“Incluso en la guerra hay límites”: defensora del Pueblo critica cómo fueron presentados los cuerpos tras operativos
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la forma en que el Gobierno presentó los resultados de la operación Hazarías, en Guaviare, y advirtió que las imágenes de los cuerpos de las personas fallecidas no deberían convertirse en una forma de exhibir poder.
Por: Nataly Ríos
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó, a través de un comunicado publicado en redes sociales, la manera en que fueron presentados los resultados de la operación Hazarías, en Guaviare. La crítica se produjo luego de que el presidente Abelardo de la Espriella apareciera caminando entre los cuerpos de las personas muertas durante el operativo.
La funcionaria aseguró que el Estado debe combatir a los grupos armados, pero sin desconocer los límites establecidos por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
Marín se refirió a las imágenes difundidas en los últimos días, en las que el mandatario aparece entre cuerpos cubiertos con bolsas blancas tras el operativo militar. Según el reporte oficial, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos de sus mandos. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.
La defensora reconoció que el Estado tiene el deber constitucional de enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población. Sin embargo, señaló que incluso en un conflicto armado existen límites que deben ser respetados y que la forma en que las instituciones comunican sus resultados también hace parte del ejercicio del poder público.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, sostuvo Marín, quien advirtió que las instituciones no deberían competir con los grupos armados en la manera de generar miedo, humillar al adversario o utilizar la muerte como una demostración de poder.
“Incluso en la guerra existen límites”
La defensora recordó que el derecho a la vida es fundamental y que, aunque el ordenamiento jurídico contempla circunstancias excepcionales en las que una persona puede perder la vida —como la legítima defensa o la muerte de combatientes en determinadas situaciones de conflicto armado—, el uso de la fuerza en estos casos debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
En ese sentido, Marín aclaró que su pronunciamiento no busca cuestionar por sí mismo las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Su preocupación está relacionada, principalmente, con la manera en que se presentan públicamente los resultados y con los símbolos que acompañan los mensajes oficiales. “Las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”, afirmó.
Según la funcionaria, los cuerpos de personas fallecidas no deberían convertirse en parte de la escenografía de una declaración pública ni utilizarse para proyectar una imagen de autoridad: "Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad".
A su juicio, la fortaleza institucional no depende únicamente de la capacidad de ejercer la fuerza, sino también de los valores que el Estado transmite a través de sus actuaciones.
"Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico", señaló la defensora.
La advertencia sobre medir la seguridad por las bajas
Durante su intervención, Marín también hizo referencia a un portal denominado Las Bajas del Tigre, del cual dijo que no se ha confirmado que sea una página oficial, pero que publica cifras sobre muertos y otros resultados operacionales desde la llegada del nuevo Gobierno.
La defensora pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que, en el pasado, la medición de resultados militares a partir del número de bajas en combate estuvo relacionada con una lógica que terminó vinculada al fenómeno de los llamados falsos positivos.
Marín aclaró que no está afirmando que los cuerpos presentados tras la operación Hazarías respondan a esa lógica. Su llamado, explicó, consiste en utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad, incluyendo los derechos garantizados y las vidas que se logran proteger, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a los grupos armados.
“Ese lenguaje no puede convertirse en el lenguaje del Estado”
La funcionaria también recordó que Colombia ha atravesado durante décadas distintos ciclos de violencia en los que actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo como mecanismos para enviar mensajes de dominio.
Por ello, sostuvo que el Estado no debería adoptar ese mismo lenguaje al momento de enfrentar a quienes cometen delitos y violaciones de derechos humanos. “La fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate”, señaló Marín, al insistir en que la autoridad debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.
"El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que imponen la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad", afirmó.
La defensora concluyó que proteger la dignidad humana incluso frente a quienes son considerados adversarios es precisamente una forma de demostrar que este principio se aplica de manera permanente y no únicamente cuando resulta conveniente para las instituciones.
Lea los comentarios
