El suicidio político de Pedro Castillo

Por José E. Gonzales
Analista peruano

“El golpe del ’92 se preparó durante más de un año y medio; el del ’22 en menos de una hora y media. El del ’92 movilizó a todas las Fuerzas Armadas y a la Policía; el del ’22 solo movilizó palabras leídas desde una hoja temblorosa. El del ’92 duró ocho años; el del ’22 poco más de 88 minutos. El del ’92 fue un riesgo calculado; el del ’22, un suicidio inmediato”.

IDL Reporteros, Crónica extraña del efímero autogolpe – 8/12/22

Con un traje amarillo claro de doble abotonadura, y una leve sonrisa nerviosa, la primera mujer en convertirse en presidente del Perú en sus doscientos años de historia republicana, se posesionó en el auditorio del Congreso nacional. En su primer y breve discurso, Dina Ercilia Boluarte Zegarra dijo que nació en Challhuanca, una ciudad en los Andes, en la región Apurímac, en el sur peruano. “Soy del país profundo: nací y crecí en un pueblito del Perú, soy la última hija de una numerosa familia, una familia que vivió en la precariedad y creció con el aprecio de mis padres”, señaló. Y prometió conformar un gabinete de “todas las sangres”, y que su primera medida será luchar contra la corrupción solicitando el apoyo de la Fiscalía y la Contraloría General de la República.

“Hago un pedido concreto a la representación nacional, solicitando una tregua política para instalar un gobierno de unidad… y me comprometo ante el país porque los ‘nadies’ y los excluidos tengan la oportunidad que históricamente se les ha negado”, aseguró.

Boluarte, de 60 años, es la última hija de 14 hermanos. Se graduó como abogada en la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, y obtuvo una maestría en Derecho Notarial y Registral de la misma universidad. Se postuló sin éxito a la alcaldía del distrito de Surquillo, en Lima, en 2018, en representación del partido de izquierda Perú Libertario y participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias del 2020 por el movimiento Perú Libre, sin obtener un escaño en el Congreso.

Sin embargo, el 23 de enero de 2022, durante una entrevista con La República, la hoy presidente afirmó que nunca había abrazado la ideología de Perú Libre, el partido que la llevó a la vicepresidencia con Pedro Castillo, provocando que el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, la expulsara luego de acusarla de traición. No obstante, y a pesar de carecer de apoyo de una bancada en el parlamento, Dina Boluarte se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde agosto de 2021, con el inicio del Gobierno de Castillo, y fue, junto con Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, la única ministra que mantuvo su cargo a lo largo de los cinco primeros gabinetes que hubo al inicio del gobierno de Perú Libre.

Fue electa vicepresidenta en las elecciones de 2021, y ocupó el cargo desde el 28 de julio de ese año hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando llegó al Congreso con su gesto excitado pero triunfal con el que tomó posesión como presidenta. Era algo perfectamente natural luego de un evento inusitado acaecido en ese mismo día y en el mismo recinto parlamentario: el país esperaba que, en ese miércoles por la tarde, el Congreso peruano intentara, una vez más –la tercera para ser específicos– en 16 meses, decretar la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por aquella condición constitucional peruana, malhadada y heredada del siglo XIX, de ‘incapacidad moral permanente’, la cual, considerando, muy victorianamente, a la ‘capacidad moral’ como equivalente a ‘salud mental’, se ha convertido, en la ruda política peruana, en lo que la coyuntura de turno defina como ‘(in)moral’.

Así, el ambiente estaba agitado. En Lima abundaban los rumores: días antes había corrido una ‘bola’ de ‘golpe de Estado’ y se discutía en todos los círculos políticos y seculares si los votos en el Congreso llegarían a los 87 (67% del total) requeridos para la vacancia.

Y así, en un mediodía con anuncios de estío en el gris invernal limeño, devino la sorpresa.

Golpe a golpe

Pero la crónica de la destitución anunciada de Pedro Castillo comenzó en los meses posteriores al 28 de julio de 2022, el día de la independencia peruana y del primer aniversario de la accidentada juramentación del presidente. Durante su breve mandato, había existido una constante contienda política y de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, al que se habían sumado el Ministerio Publico y el Poder Judicial en un zafarrancho de investigaciones, acusaciones y procesos. Semejante discusión había ocupado al Tribunal Constitucional y preocupado a las calificadoras de riesgo internacionales, y a ella contribuía, con todo el ruido posible, la prensa nacional, avocada en su gran mayoría a reversar a Castillo.

Desde la asunción de una nueva mesa directiva en el Congreso, la agenda legislativa incluía remover la presidencia con prisa y sin pausa vía acusaciones creativas y apresuradas, en tanto que la de la Presidencia acudía a intentar forzar ‘solicitudes de confianza’ mediante la presentación de proyectos de ley que el Congreso no aprobaría. Y es que la Constitución peruana señala que, si el Congreso no le da la ‘confianza’ a dos gabinetes consecutivos, el presidente tiene la potestad de disolverlo y convocar a elecciones legislativas.

Dichas maniobras de (des)confianza implicaban forzar el mecanismo constitucional, vía la renuncia del gabinete por el rechazo legislativo a considerar dichos proyectos (uno versaba sobre la propia ley que regula la ‘confianza’ y el otro hacía relación a la regulación para convocar un referéndum constitucional). A su turno, el Congreso buscaba forzar la vacancia acusando al mandatario de traición a la Patria por declaraciones dadas en una entrevista a CNN sobre el acceso de Bolivia al océano Pacifico (recurso anulado por el Tribunal Constitucional) y/o suspenderlo en virtud de una acusación del Ministerio Publico que, en base a investigaciones penales por corrupción, sindicaba a Castillo como “líder de una organización criminal”.

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...nuevas acusaciones de corrupción en el entorno familiar del presidente Castillo lo involucraban directamente como receptor de fondos vinculados a extorsiones.

La confrontación se daba en el marco de una visita oficial de una delegación de la OEA invitada por el presidente y aprobada por el Consejo Permanente de la misma, que en su reporte preliminar señalaba que “la institucionalidad democrática peruana esta(ba) en riesgo debido al ambiente político altamente polarizado”. Señalaba además “cuestionamientos al rol de la prensa y a los medios de comunicación, que están concentrados en pocas manos, (evidenciando un) uso excesivo de herramientas de control político” y recomendaba “encauzar el diálogo” entre las partes.

En ese contexto fue que se produjo la votación del miércoles 7, luego de que se presentara la tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo el 1 de diciembre.

Cuatro días antes, el ministro de Defensa renunció al cargo por “motivos estrictamente personales”. Y dos días antes, una subcomisión del Congreso liberó a la vicepresidenta Dina Boluarte de una denuncia constitucional que había buscado destituirla por haber permanecido como presidenta del club departamental Apurímac (una asociación privada regional de donde es originaria), luego de que renunciara a la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, en lo que sería el penúltimo gabinete de Castillo.

En el transcurso de esas maniobras, nuevas acusaciones de corrupción en el entorno familiar del presidente Castillo lo involucraban directamente como receptor de fondos vinculados a extorsiones.

Así, en ese 7 de diciembre, Castillo parecía haber concluido que, por la sucesión de eventos y una aparente ‘traición’ de Boluarte, al renunciar a ser ministro y posiblemente sumar votos de congresistas cercanos y fieles a ella para la acusación de esa tarde, podría ser declarado en vacancia. Por eso decidió ejecutar su autogolpe para evitarlo.

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El Tribunal Constitucional, por su parte, condenó el accionar de Castillo y solicitó al Congreso y a las Fuerzas Armadas respetar el orden democrático.

En directo y por televisión, el mandatario anunció la instalación de un gobierno de emergencia, tras “disolver temporalmente el Congreso de la República y convocar, en el más breve plazo, a elecciones para un nuevo órgano con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. Decretó, además, un toque de queda nacional y proclamó la reorganización del poder judicial, el Ministerio Publico, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Para blindar el golpe, señaló que comunicaría esa decisión a la OEA y que “respetaría escrupulosamente el modelo económico”. Pero no obtuvo eco alguno, dado que no había coordinado y/o planeado las medidas con ninguna institución relevante. Por el contrario, provocó la renuncia inmediata de cinco ministros (serían 12 en total los renunciantes) y de diversas autoridades y embajadores, así como la condena de organizaciones civiles y empresariales. Al final, un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú confirmaba su respeto al orden constitucional y no acataba las infracciones a la Constitución. El Tribunal Constitucional, por su parte, condenó el accionar de Castillo y solicitó al Congreso y a las Fuerzas Armadas respetar el orden democrático.

Pocos minutos antes de las dos de la tarde, el Parlamento destituyó a Castillo con 101 votos a favor, 6 en contra, 10 abstenciones y 13 ausentes.

Solo, y dejado a su suerte, el presidente abandonó el palacio de gobierno con su esposa e hija y su expremier, Aníbal Torres, luego de haber solicitado asilo en la Embajada de México, adonde se dirigía cuando su propia guardia personal, por indicaciones de su comando, desvió su ruta para entregar al ya entonces expresidente a las autoridades policiales y fiscales en la Prefectura de Lima, donde fue acusado de rebeldía, retenido por 48 horas que se transformaron en siete días y transferido, esposado, al Fundo Barbadillo, donde cumple condena el expresidente Alberto Fujimori. Castillo enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión.

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...fue torpe al lidiar con las aguas turbulentas de la política peruana e inútil en sus modos al dejar claros indicios de corrupción en su entorno.

Epílogo de una crisis

Luego de los eventos de ese miércoles, los gobiernos de México, Argentina y Chile expresaron, en forma separada, su preocupación por la situación en Perú e hicieron un llamado al diálogo para superar la crisis. Al mismo tiempo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó “aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo”, en la medida en que “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.

Andrés Manuel López Obrador, por su parte, consideró “lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.

A la distancia y desde una óptica solidaria de gobiernos progresistas, las perspectivas de Petro y AMLO no son necesariamente erróneas, pero no terminan de considerar las peculiaridades de las leyes peruanas y optan por obviar los evidentes errores de Castillo.

Desde su elección y en sus 16 meses de gobierno, él demostró ser, en el manejo de la cosa pública y la política, precario, torpe e inútil al gestar su caída en un golpe equivalente al suicidio político.

El expresidente, y ahora convicto, contaba con activos personales como un buen temperamento y carácter, los cuales le posibilitaron transcurrir de la marginación rural a la presidencia del Perú. Pero fue torpe al lidiar con las aguas turbulentas de la política peruana e inútil en sus modos al dejar claros índicios de corrupción en su entorno. Estos, sumados a la ausencia de objetivos claros, planes, estrategias, ejecución, liderazgo, comunicación y capacidad de formar consensos, le costaron la presidencia.

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A pesar de su fracaso, la elección de Castillo bien puede representar esa ‘ruptura del techo de cristal’, la cual puede incorporar en lugar de marginar a las mayorías en el tumultuoso transcurso del progreso.

Ahora bien, Jorge Basadre, ilustre historiador de la república del Perú, decía que en el país “no se podía pelear con la oligarquía”, cosa que, en el caso de Castillo, fue al revés: fue ella la que se peleó con él, personalmente e incluso desde antes de asumir la presidencia, al no estar dispuesta a darle un solo respiro. Todo lo opuesto a lo que hizo en abril de 1992, cuando los mismos poderes fácticos respaldaron la misma medida en manos de Alberto Fujimori.

Tal circunstancia hace extensiva la precariedad a una clase política y empresarial que no es capaz de entender la vida ciudadana más allá del crecimiento económico y la inversión extranjera, para generar una situación en la que, en el Perú de Castillo, el Ejecutivo no ejecutaba, el Legislativo no legislaba y en la que el aparato judicial se instrumentaba para todo tipo de agendas subsidiariamente políticas que operaban más allá de las faltas de unos y de otros.

Esa circunstancia no se resuelve y menos se soluciona con la salida de Castillo, quien cambió ministros más de 70 veces en sus 16 meses de gobierno, como reflejo de la existencia de 7 presidentes en 7 años, 4 presidentes destituidos en 20 años, 7 presidentes acusados penalmente con uno de ellos en prisión por 25 años, otro pedido en extradición de Estados Unidos al Perú, y otro suicidado. Además de vivir en contradicción flagrante entre la capacidad de producir crecimiento económico y progreso financiero, sin capacidad alguna de forjar acuerdos políticos y sumar voluntades que permitan acceder al desarrollo.

A pesar de su fracaso (es un decir, en la medida en que nadie puede asegurar que lo sea en el largo plazo), la elección de Castillo bien puede representar esa ‘ruptura del techo de cristal’, la cual puede incorporar en lugar de marginar (allí está Dina Boluarte) a las mayorías en el tumultuoso transcurso del progreso. “Quienes únicamente se solazan con el pasado –decía el historiador Jorge Basadre en 1931–, ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Problema es, en efecto y por desgracia el Perú: pero también, felizmente, posibilidad”.