1 Octubre 2022

Así funciona el entramado de la contratación en Emcali

Contralor Carlos Hernán Rodríguez y alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Crédito: Foto: Yamith Mariño

CAMBIO revela los megacontratistas de Emcali entre 2019 y 2022 y sus negocios. Las autoridades investigan un presunto concierto para delinquir que tendría un único objetivo: quedarse con 1,7 billones de pesos.

El escándalo empezó cuando Sintraemcali y La W Radio revelaron que las empresas municipales de Cali, Emcali, habían firmado un contrato comprando televisores a 43 millones de pesos. El descubrimiento fue apenas la punta del iceberg. Este viernes el contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que el polémico contrato alcanza sobrecostos hasta de mil por ciento, es decir, con plata pública se están pagando productos y servicios que se conseguirían por la décima parte en el mercado. Lo peor es que el contrato podría no ser una excepción sino una norma que beneficiaría a un grupo de empresas que, a veces, firman con su propio nombre y otras, lo hacen a través de figuras como el consorcio o la unión temporal. Detrás de las mallas societarias siempre están los mismos dueños. CAMBIO las identificó. 

Además del estrafalario lucro económico, algunos de los contratistas también se moverían con propósitos políticos. CAMBIO conoció que, en el año 2021, que fue preelectoral, la contratación en Emcali creció un 93 por ciento. La entidad ha firmado 2.198 contratos por 1,7 billones de pesos, en menos de tres años. Ese aspecto ya está en la mira del organismo de control fiscal.

La mayor parte de esos dineros se destinaron, en primer lugar, al acueducto y alcantarillado y, en segundo lugar, a la prestación de servicios, con más de 289.000 millones de pesos. Ese dato es clave porque la Contraloría deberá ser muy acuciosa para revisar los contratos e identificar si fueron pertinentes y si hubo o no, duplicidad en los objetos contractuales. 

Los retos de la Contraloría son mayores: deberá revisar detenidamente la contratación y establecer si los contratistas eran los idóneos; si los contratos eran pertinentes; si se incurrió en prácticas desleales de competencia y si existió un detrimento patrimonial. La Fiscalía y la Procuraduría deberán determinar quiénes son responsables de las presuntas irregularidades.

Las cuentas no están claras y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene mucho más que explicar. CAMBIO trató de contactarse con el mandatario municipal, pero no contestó los mensajes. El debate sobre lo que está pasando en Cali apenas empieza.

Los nombres de los megacontratistas de Emcali

Algunas de las empresas con mayor número de contratos y contratos de mayor cuantía en Emcali han estado envueltas en prácticas ‘non sanctas’. Una fue sancionada por cartelización, otra haría parte de un supuesto cartel de energías renovables y otras están mencionadas en el caso de corrupción del senador Mario Castaño.

Entre 2019 y  2022, el mayor número de contratos de Emcali se concentró en cinco empresas. La primera es Equipos y Herramientas Industriales con 70 contratos que suman más de 18.000 millones de pesos. Por encabezar la lista, la Contraloría deberá revisar la capacidad técnica y operativa de la sociedad que tiene acuerdos con la entidad para el suministro de elementos de ferretería, herramientas y materiales utilizados en la unidad operativa de acueducto.

La segunda es Quimpac de Colombia S.A que se ha ganado, en menos de tres años, 45 contratos por más de 46.000 millones de pesos y que, en el pasado, fue multada por la Superintendecia de Industria y Comercio, por prácticas de cartelización en el mercado del cloro y la soda cáustica.

En la lista, continúa Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A., con 33 contratos por más de 34.000 millones de pesos.

Luego, aparece la polémica empresa Deltec S.A., que hace parte del Consorcio AMI, adjudicatario del contrato que fue el florero de Llorente de Cali, en el que aparece un televisor de 43 millones de pesos y una silla ergonómica de casi 18 millones de pesos, entre otras. Esa empresa ha sido mencionada en un supuesto cartel de energías renovables y no solo tiene 17 contratos con Emcali por 33.000 millones de pesos, sino que, por medio de seis uniones temporales, se ha ganado otros ocho contratos por más de 49.000 millones de pesos.

Finalmente, aparece Potencia y Tecnologías Incorporadas con 13 contratos por más de 40.000 millones de pesos.

Para profundizar

Por otro lado, están las empresas que tienen los contratos de mayor cuantía. En primer lugar, está Proyectos de Ingeniería S.A. PROING S.A., a la cual, le han adjudicado 7 contratos por casi 122.000 millones de pesos y que ha sido cuestionada en el pasado por presuntas irregularidades en una contratación en la que se alió con Siemens S.A. para ejecutar la expansión eléctrica de Emcali.

Luego, está Coningeniería que tiene un solo contrato por más de 34.000 millones de pesos y otros tres por 65.000 millones de pesos que se ha ganado a través de tres consorcios.

En tercer lugar, aparece el Consorcio SB Melendez que tiene un contrato de 23.000 millones de pesos, pero, además, comparte socios con seis consorcios que también tienen jugosos contratos en Emcali. Lo interesante con el consorcio SB Melendez es que las empresas Deltec y HG Ingeniería y Construcciones SAS, esta última relacionada al escándalo de corrupción de Mario Castaño, son sus socias principales.

Capítulo especial sobre HG Ingeniería y Construcciones SAS

La mayor atención de los investigadores está puesta en Deltec y HG Ingeniería y Construcciones SAS, debido a su repetitiva contratación con Emcali de manera directa o a través de consorcios y uniones temporales.

Es importante recordar que HG Ingeniería y Construcciones SAS tiene siete contratos con Emcali, a través de dos uniones temporales y cinco consorcios. Hay una pareja que se repite en tres de los siete contratos: Deltec y HG Ingeniería y construcciones SAS.

La periodista Valeria Santos reveló que HG Ingeniería y Construcciones SAS. Es de propiedad de Hernán Alberto García y Martha Zorrilla y que, García, es amigo del senador del Valle por Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez.

Según la columna de la citada periodista, Corpovalle, que está a cargo de Adrián Fernando Zamora, nombrado por el grupo político de Dilian Francisca Toro, tiene un contrato por 6.000 millones de pesos con HG.

 

Sin embargo, ese entramado empresarial trasciende la frontera del Valle del Cauca. En medio de la audiencia pública, el contralor Carlos Hernán Rodríguez reveló que cuatro electrificadoras tienen concentradas en dos empresas la contratación de paneles fotovoltaicos. Una de ellas es, justamente, HG Ingeniería y Construcciones a la cual le han adjudicado un total de 18 contratos por más de 89.000 millones de pesos, de los cuales, tres son con Gestión Energética SA ESP Gensa en Manizales, también investigada en el escándalo de corrupción del senador Castaño.

Incluso, según las fuentes, HG Ingeniería y construcciones también ha tenido tres contratos con la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP DISPAC, esta última mencionada en el mismo escándalo de corrupción del senador.

Es decir, además de las siete uniones temporales y consorcios con los que contrata HG Ingeniería y Construcciones con Emcali, esta empresa ha obtenido más de 400.000 millones de pesos en contratos, los cuales ha ganado a través de 11 consorcios con otras entidades en Vichada, Santander, Arauca, Guaviare, Vaupés, entre otros.

Así las cosas, y con este panorama de contratación a empresas que están mencionadas en escándalos de corrupción, la Contraloría deberá revisar si realmente estas eran las idóneas para cumplir con los objetivos de la entidad.

Los “dardos” del contralor general

El viernes pasado en Cali, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, lanzó tres “dardos” sobre lo que se viene en la Contraloría.

El primero, por supuesto, tiene que ver con el contrato con el Consorcio AMI. Ahí, según el contralor, encontró sobrecostos que oscilan entre 350 por ciento y 1.000 por ciento. Incluso, reveló que, por el contrato de AMI que está suspendido, se pagaron pólizas de 1.400 millones de pesos. Por eso, ordenó que el contrato sea cancelado de inmediato.

El segundo, tiene que ver con el proyecto Granja Solar de Mulalo, en Yumbo, Valle del Cauca, alianza público privada, en la que Emcali daría 90.000 de los 223.000 millones de pesos que costaba el contrato que, aunque no se ha firmado, ya se adjudicó. Sobre esto, dijo el contralor, se encontró “una debilidad terrible de documentación”.
 

El tercer “dardo” y, tal vez el más relevante, es el que tiene que ver con las contralorías regionales. 

frase-destacada

“Las contralorías regionales son autónomas, pero no son independientes. Contraloría territorial de la que tenga dudas la voy a seguir interviniendo y voy a seguir aplicando el control prevalente, en todas, porque es una facultad constitucional y legal. Al país hay que ponerle la cara en esto, no por circunstancias políticas, sino por ganar la confianza ciudadana”, dijo.

En ocho días de la administración del contralor Rodríguez y de las pesquisas del caso de Emcali, la entidad abrió tres indagaciones preliminares por una cuantía estimada de 101.707 millones de pesos.

La deuda de la justicia en Cali

CAMBIO conoció las investigaciones que cursan contra el alcalde Jorge Iván Ospina.

Según las fuentes, actualmente, el mandatario local tiene 20 investigaciones abiertas en la Fiscalía, la mayoría de ellas por delitos asociados con la corrupción como cohecho, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, entre otros. Ospina tiene investigaciones que datan de mayo del 2008, es decir, casi 14 años después la justicia sigue sin responderle a la ciudadanía sobre si el mandatario es responsable o no de contratar empresas que no cumplían con los requisitos. Ospina cuenta con la buena suerte de que de esas 20 investigaciones solo dos han llegado a etapa de juicio, el resto, permanecen en etapas preliminares.

Además, tiene seis investigaciones en la Procuraduría. En uno de los procesos, el alcalde responde por las presuntas irregularidades detectadas en un convenio interadministrativo de 2020 en el que "no se logró determinar que el valor del convenio haya sido producto de un análisis objetivo de precios". En otros responde por presuntas irregularidades en procesos de contratación de la Alcaldía; por la "grave afectación" que sufrieron los indígenas que apoyaron el paro nacional en mayo del año pasado; por la falta de controles epidemiológicos y de seguridad en las verbenas del barrio Ulpiano Lloreda, en enero de este año, y finalmente, por presunta participación en política.