Paola Herrera
15 Mayo 2022

Paola Herrera

Este cuento no ha terminado

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Este miércoles 18 de mayo por fin se cierra uno de los capítulos más graves del caso Centros Poblados en Colombia, el máximo escándalo de corrupción que ha tenido que afrontar el Gobierno actual. 

Tras nueve meses de espera, el Ministerio de las TIC adjudicará el contrato al nuevo contratista que promete sacar adelante este billonario proceso. Según se ha conocido y tal como lo venía planeando esa cartera, será la Unión Temporal ETB NET, conformada por las empresas ETB y Skynet, las que tendrán ahora la tarea de instalar los centros digitales en escuelas de zonas rurales en el país.

Con esta medida revive un poco la esperanza de llevar internet gratuito a los niños en medio del territorio nacional, pese al fracaso del anterior proceso, en el que se cometieron todos los errores que se pueden dar en la contratación pública y en el que la corrupción, como es costumbre en Colombia, fue protagonista.

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Sin embargo, eso no significa que se acabe definitivamente el problema que creó este caso, que además puso a sonar de nuevo el nombre del célebre Emilio Tapia, a quien no le bastó con haber participado en el robo de Bogotá hace unos años con el famoso carrusel de la contratación, sino que siguió delinquiendo y quiso apropiarse también de los recursos de un programa que era para los estudiantes colombianos.

Y digo que no se termina este lío con la nueva adjudicación, porque aún hay muchos pendientes por resolver y porque aunque la solución de entregar los recursos al contratista que quedó en el segundo lugar después de Centros Poblados durante la licitación original, parezca la mejor, tal vez no lo sea.

Empecemos por hablar de lo que hará ese nuevo operador ETB NET. En primer lugar los documentos de este proceso establecen que el contrato seguirá costando lo mismo, es decir un billón de pesos, que era lo que le iban a pagar en total a Centros Poblados, aunque solo alcanzaron a recibir el famoso anticipo de 70.000 millones de pesos.

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Ese valor sigue siendo muy alto si se tiene en cuenta que lo que se contratará es la prestación de un servicio de internet en escuelas rurales por un periodo de diez años (tampoco cambiará el tiempo de duración del contrato), lo cual ya se ha demostrado que se puede hacer a menores costos y con mayor eficiencia.

Pero además, justamente ETB y Skynet quedaron en segundo lugar en la adjudicación de 2020 porque ofertaron menos puntos digitales a instalar. Mientras que Centros Poblados prometió 7.277 -y por eso ganó-, ETB NET ofreció 6.589 y como esa propuesta se mantendrá en el contrato que esta semana les darán, estaríamos hablando que unas 700 escuelas se quedarían sin conectar.

Y claro, muchos dirán que mejor tener esos puntos a no tener nada. Pero es que lo que debió haber pasado y no pasó, entre otras cosas por la negligencia del Gobierno, es que el primer contratista no hubiera hecho lo que hizo, que se hubieran escuchado las advertencias y que todas las escuelas a las que les prometieron el internet, lo pudieran tener.

Y es que a todas las escuelas que estaban proyectadas inicialmente para ser beneficiadas del programa, llegaron funcionarios del MinTic a decirles que les llevarían el internet. Y entonces, ¿cómo le explicamos ahora a los niños de esas 700 instituciones que ya no tendrán el beneficio de la conectividad?

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Y eso no es todo. Recordemos que para este ambicioso proyecto se dividió el país en dos: región A y región B y cada una con un número determinado de departamentos y escuelas. Centros Poblados se ganó solo la región B y, mientras que todo el país tenía los ojos puestos en lo que estos contratistas estaban haciendo, no supimos en qué andaba el otro operador que se quedó con la región A y que es Claro Colombia.

Cuando el escándalo estalló, Claro llevaba 700 centros digitales instalados y Centros Poblados no llevaba ninguno. Después, por la pandemia y otras razones, Claro empezó a atrasarse y a finales del año pasado pidió también un cambio en las fechas de entrega porque sabían que podían incumplir.

Hoy no sabemos cómo va la ejecución de ese otro contratista, porque el ministerio no ha publicado los informes de gestión, pese a que por ley debe hacerlo, y por ende tampoco sabemos si van a cumplir o no con lo que tienen que entregar para lo que queda de este Gobierno.

Otra cosa que no podemos olvidar son los 70.000 millones de pesos. El hecho de que se entregue otro contrato, que se arranque de nuevo, que se empiece desde cero y que el contratista nuevo sí sea serio, ejecute y cumpla, el país no puede perder así porque sí esa cantidad de recursos.

Sé que el MinTic está adelantando todas las gestiones para que los implicados devuelvan la plata que se les dio, pero entonces ahora es la Fiscalía la que no parece querer recuperar esos dineros. Hace unos días les conté que en la imputación por peculado a las personas que tuvieron que ver con este robo, solo se les estaba pidiendo responder por un poco más de 15.000 millones de pesos.

Sí, para la Fiscalía solo 15.000 millones de pesos fueron los que Emilio Tapia y compañía se gastaron de forma indebida comprando apartamentos, carros e incluso obras de arte para ellos y el resto de la plata tal vez está invertida en equipos que estos contratistas corruptos sí alcanzaron a comprar.

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Aunque hayan comprado equipos, y debe ser la Contraloría la que diga en cuánto están avaluados, el ministerio no los aceptará porque, como ya les decía, aquí se contrató fue la prestación de un servicio de internet. El solo hecho de tener unas baterías y otras cosas guardadas en unas bodegas no significa cumplimiento y eso al MinTic no le sirve de nada.

Como hay incumplimiento deben devolver todo el anticipo porque así lo establece el contrato, por esa razón la Fiscalía no debe prestarse para que estos señores hayan hecho de las suyas y ahora solo respondan por un 20 por ciento de lo que se les entregó.

Hay una perla final que también tiene que ver con la Fiscalía. Esta columna conoció que en medio de todos los procesos que adelanta ese órgano de control en el marco de este caso, ordenó el archivo de una investigación por otra denuncia que allí llegó y que tiene que ver con falsedad en documento privado.

Resulta que la persona que era representante legal de ICM Ingenieros, una de las empresas del consorcio Centros Poblados, renunció cuando Emilio Tapia la compró. Sin embargo, Tapia y sus socios utilizaron el nombre de él, su cédula y hasta falsificaron su firma en el proceso con el MinTic para poderse quedar con el contrato y solo hasta que se lo ganaron, cambiaron los registros de Cámara de Comercio.

Ese maniobra jurídica hizo que al exrepresentante de la compañía lo involucraran en todo el escándalo y en los procesos penales y fiscales que se llevaron a cabo y ahora debe responder por algo que no hizo. Ese fue el motivo por el cual denunció a Emilio Tapia y a los otros involucrados, pero para la Fiscalía resulta que “no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan la caracterización de un delito o su existencia”.

Así es, no es un delito utilizar el nombre de otra persona, firmar por ella, entregarle más y más documentos falsos al ministerio para inducirlo al error y así quedarse con recursos públicos. Me pregunto por qué la Fiscalía, en lugar de caerles con todo el peso de la ley a esas personas que fueron capaces de cometer tantas irregularidades, pareciera que los está ayudando.

No quiero pensar lo peor, pero como podernos darnos cuenta hay muchas razones para pensar que esto seguirá siendo un dolor de cabeza para el país. Solo espero que por el bien de los niños, que son los que realmente importan, a ETB NET le vaya bien con el nuevo contrato, puedan cumplir con los objetivos del mismo y que por lo menos una parte de esta triste y oscura historia, tenga un final feliz.

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