Paola Herrera
8 Mayo 2022 06:05 pm

Paola Herrera

El mico de los $5 billones

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Estaba cantado. Aunque en un país medianamente decente la ley se respeta, acá en Colombia parece que la Constitución es solo de papel.

En septiembre del año pasado, ante todos los medios y con voz firme, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, salió en defensa de una acción 100 por ciento inconstitucional y permitió que se colgara en el Presupuesto General de la Nación (PGN), un orangután con el que se modificó la Ley de Garantías.

El argumento de Restrepo fue la reactivación económica en un año en el que ya la pandemia parecía haber quedado atrás. La “Colombia profunda”, de la que tanto les gusta hablar, necesitaba un empujón y, claro, tenían que dárselo justamente a través de la “contratitis” y en medio de una de las campañas electorales más polarizadas de las últimas décadas.

No importó que al ministro de Hacienda se le dijera una y otra vez que su “jugadita” se le caería en la Corte, porque claramente no podía modificar una ley estatutaria como es la de Garantías, a través de una ley ordinaria como lo es la del Presupuesto.

Eso no fue impedimento para inventarse todas las excusas posibles y seguir adelante con semejante adefesio. En una entrevista con la W Radio, Restrepo repitió en varias oportunidades que las normas del Presupuesto General de la Nación deben facilitar y permitir la eficiencia en la aplicación del mismo y que si hay recursos disponibles y no se ejecutan, no se estaría contribuyendo a esa eficiencia.

Una de sus frases fue: “Lo que se busca es que el recurso se invierta, que se hagan las acciones y se generen los proyectos correspondientes y que esto vaya en beneficio de los ciudadanos del país”. Además, fue contundente al aclarar que esa medida “no la hicieron a hurtadillas”.

Claro, ministro, no lo hicieron en secreto y eso es lo más grave. Lo hicieron ante los ojos de todo un país y de los medios de comunicación, desde donde se advirtió lo que iba a pasar y se aclamó para que se respetara la Constitución, aunque nada sirvió. Ahora me pregunto, entonces, ¿realmente el interés era el beneficio de los ciudadanos en general o más bien el de los ciudadanos que necesitaban votos?

Sus palabras y su forma de actuar dejan un mal sabor, ministro; sorprende que se haya prestado para eso. Un hombre que todos recibieron con buenos ojos cuando llegó a ese cargo después del desastroso paso de Alberto Carrasquilla. Usted nos salvó de una reforma tributaria que generó el estallido social, pero ahora el país sufrirá las consecuencias de su decisión, que nos deja en un escenario peor.

Bien lo dijo la Corte: “La reactivación y la generación del empleo son imperativos para el país, pero su materialización no puede pretenderse a través del quebrantamiento de caros principios para un Estado constitucional y social de derecho”. Gran argumento que quedará en la memoria de lo que fue y de lo que hizo este Gobierno en complicidad con el desprestigiado Congreso.

Es difícil entender lo que hizo el jefe de la cartera de Hacienda, que hasta el momento tampoco ha asumido ninguna responsabilidad por eso. José Manuel Restrepo es un funcionario muy preparado, es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, institución de la que fue además rector. Ha sido docente, consultor, ha pasado por empresas, entidades públicas, sabe lo que hace y es una voz creíble.

Por eso es claro que sabía que no existía una conexidad temática general entre el artículo que modificaron de la Ley de Garantías y el PGN. No cabía la tal unidad de materia, por lo que hubo una clara violación a ese principio, como lo determinó la Corte Constitucional.

Pero eso no es todo. Hoy le pregunto, señor ministro Restrepo, ¿por qué esa modificación a la Ley de Garantías tuvo efectos desde el 13 de noviembre de 2021, si la vigencia fiscal del presupuesto empezaba en enero de este año?, ¿se contrarió el requisito de anualidad del presupuesto y usted lo permitió?

Tampoco es cierto, como lo dijo en su momento, que se trataba de un instrumento para la correcta ejecución del presupuesto. Una disposición que regula reglas de contratación no tiene claramente un contenido presupuestal, sino que hace parte de la configuración regulatoria del Congreso.

Todos esos errores nos costarán muy caro. Es un chicharrón que, desde ya, tiene que arreglar el Gobierno, porque lo que se viene es un problema de marca mayor.

La decisión de la Corte señala que los convenios interadministrativos suscritos al amparo del mico y que no se habían ejecutado completamente hasta el pasado 5 de mayo de 2022, deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar.

Como la cuenta se debe hacer desde el 17 de noviembre de 2021, porque es la fecha que estipula la vigencia del artículo 38 de la Ley de Garantías (cuatro meses antes de elecciones al Congreso), más los tres días que dio Colombia Compra Eficiente para terminar de subir convenios, debido a las fallas en el SECOP, estaríamos hablando de 3.877 procesos en 649 entidades que involucran recursos por la bobadita de ¡5 billones de pesos!

Imagínense terminar y liquidar esos miles de contratos. Qué desgaste para las entidades que, aunque están a punto de concluir su periodo, tendrán que dedicarse a resolver este lío. Como si no fuera necesario y urgente que adelanten gestión en el tiempo que les queda, seguramente ya no podrán hacerlo porque deben concentrarse en atender la orden de la Corte Constitucional.

Qué lástima cerrar así el Gobierno, qué pesar que el paso de Restrepo por el Ministerio de Hacienda haya dejado esa huella. Pero bueno, aunque falten tres meses, esto ya se acabó. Menos mal.

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