Es tal la fragmentación y diversidad de grupos armados ilegales que actúan en el país, que los diálogos con mandos centralizados, como los que dieron lugar a la paz con las Farc, son hoy impensables en Colombia.
La realidad terminó cambiando radicalmente el modelo de negociación, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno sostiene diálogos con el frente del ELN en el departamento de Nariño –Comuneros del Sur-, al tiempo que tiene una mesa de conversaciones con la vieja dirección nacional de esa guerrilla. El diálogo de Nariño tiene incluso ya un interlocutor oficial específico: el exintegrante del M-19 Carlos Erazo.
Así mismo, el Gobierno mantiene conversaciones con las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central (EMC) que están en lugares del país distintos a Cauca y Arauca, donde actúan los disidentes más resistentes a la paz. No asistieron siquiera al último encuentro entre el Gobierno y el EMC, que tuvo lugar en Caquetá.
En los hechos, ya no se trata de hacer la paz total, sino de hacerla con quien se pueda y donde se pueda. Y esto, por supuesto, necesariamente obliga al presidente Gustavo Petro a moderar las expectativas sobre uno de los proyectos más importantes de su administración.
Como van las cosas hoy, se avanzaría solo con los frentes armados que tienen mayor disposición al diálogo con resultados. De la paz total pasamos entonces a la paz territorial, que se traduce en la búsqueda de acuerdos con grupos ilegales presentes en zonas específicas de la geografía nacional, siempre y cuando estén listos para dejar las armas y abandonar las economías ilícitas.
En esos territorios, los miembros de estos grupos podrían dar el paso a trabajar en labores de desminado o a convertirse en activistas sociales y políticos, según ha dicho el comisionado de Paz, Otty Patiño. Por supuesto, una vez que se desarmen.
La apuesta es que se transformen en soportes del Gobierno en su propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas zonas, con la provisión de servicios básicos como salud, educación y vías para el transporte.
Está claro que lo que se impone para el Gobierno es el pragmatismo de los pactos territoriales, que serían el primer paso para fortalecer la presencia social del Estado y obtener el control de los territorios.
En suma, bajo las actuales circunstancias, se trataría de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esas regiones del país y, de esa manera, quitar los incentivos que llevan a muchos colombianos de las áreas rurales a involucrarse con grupos armados ilegales o a apoyarlos.
Concentrarse en la negociación por territorios y con las facciones de los grupos ilegales que quieran negociar, ubica en una dimensión realista la política de paz total.
Era urgente que el Gobierno entendiera que parte de las decepciones en sus esfuerzos por esa paz total se originaban en el error de dialogar como si de verdad existiera una unidad de mando en todos los grupos armados, tal como lo habían querido vender el ELN o el EMC.
Ni Antonio García controla ya a todo el ELN ni Iván Mordisco controla a todo el EMC.
La realidad es que no hay un solo ELN ni un solo Estado Mayor Central ni un solo Clan del Golfo ni una sola Segunda Marquetalia. No todos los integrantes de esos grupos ilegales están dispuestos a lo mismo cuando se trata de dialogar con el Gobierno.
Por eso tiene mucho sentido la controvertida decisión que tomó el presidente Petro de mantener el cese del fuego bilateral en lugares del país donde están los frentes de los distintos grupos armados que sí le apuestan a la paz.
La decisión fue polémica porque los mandos militares le habían pedido al Gobierno que levantara el cese del fuego con el EMC en todo el territorio nacional, para combatirlo sin restricciones. Por lo pronto, solo se mantiene suspendido en el Cauca, Nariño y Valle, donde los frentes de ese grupo armado violaron de manera reiterada el cese del fuego, incluso con ataques a civiles.
El modelo de negociación territorial, impuesto por la fragmentación de los distintos grupos ilegales, también implica concentrar a las Fuerzas Armadas en el combate frontal a las facciones que se queden por fuera de los diálogos para llegar acuerdos de paz.
Y así parece entenderlo el Gobierno, que sin duda ya pasó de la paz total a la que se pueda en las actuales circunstancias.
