans, el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mayor Eliécer Camacho, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que anuncia una investigación de los hechos e informa el traslado de estación del uniformado involucrado.

Pero con la llegada de V* a La Picota no se detuvieron los ataques: “Esto es un infierno. Acá nos toca alzarnos en revolución cada vez que nos prohíben el ingreso de los pocos elementos que tenemos para expresarnos, como las extensiones, los secadores y otros elementos de belleza. Porque aquí los guardas no saben, no entienden nada sobre nuestra identidad, y por eso nos atacan”. 

Su caso no es aislado

Matilda González, quien dirige procesos de litigio desde la Red Comunitaria Trans para conseguir procesos justos para la comunidad LGTBIQ+, considera que es usual que esta población reciba penas más elevadas, frente a cargos de incidencias menores: “hemos estudiado el historial de casos en el país y nos hemos encontrado con que la comunidad cuir, principalmente las mujeres trans, suelen recibir penas mayores por cargos simples como porte de estupefacientes. Y lo más complejo que hemos encontrado es que es más usual que sus penas sean intramurales y sin posibilidad a rebajas de la pena”. 

Estas preocupaciones también han sido señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha monitoreado los constantes actos de violencia que sufre la comunidad cuir privada de la libertad: “La CIDH ha recibido información preocupante por parte de varios Estados y organismos estatales, así como expertos y organizaciones no gubernamentales, de casos de violencia, tortura y tratos inhumanos y degradantes contra personas LGBT”. 

Según el estudio, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha señalado que al menos el 12,2 por ciento de las personas LGTBIQ+ privadas de la libertad han sido sometidas a violencia sexual por parte de otros reclusos, y que un 5,4 por ciento adicional fueron sometidas a violencia sexual por guardias de seguridad. En otros países, como México, organizaciones sociales denuncian que estas tasas alcanzan el 60 por ciento. 

En Colombia, aunque aún no hay estadísticas, Matilda González considera que una amplia mayoría de reclusos han atravesado distintos ataques violentos dentro del sistema carcelario: “Aquí nos han asegurado que van a implementar enfoques en derechos humanos y población LGTBIQ+, pero la realidad es que la mayoría de guardias del Inpec no saben de estos temas y terminan creando un vacío importante que permite que estos actos violentos continúen poniéndonos en riesgo”.