“Jamás me mancharía las manos de sangre con la vida inocente que está por nacer”: director de la Policía refiriéndose al aborto

Minutos después de terminar la entrevista con CAMBIO el general Henry Sanabria fue informado sobre la emboscada en la que murieron 8 policías en el Huila, su bautizo de fuego en la dirección de la institución que está pasando por el más grande terremoto de su historia. Del 7 de agosto a hoy han salido 25 generales y solo quedan 8 para dirigir una fuerza de casi 170.000 hombres. El general no se niega a responder ninguna pregunta y conserva la cortesía, incluso cuando se toca el espinoso tema de la desautorización que sufrió después de que el presidente Gustavo Petro revocara de hecho los nombramientos de directores de la inteligencia (Dipol) y de la policía judicial (Dijin), que él había anunciado por comunicado.  

Con sutileza deja ver lo que piensa sobre la salida de la Policía del Ministerio de Defensa cuando anota que no es la primera vez que oye hablar de esa iniciativa, pero que “se ha venido diluyendo y aplazando debido a las circunstancias mismas de la seguridad nacional”. Y sobre la anunciada eliminación del Esmad dice que “lo que toca conciliar es esa aspiración de varias personas con las necesidades reales que tenemos en este momento” y señala que desde el 7 de agosto Colombia ha vivido más de 220 protestas, aunque aclara que ninguna es contra el Gobierno Nacional. 

El general Sanabria anota en medio de la entrevista que la eventual salida de la Policía del Ministerio de Defensa podría significar una desventaja para la seguridad nacional por la separación de las Fuerzas Militares. 

El nuevo director de la Policía es un devoto católico quien como hombre de fe se opone al aborto y al matrimonio igualitario. Sin embargo él, que se define como “un siervo de nuestro Señor”, dice que su íntima convicción religiosa no será obstáculo para garantizar los derechos de las mujeres que quieran abortar y de la comunidad LGBTIQ+. 

CAMBIO: General, usted llega a la dirección de la Policía después de la purga más grande de la historia de la institución. 25 generales se han ido. ¿Cómo ha impactado eso el ánimo de las personas que trabajan en la Policía?

General Henry Sanabria: En la trayectoria policial tenemos una pirámide que respetar y eso es claro desde que ingresamos a la escuela de formación de oficiales. Por supuesto, todos quisiéramos permanecer eternamente en la institución que nos ha brindado todas las posibilidades de crecimiento. La vocación de servicio siempre estará impregnada en los corazones de los policías y particularmente de los oficiales que aspiran a llegar al máximo galardón: ser el director de la Policía Nacional. La tristeza es natural. Pero poco a poco esa situación va quedando de lado por la unión familiar, que es la que acoge al que sale del servicio.

CAMBIO: Pasó algo que evidentemente causa desconcierto. El lunes de la semana pasada usted nombró por comunicado directores de la Dipol y de la Dijin a los coroneles Alzate y Thiriat,  pero el viernes los desnombró y, en su lugar, puso a la coronel Olga Patricia Salazar en la Dijin y al coronel Arnulfo Rosenberg Novoa en la Dipol ¿Qué fue lo que pasó?

G.H.S.: Esa fue una situación coyuntural. Un día después de que asumí el cargo, el señor ministro de Defensa recibió de parte mía la información de quiénes podrían ser los comandantes y directores. Nos reunimos, él realizó sus verificaciones, no solamente al interior de la institución, sino por fuera de ella. Posteriormente, ya cuando hubo una definitiva, hicimos unos cambios dispuestos por el Gobierno Nacional y se sacó un comunicado de prensa con esa autorización. Después, necesariamente, tuvo que haber un cambio en las dos direcciones más importantes que tiene la Policía Nacional: Inteligencia e Investigación Criminal. Básicamente porque se quería que la coronel Olga, quien durante varios años estuvo a cargo de la Escuela de Derechos Humanos y de Justicia Penal Militar de las Fuerzas Armadas, fuera la directora de la Dijin. Ella estuvo también cuatro años en la Dijin durante sus épocas de oficial superior. Y lo que se quería era darle un nuevo aire a la Dijin, teniendo en cuenta que hay una dinámica distinta en materia de seguridad ciudadana aplicada a la convivencia. Y a la inteligencia, igualmente, llegó un oficial con altas capacidades para efectos de liderar esa unidad que le ha dado tantas glorias al país. Este oficial tiene una capacidad especial, pues ha participado en operaciones contra el narcotráfico y conoce perfectamente la diferencia entre inteligencia e investigación criminal.

CAMBIO:  Es obvio que son oficiales con muchas virtudes. Pero es inevitable que quede la percepción de que usted quería unos directores de la Dipol y de la Dijin, y después el ministro y el presidente quisieron otros. Entonces queda como cierto sabor a desautorización en la decisión final. ¿Esa lectura tiene alguna relación con la realidad?

G.H.S.: Realmente la aprobación de los oficiales iniciales fue por parte del señor ministro. Yo le presenté una terna a él. Se da la autorización para presentarle a los medios de comunicación el resultado de esas reuniones con los nuevos directores y comandantes. Pero unas ocho horas después de haber salido ese comunicado a la prensa, el señor ministro me pide que lo revisemos nuevamente, dadas las nuevas circunstancias. Es decir, se buscaba tener oficiales con altas capacidades y que conocieran el servicio. Así lo hicimos. Pero después viene la posibilidad de colocar personas que no hayan estado tan recientemente en el servicio para que pudieran imprimir con su huella personal situaciones que están asociadas a temas más de seguridad ciudadana.

CAMBIO: ¿O sea que lo que no querían era gente que tuviera relaciones con la anterior dirección?

G.H.S.: Por ejemplo, el coronel Alzate, que estuvo varios años en inteligencia, se encontraba en otra dirección y había estado años fuera del servicio de Inteligencia. Y el coronel Thiriat, que iba a recibir la Dijin, también estuvo por fuera unos años de la Dijin. Estaba como director antisecuestro y lo que se quiso fue darle un cambio a la dinámica, no tanto en cuanto a relaciones con los señores directores anteriores, sino frente a la concepción de la seguridad ciudadana.

CAMBIO: Pero los cambios han sido cuantiosos y de fondo. Hay quienes hablan de un desmantelamiento de la Policía… 

G.H.S.: Evidentemente la trayectoria, la experiencia, el conocimiento y el criterio de los oficiales altamente capacitados que salieron, generan un impacto importante en la institución. Pero la Policía afortunadamente guarda una relación estrecha con la realidad. Precisamente porque somos piramidales, la sucesión natural en el mando nos permite seguir adelante. Hay oficiales que continúan al frente de las unidades con más de 25 años de servicio, luego, no habrá ningún traumatismo y, de hecho, continuamos realizando todas las actividades misionales de la Policía Nacional con estos oficiales en los grados de brigadier general y coronel.

CAMBIO: ¿Hay alguna prevención por parte del Gobierno Nacional hacia algunas áreas de la institución, por ejemplo, la inteligencia?

G.H.S.: No, realmente no. De hecho, en los consejos de seguridad se presenta la necesidad de fortalecer la inteligencia de las cuatro fuerzas. No hay ninguna prevención pero, por supuesto, esto nace de la confianza existente entre las instituciones y el Gobierno Nacional por el conocimiento que ya se tiene. 

CAMBIO: El ministro y el presidente han dejado claro que la salida de la Policía del Ministerio de Defensa es un hecho. ¿Usted qué le ve de bueno y qué le ve de malo?

G.H.S.: Desde los años 90 se viene hablando de la salida de la Policía del Ministerio de Defensa. Inclusive he escuchado esa misma posibilidad para fortalecer institucionalmente algo que de alguna manera en esos años se veía difícil y era un entendimiento que permitiera ser más fuertes en los temas de seguridad ciudadana. Pero todo eso se ha venido diluyendo y aplazando debido a las circunstancias mismas de la seguridad nacional, en donde la Policía Nacional participa activamente, no solamente con la actividad de inteligencia, sino en el apoyo a la investigación criminal que la Fiscalía General de la Nación requiere para efecto de contrarrestar estos grupos armados. Pero ahora, con la nueva posición que se adopta por parte del señor presidente en cuanto a revisar las conveniencias de la salida de la Policía del ministerio, se están trabajando propuestas en diferentes órdenes, con ventajas, con situaciones que de alguna manera pueden fortalecerse, pero también con desventajas. El hecho de estar separados de las fuerzas militares para efectos de garantizar la seguridad es tal vez la mayor desventaja que se vería en este caso.

CAMBIO: Hay cierta coordinación entre fuerzas que ha permitido grandes éxitos en la política de seguridad. ¿Será que ahora, con la política de paz total del presidente Petro, esa labor de inteligencia dejó de ser tan importante como lo era hace un tiempo?

G.H.S.: De hecho, el 57 por ciento de la actividad de inteligencia que desarrolla la Policía Nacional, de conformidad con lo que establece la Ley 1621 de 2013, está enfocada al tema seguridad ciudadana. Un porcentaje reducido se dedica al tema del narcotráfico y grupos armados organizados al margen de la ley. Luego, esa fortaleza que tenemos del 57 por ciento en seguridad ciudadana crecería un porcentaje más, pero dadas las condiciones mismas de orden público se requeriría mantener esas capacidades de inteligencia, revisando cuáles son los objetivos que se mueven alrededor del tema del narcotráfico y de los grupos armados. Es decir, tendremos que mantener cierta capacidad para cooperar en ese tema de protección del Estado.

CAMBIO: La opinión pública no ha acabado de entender qué va a pasar con el Esmad. El hoy presidente, siendo candidato, fue claro en su promesa de acabarlo. Hoy esa propuesta ya se ha matizado. ¿Hay fundamento en las críticas de quienes dicen que lo que se va a hacer es una reforma cosmética que solo cambia los uniformes y el color de las tanquetas?

G.H.S.: Realmente lo que se busca es garantizar que lo que se dijo antes del 7 de agosto sea concordante con lo que se está haciendo actualmente. Por eso estamos dedicando bastante tiempo, no solamente a nivel de Policía Nacional, sino a nivel del Ministerio de Defensa, para mirar cuál es la mejor posición institucional alrededor de este tema. Particularmente la idea es reunirnos con varias personas de diferentes gremios y estamentos sociales, tanto particulares como del sector público, para efectos de recolectar impresiones, inquietudes y generar una propuesta que concilie los intereses de todas las personas. Hay de parte de la Policía Nacional una base en cuanto a qué podría ser esa nueva unidad de intervención frente a lo que pueden ser las asonadas que se presentan de manera diaria y permanente en todos los departamentos del país. El tema de la invasión a la propiedad privada y, por supuesto, la manifestación pública cuando desborda en actos violentos. Es decir, que es una necesidad de cualquier cuerpo de policía tener un cuerpo que atienda esa situación para evitar llegar a la utilización de armas letales. En eso estamos y creemos que debemos presentar una propuesta lo más pronto posible al señor ministro de Defensa para la aprobación del señor presidente.

CAMBIO: Pero evidentemente hay una contradicción entre lo que dijo el presidente en campaña y lo que está planteando hoy.

G.H.S.: Lo que yo he logrado entender es que el Esmad, como un grupo que participó en la contención de manifestaciones violentas el año anterior tuvo un cuestionamiento por la actuación individual de algunas personas que de alguna forma desencadenó en víctimas mortales y lesiones personales de los que actuaban en esa manifestación. Eso conlleva a un rechazo, por supuesto, no solamente de la comunidad, sino de la propia Policía Nacional. Y lo que se busca es que se elimine como tal ese grupo con los integrantes que estaban en ese momento participando de esas actividades. Lo que toca conciliar es esa aspiración de varias personas con las necesidades reales que tenemos en este momento, porque, por ejemplo, en lo que va corrido del 7 de agosto hemos tenido más de 220 afectaciones sociales de diferente tipo asociadas a bloqueos, a manifestaciones de personas exigiendo garantías locales, ninguna contra el Gobierno Nacional. 

CAMBIO: Con el nuevo gobierno el paradigma parece haber cambiado. Ahora se dice que la prioridad es el respeto a la vida y la protección de la ciudadanía. ¿Cómo se lograr adaptar eso y controlar el orden público en medio de una manifestación que, a veces, toma ribetes violentos? 

G.H.S.: Ese es un punto importante porque, infortunadamente, la Policía Nacional tenía que enfrentar de primera mano a personas que reclamaban algo, tal vez justo. La idea es que la Policía Nacional no tenga por qué resolver este tipo de problemas que están atribuidos a otro tipo de autoridades. Pero la Policía Nacional siempre llegaba a reprimir situaciones que deben ser solucionadas por autoridades locales. En este momento, con la posición del gobierno, se está cumpliendo lo que la Constitución y la ley establece. Es decir, que tiene que haber una solución a efectos de garantizar la normalidad, que haya la convivencia necesaria y no llegar de una vez a reprimir esas necesidades que existen de manera individual y colectiva en ciertas partes del país. 

CAMBIO: ¿General, qué sabe usted del paradero del coronel Benjamín Núñez, presuntamente involucrado en el asesinato de tres jóvenes en Sucre?

G.H.S.: Tenemos en coordinación con las oficinas centrales de Interpol de Latinoamérica una conexión para solicitar la cooperación en la ubicación del señor coronel Benjamín Núñez. Pero paralelamente a eso hemos hablado con la familia para lograr que su presentación sea rápida a efectos de garantizar, no solamente el debido proceso, sino su derecho a la vida y a la integridad personal, ya que ellos han aducido amenazas en su contra y la de su familia. No tenemos conocimiento de su ubicación exacta, pero sí estamos enfocados junto con la Fiscalía General de la Nación en la búsqueda.

CAMBIO: Otra de las apuestas del presidente Petro apunta a desmilitarizar la Policía. Pero hay zonas del país en donde la única presencia del Estado es la Policía y sus miembros necesitan de algunas capacidades militares para poder combatir el crimen organizado. ¿Cómo explicarles a sus hombres ese cambio? ¿Eso no los deja vulnerables?

G.H.S.: En los años ochenta la Policía Nacional tenía destacados 2, 3 o 5 policías en un municipio o en un corregimiento, en una vereda de una estación de policía, armados solamente con un revólver y algunos de ellos con una carabina. Y grupos armados ilegales llegaban a atacarlos para hacerse al control territorial. Eso, de alguna manera, obligó a que la Policía Nacional también tuviera unas capacidades para repeler ese tipo de acciones injustas y de agresión a los policías. Y eso, se compaginó con la lucha que la Policía Nacional debió iniciar contra los grupos narcotraficantes. Esa capacidad bélica que los grupos armados ilegales tenían y tienen en este momento para enfrentar las autoridades del Estado tiene que tener una respuesta de la Policía, porque es la que siempre llega primero a los hechos. No solamente porque hace presencia en todos los territorios del país, sino porque sus grupos especializados tienen esa doble misión, la de proteger y garantizar seguridad, convivencia, pero también la de enfrentar los delitos de gran calado, como son el narcotráfico y el terrorismo.

CAMBIO: El ministro de Defensa ha dado la instrucción a la fuerza pública de priorizar y agotar los caminos de diálogo, incluso cuando están siendo víctimas de agresiones violentas. ¿Qué sintió usted, señor general, como policía, viendo la golpiza de un hombre a un patrullero en Chía?

G.H.S.: Por supuesto, rechazo absoluto. De inmediato me reuní con el comandante de la unidad, con el mismo auxiliar. También con la auxiliar que lo acompañaba ese día, porque ese caso no se puede permitir. Ya el auxiliar me explica que él pensó inicialmente en responder de la misma manera, pero al ver que su compañera tenía la posibilidad de reaccionar y ser golpeada por este sujeto, pues tomó la decisión de no enfrentarse. Ya cuando unos ciudadanos, a los cuales vamos a condecorar si dios permite, lo ayudaron, ya él entonces logró doblegar a esta persona quien fue privada de la libertad y fue llevada a la estación de policía. Se le impusieron los comparendos, pero yo exigí que debe darse una acción penal porque fueron tres tipos penales. Pero por supuesto, es el rechazo absoluto a la afectación, a la integridad de los hombres que están revestidos de autoridad, tanto militares como policías, organismos de control, rama judicial y en general todas las autoridades deben ser respetadas por la comunidad, porque ellos están es para conseguir al beneficio de la sociedad.

CAMBIO: Usted sabe muy bien que darle un papel protagónico a la mujer en la Policía fue una de las razones que motivó el tamaño de la purga que hizo el presidente Petro. Hay versiones que indican que la verdadera intención del mandatario es tener a una mujer como directora general y que la suya es apenas una dirección de transición… 

G.H.S.:  El señor presidente está en la libertad, por supuesto, de realizar los cambios y los ajustes necesarios dentro de la institución policial y dentro de las otras fuerzas militares. Evidentemente, el papel que juega la mujer en la Policía es protagónico. De hecho, siguiendo esa misma línea del señor presidente, hemos colocado en la Dijin a la coronel Olga Patricia Salazar, en la Dirección de Incorporación a la coronel María Elena Gómez, y en varios comandos de departamento estamos colocando mujeres. Y en esa transición que usted menciona, la idea es fortalecer ese papel de la mujer que de alguna manera se acompaña, no solamente de conocimiento e inteligencia, sino también de una capacidad para percibir las cosas que yo creo que los hombres no tenemos.

CAMBIO: General, en las últimas horas se conoció la existencia de una especie de carrusel de contratación con el tema de los vehículos blindados. Afecta a nueve instituciones, entre ellas dos direcciones de la Policía, la Dirección General y el Fondo Rotatorio. Se menciona un número importante de coroneles y a dos generales ya retirados de la institución. ¿La Policía tiene información sobre este caso? ¿Había una investigación interna en camino por este caso de los vehículos blindados?

G.H.S.:  Sí, claro. Son hechos que vienen del año 2014 aproximadamente, donde la Policía Nacional ha aportado, junto con el Fondo Rotatorio, los elementos que tanto la Contraloría General de la República como la misma Fiscalía General de la Nación han solicitado para efectos de coadyuvar en las investigaciones por estos casos. El debido proceso, por supuesto, está garantizado para las personas que están siendo objeto de investigación. Pero sí, claro, se conocía. 

CAMBIO: En el nuevo gobierno hay un doble rasero. El presidente y el ministro han marcado el derrotero de que todo oficial investigado debe salir de la fuerza. Sin embargo, hay altos funcionarios en el Ejecutivo que están investigados por hechos graves, como corrupción y narcotráfico, y algunos incluso están llamados a juicio. ¿Cómo entiende usted esa diferencia de tratamiento? 

G.H.S.: No tengo información de quiénes serían esas personas que están siendo objeto de escrutinio por parte de las entidades asociadas a la investigación disciplinario o a la penal.

CAMBIO: Por ejemplo, León Freddy Muñoz, embajador designado por Petro para Nicaragua, está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia en un proceso de narcotráfico…

G.H.S.: No tengo conocimiento exacto de esa situación. De pronto al decir algo sobre eso yo erraría porque no tengo conocimiento.

CAMBIO: Se entiende su prudencia. Usted es un católico practicante. Empezó su discurso de toma de mando con un salmo y lo terminó con la palabra “amén”. Hay temas sensibles de protección de derechos que se cruzan con las creencias religiosas, como el aborto o las condiciones de igualdad para la comunidad LGTBI. ¿Cómo separar su fe de su deber institucional? 

G.H.S.: El preámbulo de la Constitución Política establece la libertad religiosa a partir del artículo 19, pero en este preámbulo también menciona a Dios. En ese artículo 19 hay un desarrollo importante con la Ley 137 94, donde se habla básicamente de que el Estado colombiano es laico, no tiene ninguna religión oficial, pero que no puede haber indiferencia por parte de los integrantes del Estado. El gobierno no puede ser indiferente a los sentimientos religiosos del país. También se desarrolla a partir del artículo 6.º una obligatoriedad para los que tenemos mando y decisión dentro de las entidades públicas y es el de permitir que las personas ejerzan su libertad religiosa, lo cual se garantiza perfectamente. Yo diría que, más que un temor y una situación que vaya en contra de las personas, es una garantía absoluta. Porque nuestro señor Jesucristo no vino a juzgar. De hecho él lo que dice es que nosotros no debemos juzgar a nadie. Cada quien es libre de desarrollar su libre personalidad, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Luego, por parte mía, hay una total garantía frente a las creencias de los demás. Las comunidades LGTBI tienen garantías por parte de la Policía Nacional. El tema del aborto es una situación bastante compleja y difícil. Por supuesto, yo jamás toleraría que, por ejemplo, dentro de mi actividad profesional yo promueva el aborto. Jamás lo haré, pero cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Nuestro señor, repito, no juzga. Yo, un siervo de nuestro señor, soy incapaz también de juzgar.

CAMBIO: Se entiende que usted no lo promoverá. Pero en algún momento le tocará garantizar que una mujer que quiera abortar pueda hacerlo. ¿Usted garantizaría ese derecho así lo vea como un pecado? 

G.H.S.: No me corresponde a mí porque afortunadamente no me tendrían que consultar eso. De hecho, estuve cuatro años en la Dirección de Sanidad, tres como subdirector y uno como director, y se presentaban esos casos con nuestro hospital central. Yo me apartaba, por supuesto. De hecho, no me consultaban a mí porque no me corresponde a mí, sino al médico tratante. ¿Pero que si me consultaban? Los médicos que se oponían a eso. Muchos médicos decían “yo no puedo generar este aborto porque va en contra de mis convicciones” y llegaba hasta mi instancia. Yo simplemente decía bueno, el médico no quiere practicar el aborto porque está dentro de sus convicciones. No lo pueden juzgar, no lo pueden sancionar porque tiene objeción de conciencia, tienen que buscar otra salida para este caso. Yo también me apartaría porque jamás me mancharía las manos de sangre con la vida inocente de un niño que está por nacer. De hecho, el artículo 91 del Código Civil establece que el Estado está en la obligación de proteger al que está por nacer.