Congreso de la República de Colombia
Crédito: Colprensa-Alvaro Tavera
Organizaciones de la sociedad civil rechazan mantener el plazo de 30 días a respuestas de derechos de petición
Cerca de una docena de organizaciones de la sociedad civil exigieron al Congreso y al Gobierno regresar a la normalidad los tiempos de respuesta de las peticiones de información. Dicen que las objeciones del gobierno Duque a la ley que restablecía esos tiempos de respuesta vulneran gravemente el derecho fundamental de acceso a la información, al igual que los principios de transparencia y rendición de cuentas que el Estado se ha comprometido a respetar ante la Ocde y la Alianza por el Gobierno Abierto.
Numerosas e influyentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) le pidieron hace pocas horas al Senado que rechace las objeciones presidenciales al proyecto de ley que busca restablecer los tiempos de respuesta a los derechos de petición.
Las objeciones de Presidencia pretenden continuar con un plazo de respuesta de 30 días tras la recepción del derecho de petición, implementado con el artículo 5 del decreto 491 de 2020 a causa de la emergencia sanitaria del covid-19.
“Esta decisión limita el derecho fundamental al acceso a la información pública, y pone en entredicho la voluntad política del Gobierno nacional hacia la consolidación de un modelo de Estado Abierto”, afirman en el comunicado.
Hay que tener presente que solo 20 países, incluido Colombia, decidieron extender los plazos de respuesta a derechos de petición durante la pandemia. Medida que va en contra de las recomendaciones internacionales, que señalan que limitar los flujos de información representa una vulneración grave de los derechos humanos.
“Ni bajo estado de sitio se había vulnerado tan horrendamente el derecho de acceso a la información. El gobierno de Colombia ha impedido que tiempos de respuesta regresen a la normalidad tras superados los primeros traumas de la pandemia”, opinó Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y columnista de Cambio.
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Las objeciones de Presidencia pretenden continuar con un plazo de respuesta de 30 días tras la recepción del derecho de petición, implementado con el artículo 5 del decreto 491 de 2020 a causa de la emergencia sanitaria del covid-19.
Las OSC radicaron la solicitud ante la Secretaría del Senado de la República e invitaron a que otras organizaciones y particulares se sumen a ella.
La petición al Senado incluye a todas las organizaciones que integran el Comité para Colombia de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), que son Datasketch, Instituto Anticorrupción, Corlide y Fundación Corona. Esta es una iniciativa multilateral que incluye a más de 70 países, gobiernos locales y miles de participantes de la sociedad civil en todo el mundo. Buscan facilitar el acceso a la información pública, fortalecer la participación ciudadana y la conexión ciudadana con las instituciones.
A la petición se sumaron otras organizaciones y medios, como la FLIP, Cuestión Pública, Artemisas, el Extituto de Política Abierta, Caribe Afirmativo, Biblioteca y Ruralidad, Fundación Karisma, Barranquilla+20 y El Avispero, cuya diversidad y temas de interés (como el periodismo, medioambiente, justicia social, paridad de género, derechos digitales o juventud) muestran que la protección del acceso a la información es vital desde diferentes enfoques.
“El Gobierno colombiano, a través del documento Conpes 4070 de 2021, se comprometió a fortalecer el modelo de Estado Abierto y está expresando ante entes internacionales, como la Ocde o la Alianza para el Gobierno Abierto, su importancia para el país. La propia institucionalidad habla del relacionamiento entre gobierno y sociedad para fortalecimiento de la democracia participativa y generar confianza a través del diálogo. Sin embargo, esto es imposible y son palabras vacías si a una de las partes se le restringe su posibilidad de informarse en tiempo y forma”, señalan desde Datasketch a este medio.
El acceso a la información ha permitido que se realicen veedurías como Sabemos Lo Que Hiciste, proyecto de Cuestión Pública, que es una de las primeras investigaciones masivas al patrimonio y redes de poder de 75 senadores. También, se encuentran las revelaciones que el Instituto Anticorrupción realizó en agosto de 2021 sobre el precio de las vacunas contra el covid-19 o el análisis de millones de contratos públicos y financiamiento de campañas y partidos políticos que realizaron Monitor Ciudadano y Datasketch en 2019.
En palabras de las organizaciones firmantes: “Mantener los plazos del decreto 491 de 2020 desincentiva a toda la sociedad colombiana a realizar peticiones al Estado, el quehacer de ejercicios de monitoreo y el control a los recursos públicos. Obstaculiza los ejercicios periodísticos de investigación, y disminuye la capacidad y oportunidad de las organizaciones y ejercicios ciudadanos de aportar desde su participación de forma efectiva al desarrollo del país”.
Puede ver el comunicado completo en este enlace y apoyar la iniciativa de la sociedad civil usando el hashtag #AccesoALaInformaciónYa.
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El acceso a la información ha permitido que se realicen veedurías como Sabemos Lo Que Hiciste, proyecto de Cuestión Pública, que es una de las primeras investigaciones masivas al patrimonio y redes de poder de 75 senadores. También, se encuentran las revelaciones que el Instituto Anticorrupción realizó en agosto de 2021 sobre el precio de las vacunas contra el covid-19 o el análisis de millones de contratos públicos y financiamiento de campañas y partidos políticos que realizaron Monitor Ciudadano y Datasketch en 2019.
