A pesar de que se vienen observando problemas muy delicados en el ámbito económico, es cada vez más claro que el gran problema que enfrentará Colombia en los meses venideros será de carácter político.
Veamos por qué.
El delicado asunto de la convocatoria a una asamblea constituyente que ahora el presidente Petro llama “el poder constituyente” luce cada vez más confuso y enredado. Da la impresión de que ni el mismo presidente Petro sabe exactamente qué significa lo que está proponiendo.
Está claro, eso sí, que la transformación constitucional que Gustavo Petro tiene en mente no puede pasar ni por razones políticas ni de tiempo por los canales constitucionales que la Carta del 91 establece para convocar una asamblea constituyente. Entonces, a no ser que se trate en la mente del jefe de Estado de un gigantesco globo de distracción que se infla y se desinfla al calor de las reuniones populares que está convocando por todas partes, es claro que la constituyente de Petro no podrá tramitarse por las vías institucionales previstas.
Parecería como si dentro del gobierno se estuviera planeando un golpe de estado contra el propio Estado con la utilización de un decreto de excepción – como se hizo para convocar la Constituyente de 1991 – puesto que no habría otro camino viable (aunque inconstitucional a todas luces) para llamar a una asamblea constituyente en Colombia.
El asunto lo está manejando el presidente como una especie de estribillo que suelta cuando ve alguna manifestación que le es adepta, pero que no ha tenido ni el deseo ni la capacidad de explicarles a los colombianos de qué trata su llamado al poder constituyente.
Contaron las redes sociales que en una reunión muy concurrida de generales, almirantes y oficiales de todas las armas que se convocó la semana pasada en el cantón de Usaquén, y ante una pregunta que le formulara al presidente el Dr. Juan Manuel Galán le respondió: “este es un tema que yo no trato con las elites privilegiadas de Colombia. Yo solo converso sobre este tema con el pueblo”. Y hasta allí llegó la respuesta presidencial. La ambigüedad no pudo ser mayor; pero es una ambigüedad que nos seguirá acompañando en los meses venideros como un enorme acertijo político.
Pero los problemas políticos que se avizoran en Colombia no se circunscriben solamente al tema de la ignota asamblea constituyente. Se refieren también a las circunstancias políticas que rodean el trámite de las leyes que a codazos y en medio de la mermelada intentan abrirse camino en el Congreso Nacional.
Para esto es bueno hacer un recuento:
• En 2022 –y sin que tengamos por el momento en cuenta el resultado que puedan tener las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral sobre la financiación de la campaña Petro –es claro que Gustavo Petro ganó la presidencia en ese entonces. La gran pregunta en este momento es: ¿está aún vigente políticamente hablando el mandato que recibió el presidente en 2022? Pues, no lo olvidemos, en la democracia los mandatos políticos como sucede con ciertos alimentos tienen fecha de vencimiento. Vencimiento que han comenzado a correrle al mandato recibido por el presidente en 2022.
• En octubre del año pasado las propuestas de los candidatos allegados a Gustavo Petro fueron rechazadas rotundamente en las grandes capitales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, entre otras. Este fue el primer tramo de desgaste en la fecha de vencimiento del mandato recibido en 2022.
• El presidente se encargó, además, de dinamitar él mismo la coalición política que se conformó al comienzo de su mandato y que le permitió aprobar leyes como la reforma tributaria y el plan de desarrollo. De aquella coalición no quedan sino ruinas al momento actual.
• Todas las encuestas de opinión, prácticamente sin excepción, coinciden en que entre el 60 y el 65 por ciento de la ciudadanía colombiana reprueba el gobierno al que solo acompañan con su aprobación entre el 30 y 35 por ciento de la ciudadanía.
• Como se vio en los agitados debates de la reforma a la salud, al Gobierno Petro solo lo acompañan incondicionalmente un 25 por ciento de las bancadas parlamentarias, al paso que el 75 por ciento restante o están en la oposición, o en la independencia, o se encuentran en proceso de deslizamiento hacia estas modalidades de organización parlamentaria de los partidos.
• Si todo lo anterior es cierto no deja de ser extraño que el gobierno de Gustavo Petro a estas alturas de su mandato reclame airado todos los días que las propuestas del 25 por ciento no sean aprobadas a pie juntillas por el 75 por ciento restante de las bancadas parlamentarias. Y tanto más cuando el llamado “Gran acuerdo nacional” no ha pasado de ser un globo (lo mismo que está sucediendo con lo de la asamblea constituyente) que se infla y se desinfla según el auditorio, pero que nunca llegó a tener una formulación concreta.
Así las cosas es claro que el principal problema que afronta Colombia en este momento y que seguirá llevando a cuestas en los meses venideros, es el de una profunda incertidumbre política. De un lado, se ha echado a andar la amenaza de una asamblea constituyente o de un poder constitucional que nadie sabe en qué consiste ni mucho menos cómo se va a tramitar. Acaso ni el propio presidente lo tenga claro.
Y de otro lado, nos enfrentamos a un panorama político bien diferente al que prevalecía cuando el Gobierno Petro asumió el poder en agosto de 2022, al que le han venido corriendo las fechas de su vencimiento. De allí que no puede pretender que con un 25 por ciento de fuerzas parlamentarias se plieguen dócilmente el 75 por ciento de las fuerzas restantes.
