¿Persecución o favorecimiento a un partido?: la pugna entre el Mineducación y el rector de la Uniespinal
Mientras el rector de la Universidad del Espinal, Mario Díaz, acusa al ministro de educación Daniel Rojas por una persecución política, la Procuraduría y el Ministerio avanzan en investigaciones por llamativos contratos y por cuestionamientos sobre supuestos favorecimientos suyos a integrantes del movimiento político de su esposa.
Por: Ana María Cuesta
La transformación del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Itfip- en universidad pública fue presentada por el gobierno Petro como un logro en materia de educación superior. Cinco meses después, la nueva Universidad del Espinal enfrenta cuestionamientos del Ministerio de Educación, una investigación disciplinaria contra su rector y hallazgos fiscales sobre su contratación.
El Ministerio, a cargo de Daniel Rojas Medellín, advierte que la universidad en la que hoy se forman poco más de 4.300 estudiantes atraviesa “un estado crítico de funcionamiento”, entre otras razones, por protocolos de contratación susceptibles a la corrupción.
“En mi recorrido por el departamento del Tolima he recibido varias denuncias sobre universidades que presuntamente estarían utilizando las instituciones y sus recursos con fines electorales”, señaló el ministro Rojas en febrero de este año.
Allí se refirió concretamente a la Uniespinal, antes conocida como Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Itfip-. El cuestionamiento lo hizo por la denuncia de Diana Paola Calderón, una líder sindical que advirtió en un evento —según reportó el Observatorio de la Universidad Colombiana— que el rector Díaz estaría injiriendo en favor de la agrupación política “Somos Independientes”, que lidera su esposa Adriana Huertas.
Las denuncias son apenas una parte de los cuestionamientos que hoy rodean a la institución. Los hallazgos administrativos encontrados por el Ministerio terminaron por llevarla a una vigilancia especial ordenada el pasado 10 de junio.
A ese lío se suma otra investigación disciplinaria contra el rector Díaz que la Procuraduría Delegada para la Transparencia y la Moralidad Pública abrió el pasado 19 de mayo. Allí se le señala por presunto clientelismo político, por contratos otorgados a integrantes del movimiento político liderado por su esposa, y otros actos irregulares encaminados a entorpecer el mérito para favorecer a un “círculo político”.
También se suma una reciente auditoría financiera, divulgada por la Contraloría General de la República, en la que dan una "opinión contable negativa" sobre los estados financieros de la entidad, que en 2025 recibió ingresos por $18.744 millones de pesos., En la misma, catalogan de "no razonable" su ejecución presupuestal, haciendo un llamado sobre deficiencias en varios contratos.
El rector de la institución con sede en varios municipios del Tolima, que no accedió a hablar con CAMBIO para este informe, ha asegurado previamente que las actuaciones del Ministerio obedecen a una “persecución política” y a una retaliación relacionada con su negativa a una aparente petición para nombrar a un supuesto suegro del ministro Rojas. Una recomendación que el ministro niega y que Díaz Pava considera un “tráfico de influencias”.
La vigilancia especial
El 10 de junio, y mediante la resolución 015896, el Ministerio de Educación inició una vigilancia especial a la Universidad del Espinal, a la que, pocos meses antes, le había dado su aval para transformarla del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional a la Institución Universitaria de El Espinal – UniEspinal.
La vigilancia emerge luego de una visita de carácter preventiva que efectuaron el 26 y 27 de febrero de este año. ¿Qué encontraron? Que el manual de contratación de Uniespinal conserva márgenes de discrecionalidad administrativa, en cabeza del ordenador del gasto y desplazando la voz del Comité de Contratación, que “podría generar, en la práctica, escenarios de subjetividad y direccionamiento, debilitando los mecanismos de selección objetiva e incrementando los riesgos de corrupción”.
El Ministerio evidenció el llamativo favorecimiento a una empresa, creada en febrero de 2025, a la que se le han otorgado 65 contratos para eventos, publicidad y logística que suman 2.602.200.000.
Se trata de la empresa Búnker Creativo Publicidad y Eventos a la que, sólo por citar un ejemplo, le adjudicaron en abril un contrato por $110.370.070 para la logística de una carrera de atletismo de cinco kilómetros que se celebró en mayo. El contrato parecía tan flexible que dejaba abierta la ejecución de dichos recursos de aquí al 31 de diciembre de 2026.
La autoridad educativa dejó claro que no encontró relación entre dicho contrato con el “cumplimiento de los fines misionales propios de la educación superior”.
“La magnitud de la contratación acumulada identificada con un mismo proveedor durante un periodo relativamente corto constituye un elemento que amerita revisión por parte de los órganos de control”, señaló el Ministerio sobre el hallazgo con la mencionada empresa.
El Ministerio también encontró otros contratos que se firmaron con numeración seguida, pese a que no se suscribieron en las mismas fechas. Y al analizar los últimos cinco contratos de obra, de interventoría y de vigilancia suscritos, evidenciaron que los mismos presentaban debilidades en la etapa de planeación, en la estructuración de estudios previos, en las justificaciones sobre su conveniencia y oportunidad y en la delimitación de su objeto.
Como ejemplo, citaron al menos tres procesos que se firmaron el 30 de diciembre de 2025 y que finalizarían un día después, el 31 de diciembre. Uno de ellos es el contrato 373 de 2025 -del que no especificaron objeto- que finalizaría el 31 de diciembre, pero cuya acta de inicio se formalizó el 16 de enero con una prórroga de 120 días para ejecutarlo.
Dicho contrato se entregó con una cláusula que amarraba la ejecución a la existencia de apropiaciones y registros presupuestales. El Ministerio trasladó ese hallazgo a la Fiscalía “por la eventual configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.
Las presuntas irregularidades también pasan por la compra de 170 anchetas navideñas de las que, dice el Ministerio, no se supo a quiénes se les entregó por la inexistencia de registros.
La investigación por presunto clientelismo
El 19 de mayo, la Procuraduría Delegada para la Transparencia y la Moralidad Pública abrió una investigación al rector Mario Díaz, quien llegó como rector al Itfip en 2017 y quien fue reelegido para un periodo que culminará en 2028.
La investigación se basa en una denuncia que realizó la funcionaria de carrera Karla Alejandra Salazar, por hechos que habrían ocurrido en 2025. El Ministerio Público se abstuvo de investigar al rector por cinco aspectos que denunció ella, relacionados con supuestas declaraciones de insubsistencias irregulares, con nepotismo, acoso laboral; por el supuesto uso de la “institución como plataforma política” o por la asistencia de concejales del movimiento Somos Independientes a eventos de la universidad.
Pero la procuradora delegada Rosa Elvira Gómez decidió continuar con la investigación por otros hechos considerados igualmente graves, como la supuesta existencia de una nómina paralela, la vulneración de derechos de carrera, nombramientos sin cumplimiento de requisitos, presunto clientelismo político y uso indebido de símbolos y lenguaje institucional para presunta participación política indirecta.
De acuerdo con la quejosa, Karla Andrea Salazar, la movida con el manual de funciones se habría encaminado a beneficiar con nombramientos en provisionalidad a “amigos y adeptos” del movimiento Sí Somos Independientes.
Con relación al clientelismo, Salazar advierte que en Itfip se habrían otorgado contratos de prestación de servicio a personas que se postularon en las elecciones al Concejo del Espinal, en 2023, por el movimiento de la esposa del rector. Ellos son Viviana Paola Conde, Lady Valentina Paloma Charry y Daimer Javier Bermúdez.
"Al señor Juan Manuel Ospina Carvajal le asignaron horas cátedra (...) es actualmente el concejal del partido político que lidera la esposa del rector", añadió la denunciante.
La Procuraduría también indaga si el posicionamiento de la campaña “Somos Itfip” resulta o no un guiño al partido de su cónyuge.
La Contraloría y la veeduría
Al unísono de las quejas públicas de Daniel Rojas y de las duras respuestas del rector Díaz, la Veeduría Tolima Despierta también ha denunciado, entre otros asuntos, presuntas irregularidades y sobrecostos en contratos relacionados con el sistema de energía fotovoltaico de la universidad.
Precisamente, la Contraloría General de la República acaba de divulgar una auditoría en la que raja a la Universidad del Espinal por el manejo que le dio a ciertos contratos en 2025. El ente de control revisó 42 contratos suscritos por $13.485.166.772, que representan el 61,51 por ciento de los procesos ejecutados y pagados.
¿Y qué encontró? Que la muestra de los contratos analizados no se cargó al sistema de contratación pública -Secop-, que muchos archivos tienen firmas escaneadas que "no garantizan condiciones adecuadas de seguridad, autenticidad e integridad".
Y evidenciaron "deficiencias en la planeación de los contratos donde se estableció como plazo de ejecución el último día de la respectiva vigencia sin lograr su cumplimiento y normal ejecución".
La situación resulta particularmente llamativa porque la Universidad del Espinal es, al mismo tiempo, uno de los logros que el Ministerio de Educación ha reivindicado durante el gobierno Petro en materia de educación superior. Apenas en febrero de este año, la cartera le otorgó el reconocimiento como institución universitaria tras casi cinco décadas de funcionamiento como instituto técnico profesional.
Cinco meses después, esa misma universidad se encuentra bajo vigilancia especial del Ministerio, mientras la Procuraduría y la Contraloría indagan presuntas irregularidades en su administración y contratación.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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