El contralor Zuluaga cerró investigación por compra de avión de lujo en la Policía: ¿Por qué ignoró las pruebas?

En mayo de 2022 el país conoció que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional firmó un convenio con la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) para comprar, por 200.000 millones de pesos, seis aviones que renovarían la flota de la institución. En su momento, la noticia causó indignación, porque la compra estaba haciéndose en secreto y contradecía al propio presidente Iván Duque, quien había ordenado austeridad.

La compra incluía una costosa aeronave marca Embraer Legacy 600 por un valor de 12 millones de dólares, equivalentes a 58.000 millones de pesos colombianos, que no cumplía con las especificaciones que demandaba la Policía. 

El interior del avión era lujoso. Aunque su propósito era transportar a por lo menos 50 personas, tenía una capacidad de sólo 13 pasajeros. Para ese entonces, expertos señalaron que la adquisición era un gasto innecesario, ya que no se requería de una aeronave ejecutiva para transportar a altos dignatarios o funcionarios del país, quienes suelen hacerlo en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. 

Los medios dieron todos los detalles de esa extraña compra, que incluyó la firma de un convenio y la contratación directa por parte de la CIAC a las afortunadas empresas que vendieron el avión. Esto provocó que la Contraloría General de la República abriera una investigación por un presunto detrimento patrimonial. 

Un año después, en diciembre de 2023, la delegatura del sector defensa y seguridad de esa entidad de control entregó el informe de auditoría que se le hizo a la CIAC. En el primer hallazgo que se plasmó en más de 30 páginas, conocidas por CAMBIO, los investigadores confirmaron que se cometió un grave error y se pusieron en riesgo los recursos públicos al haber comprado el avión. 

En algunos apartes de ese informe se establece, por ejemplo, que “no se observa la coherencia entre la adquisición de este tipo específico de aeronave y los modelos de planeación que tenía la fuerza pública". Eso significa que la aviación policial debía crecer, según los planes de esa institución, en aeronaves como helicópteros Black Hawk y Bell 407, aviones Cessna Caravan EX, avión ATR 42-600, avión King 350 Ambulancia o en un avión King 350 de Inteligencia. Nunca se contempló adquirir aviones ejecutivos tipo jet marca Embraer Legacy 600.

También se advirtió de la necesidad de esa compra, rigurosamente investigada por la delegatura de defensa de la Contraloría. Sobre ese factor se cuestionó que un avión ejecutivo tipo jet solo tuviera capacidad para 13 pasajeros, impidiendo la atención en las condiciones planteadas en el convenio que la Policía firmó con la CIAC. 

Después de la investigación, la Contraloría llegó a la conclusión de que “la compra del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600, con capacidad para trece (13) pasajeros, sí representó un detrimento del patrimonio público porque se priorizó la compra de una aeronave con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, lo que redundaría en una mejor prestación del servicio de patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana”.

Finalmente, la auditoria concluyó que, por la indebida estructuración y ejecución del proyecto, la falta de coherencia en la necesidad establecida y la compra final de la aeronave, se presentó una pérdida de unos 12.160 millones de dólares, que corresponden a 58.103 millones de pesos colombianos. 

La decisión no le gustó ni al director de la Policía ni al contralor

A pesar de todas las pruebas expuestas en el informe de auditoría, y aunque tanto la Policía como la CIAC tuvieron derecho a replicar las conclusiones confirmadas por los investigadores originales, al parecer al contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga no le gustó la decisión y ordenó hacer un nuevo estudio del caso, esta vez en otra dependencia de la entidad. 

Es por eso que solicitó a su funcionario José Ignacio Arango Bernal, delegado para la Gestión Pública, que revisara el informe e hiciera uno nuevo, teniendo en cuenta las observaciones de la Policía Nacional, considerando la comunicación que tuvieron con el propio general Henry Sanabria director de esa institución. 

CAMBIO conoció que el 29 de enero de este 2024 ese nuevo documento fue emitido, con las conclusiones del funcionario de la Contraloría que no investigó el caso a profundidad. En ellas desvirtúa cuanto dijeron un año atrás desde la otra delegatura, que sí encontró irregularidades en la compra. 
 
El reciente informe establece que no se puede hablar de un daño al patrimonio del Estado porque el bien, que en este caso es el avión, fue recibido por la Policía y está prestando el servicio que la institución necesitaba y contrató. 

Además, dice que no se ofrece evidencia con relación a sobrecostos en la adquisición de la aeronave y que los investigadores no soportan sus afirmaciones en criterios técnicos y legales, por tanto “las conclusiones de la auditoría no cumplen con las características de pertinencia, fiabilidad y objetividad”. 

Por si fuera poco, el delegado dice en su revisión que el hallazgo número uno se considera desvirtuado. Por eso ordena retirar el contenido del mismo del Informe Final de Auditoria que ya está publicado.

Se podrán comprar más aviones

“Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas se vuelve a vender, le solicito al presidente Duque suspender esas compras”. Ese fue el mensaje que publicó a través de su cuenta de X, en agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro a pocos días de posesionarse en su cargo, cuando se generó toda la polémica por la adquisición del Embraer.

Por esa advertencia, sumada a la investigación que abrió la Contraloría, tanto la Policía Nacional como la CIAC suspendieron la compra de otros dos aviones tipo ejecutivo que también planeaban adquirir. Estas aeronaves costaban menos que el  Legacy 600, pero también alertaban por posibles sobrecostos debido a que no eran nuevas. 

Sin embargo, muchos consideran que se abre la puerta para que la Policía retome las adquisiciones de hace dos años. Esto porque el contralor Zuluaga le dará punto final al posible detrimento que provocó la compra del primer avión. 

En ese sentido, los procesos contractuales se deberán abrir de nuevo para que, en el marco del convenio interadministrativo con la CIAC, se escoja al proveedor que quizás estaba esperando con calma este negocio. ¿Permitirá el presidente Petro esas compras? 

Lo cierto es que de nada sirvieron los hallazgos y una larga investigación que incluso le costó la vida al auditor Juan Álvaro Guerrero, porque fue más contundente aquella llamada que el director de la Policía le hizo al contralor, justificando su actuación.