Los tres grandes escándalos de corrupción en los que está metido Emilio Tapia
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El abogado, empresario y contratista no ha parado de meterse en líos judiciales desde 2015.
Emilio José Tapia recibe una nueva imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado debido a presuntos actos de corrupción en proceso de contratación con Emcali.
“El abogado estaría involucrado en la falsificación de documentos para quedarse con dos contratos por valor de 6.212 millones de pesos”, según la Fiscalía.
Para profundizar
Los dos procesos contractuales en cuestión están relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptar) de Puerto Mallarino fase 1.
Uno de los requisitos exigidos a las empresas era “presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 por ciento del valor de cada uno de los contratos”, una condición que al parecer no cumplía el consorcio de Tapia.
Sin embargo, el procesado habría falsificado dos documentos denominados como Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, que fueron presentados como soporte a Emcali.
Actualmente, Tapia se encuentra en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, por el proceso en su contra en el caso de los Centros Poblados.
Los otros casos de corrupción de Emilio Tapia
Centros Poblados
El escándalo de Centros poblados surge a partir del proyecto de la MinTIC que tenía como objetivo llevar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales.
La encargada de ejecutar este contrato era la Unión Temporal de Centros Poblados, que, al parecer, era una fachada creada por Emilio José Tapia Aldana, el empresario Ottomar Lascarro, el corredor de seguros Juan José Laverde, Juan Carlos Cáceres y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal.
Debido a la presencia de irregularidades en el contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal, Tapia Aldana fue imputado por los delitos de apropiación agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
El abogado habría utilizado los nombres de Omega Buildings e Intel de la Costa, propiedades de Ottomar Lascarro, para integrar la Unión Temporal. A cambio del favor, le pagaría 4.000 millones de pesos al dueño de las empresas.
Del contrato, 6.182’651.043 pesos fueron entregados a Tapia, quien, al parecer, repartió 1.118 millones de pesos a terceros que participaron en la fachada.
Los 5.000 millones restantes, presuntamente, fueron usados para compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta, préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del contrato.
Carrusel de contratos en Bogotá
El carrusel se destapa con la parálisis de las obras en la troncal de TransMilenio de la calle 26, que hacía parte del grupo de obras públicas que presentaban retrasos debido a los actos de corrupción en los procesos de contratación de Bogotá entre 2009 y 2010.
En este caso, Tapia Aldana se dedicaba a lavar dinero para los políticos y contratistas involucrados a través de empresas fachada.
En 2015, Tapia recibió dos condenas. Una de tres años de prisión más una multa de 20 salarios mínimos mensuales vigentes, por el delito de concierto para delinquir; y otra de 17 años de prisión y multa de 74 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo con interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, su condena se redujo a siete años de cárcel por colaborar con la justicia.
Según la investigación de la Fiscalía, Tapia participó en los contratos 071 y 072 de malla vial de Bogotá y en siete contratos de valorización de obras que debían adelantarse en la fase 3 de TransMilenio.