La licitación de blindados podría crear una crisis como la de las basuras en la alcaldía de Petro

Augusto Rodríguez Ballesteros es el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Es uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro y lo ha acompañado tanto en su paso por el Congreso de la República como en la Alcaldía de Bogotá.

Rodríguez asesoró la alcaldía de Gustavo Petro desde 2012 y en 2013 hizo parte de la junta directiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Asumió esa responsabilidad cinco meses después de la llamada emergencia de las basuras, situación que se suscitó cuando Petro intentó que un operador público reemplazara a los privados en la recolección de residuos sólidos en la capital.

En su momento, el cambio de modelo generó una crisis en la ciudad porque el nuevo operador, Aguas de Bogotá, filial del Acueducto, no contaba con los vehículos suficientes para la prestación del servicio a los más de 7 millones de habitantes. El modelo de basuras respondía a la visión de Petro de fortalecer el sector público y en su momento se opuso vehementemente a la alta participación que tenían en el negocio de las basuras dos empresarios, William Vélez y Alberto Ríos.

Una situación con características similares estaría presentándose ahora en la Unidad Nacional de Protección. Desde su llegada al cargo, Augusto Rodríguez ha dicho que la protección en Colombia es un negocio enorme que vale anualmente mas de un billón y medio de pesos, de los cuales el 70 por ciento va para terceros.

En una entrevista que Rodríguez concedió a El Espectador el pasado 10 de noviembre, el director de la UNP manifestó su intención de contratar directamente a los hombres que prestan los servicios de protección y adquirir una flota de vehículos para quitarse de encima los “líos” que tienen con las empresas que actualmente arriendan vehículos a la entidad.

“Anuncié la posibilidad de que, una vez formalizado el personal como parte de la planta, pudiéramos hablar de una profesionalización para generar estudios superiores de los escoltas. Y también hablé de la posibilidad de adquirir una flota de vehículos para evitar todos estos líos que hoy estamos viendo en la contratación con vehículos”.

La iniciativa de la adquisición de una flota de vehículos blindados por parte de la UNP va mas allá de los anuncios. La UNP ya está solicitando cotizaciones para la adquisición de más de 1.000 vehículos blindados, así lo demuestra una de esas solicitudes en poder de la revista CAMBIO. En el documento la entidad indaga por disponibilidad, tiempo de entrega, costo de trámites administrativos y garantía de blindaje de una flota de 1.041 vehículos de blindaje tipo III, IV y V.

Pero la compra de la enorme y costosa flota tiene un problema de por medio, en el mercado no existe esa cantidad de vehículos.

La disponibilidad de automotores nuevos en el mercado es un efecto que viene desde el periodo más crítico de la pandemia en 2020. La situación se ha agravado después de la invasión rusa a Ucrania, que además ha elevado el costo del acero, necesario para blindar los automotores.

Al tratarse de un servicio esencial y al no haber vehículos disponibles, hay operadores que creen que podrían verse abocados a vender sus automotores al gobierno: “Se ha escuchado claramente que si la Unidad no consigue estos vehículos se podría presentar la expropiación de los mismos y el pago del valor que ellos consideren conveniente a los empresarios” aseguró Giovanny Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos de la UNP.

Los duros señalamientos a un contratista

El pasado 4 de noviembre la Unidad Nacional de Protección (UNP), emitió un comunicado en donde señalaba a Alan Perlman, representante legal de la empresa Neorenting de poner en riesgo la vida de personas protegidas por la UNP.

El señalamiento se derivó de la supuesta decisión del contratista de apagar vía satélite un grupo de vehículos blindados asignados a esquemas de protección.

En el comunicado, la UNP dijo que no aceptaría ningún tipo de presión y que la supuesta acción estaba encaminada a inducir “pánico y terror”.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro también se refirió al hecho señalando al contratista.

Perlman negó que los vehículos hubieran sido apagados y atribuyó dichos señalamientos al “desconocimiento” que tiene el nuevo director de la UNP, Augusto Rodríguez, de la entidad “ quiero contarle que la Unidad Nacional de Protección, en su nueva administración, no tiene claras las políticas de las sociedades que les arriendan vehículos. Ellos citan como responsable a  la sociedad Neorenting, que su único objeto es rentar vehículos convencionales. Neorenting no tiene ni arrendados, ni de su propiedad ningún vehículo blindado. Así que esas afirmaciones son totalmente falsas”.

Perlman le dijo a CAMBIO que un día después del impase en el que el director de la UNP y el presidente Petro lo señalaron a él y a su empresa de una situación que asegura que no aconteció, recibió una invitación para arrendarle vehículos a la entidad, por medio de la figura de urgencia manifiesta: “La noche posterior a ese lamentable comunicado sin fundamento, que sacó el director, me invitaron a tres urgencias manifiestas, pero teniendo en cuenta que aún no se cómo va a ser la transición de esos contratos no me quise comprometer, precisamente para no quedar mal".

Del cruce de comunicados y señalamientos ha quedado en evidencia un accidentado proceso de licitación para la renta de vehículos blindados que ha sido calificado como “improvisado” por sus participantes. En dicho proceso de licitación hay tres zonas del país que quedaron descubiertas y si esta situación no se conjura en dos semanas cerca de 500 esquemas de seguridad podrían verse afectados por la falta de vehículos. 

La historia de la accidentada licitación

Al igual que con el caso de las basuras en 2012, cambios de modelo en una accidentada licitación estarían a punto de generar una posible interrupción en algunos de los esquemas de seguridad a cargo de la UNP.

El pasado 30 de septiembre, la UNP publicó dos convocatorias para el arrendamiento de vehículos blindados y convencionales, sin embargo, por cuenta del nuevo modelo propuesto tres zonas del país quedaron sin adjudicar.

Por motivos presupuestales, los contratos para  alquiler de vehículos tienen una duración de 55 días. Así las cosas, cada dos meses la UNP debe sacar adelante un nuevo proceso de licitación.

Al llegar la nueva administración se convocó un proceso licitatorio en el que hubo un cambio importante en el modelo.

Por cerca de cinco años, las licitaciones de vehículos blindados se dividían en seis zonas y las de vehículos convencionales en cuatro.

En la licitación planteada por el nuevo gobierno se duplicaron las zonas, pasando de seis a 12 en vehículos blindados y de cuatro a ocho en convencionales.

También se limitó el número de zonas en que un mismo consorcio podía operar y con las nuevas condiciones la licitación quedó desierta en Amazonas,Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Caquetá, Bolívar y Putumayo.

Al respecto, la UNP ha intentado llenar el faltante de 800 vehículos por medio de urgencias manifiestas, CAMBIO conoció que por esta vía ya fueron contratados 397, pero aún faltarían por conseguir 403 vehículos. La UNP tiene que moverse rápidamente para que al final del mes esté garantizada la prestación de esquemas de seguridad motorizados en todo el país. 

En sus declaraciones a El Espectador, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, dijo que para garantizar la pluralidad en el proceso licitatorio, se había eliminado como requisito la exigencia a los oferentes de aportar las tarjetas de propiedad de los vehículos y las resoluciones de blindaje de los mismos.

Por la escasez de vehículos de este tipo  en el mercado existen dudas de que las nuevas empresas que resultaron elegidas en el proceso de licitación, cuenten con los vehículos suficientes para cubrir los contratos.

La solución sería que los contratistas antiguos alquilaran sus vehículos a los nuevos operadores. Pero esto no parece tener mucha acogida “en nuestro caso particular eso se nos dificulta, teniendo en cuenta que nosotros hacemos a cada cliente una verificación rigurosa. Nosotros no hacemos ningún negocio sin hacer un estudio minucioso de las empresas, de sus socios, de sus accionistas, de su pasado, de sus relaciones comerciales y bancarias. Sin saber esto no podemos entrar a contratar o tener alguna relación comercial”. Aseguró Alan Perlman representante legal de Neosecurity y Neorenting.

El contratista le dijo a CAMBIO que sostuvo una reunión con directivos de la UNP y que al terminarla, el nuevo subdirector, Luis Eduardo Saavedra, le dijo algo que lo dejó impactado, que dentro de los vehículos blindados que actualmente prestan servicio en la UNP hay tres que ya no se van a utilizar más.

Según habría dicho Saavedra, eran tres automotores que habían sido adjudicados a beneficiarios como “favores políticos”. Los vehículos no son cualquiera, se trata de tres camionetas con blindaje especial, las mismas que son entregadas a senadores y expresidentes.

En los próximos días se resolverán las dos incógnitas, si efectivamente la UNP logrará conjurar la crisis por la falta de vehículos de protección y también se sabrá quiénes eran los beneficiarios de las tres costosas y escasas camionetas blindadas que les habían sido asignadas sin merecerlas.