Así quedaron los términos del primer preacuerdo firmado en relación con el escándalo de los Centros Poblados
Búnker de la Fiscalía.
Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Seguros, negoció una pena de 48 meses de prisión por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. A cambio, devolvió el dinero que se había apropiado.
Cambio conoció que mañana la Fiscalía presentará ante un juez de conocimiento el preacuerdo que firmó con Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Seguros, en el cual Laverde acepta su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado –por las supuestas garantías bancarias falsas que presentaron en la Unión Temporal de los Centros Poblados–, a cambio de una pena de 48 meses de prisión. La última palabra sobre el documento la tendrá el juez.
La condición para el preacuerdo es que devolviera el dinero del que se habría apropiado de manera ilícita, un monto aproximado a los 187 millones de pesos. Así las cosas, al ser el único procesado en cumplir con la entrega de los dineros, el ente acusador accedió a otorgarle el beneficio.
Por otro lado, al convertirse en testigo de la Fiscalía, será beneficiario de un principio de oportunidad por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad, es decir que, por los mismos, le suspenden la acción penal a cambio de colaboración eficaz en el proceso. En este paquete de la investigación, se le indaga porque, en su condición de corredor de seguros de la empresa Rave, se encargó de presentarle al polémico contratista Emilio Tapia las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa, de propiedad de Ottomar Lascarro, para que estas hicieran parte de la Unión Temporal y cumplir con los requisitos exigidos en el proceso licitatorio, sin que estas personas tuvieran algún tipo de participación real en desarrollo y ejecución del contrato.
*La estructuración de los otros preacuerdos*
Según las cuentas de la Fiscalía, el empresario Juan Carlos Cáceres, representante de la fundación Novotic, que hacía parte de la Unión Temporal, se habría apropiado de 9.062.301.903 pesos; Tapia se habría apropiado en provecho suyo de 5.063.623.890 pesos y, además, se habría apropiado de 1.118.427.000 pesos en favor de terceros. Es decir que, según las pesquisas, 15.244.952.946 pesos quedaron en bolsillos de particulares cuando esos dineros, que eran parte del anticipo de la contratación que sumaba un total de un billón de pesos, debían ser invertidos en el internet de las zonas rurales. El resto de dineros estarían invertidos en equipos.
Por eso, mientras no devuelvan los dineros de los que se habrían apropiado, la Fiscalía no estructurará preacuerdos con los otros procesados. Mañana, por ejemplo, será la audiencia de acusación contra Tapia, algo así como la antesala de su juicio.
