Juez embarga cuentas de nómina y alimentación del Ejército a tropas desplegadas en Chocó

Una decisión judicial tiene en vilo las operaciones militares en el departamento del Chocó, tras la decisión tomada por el juez tercero administrativo de Oralidad de Quibdó que ordenó embargar dos cuentas: una en el Banco de Bogotá y otras en el BBVA en las cuales la nación consigna mensualmente los recursos destinados al pago de nómina y a los suministros alimentarios de las unidades desplegadas en la zona, cuyo monto asciende a 50.000 millones de pesos.

La controversia se originó en un caso por desplazamiento forzado en el que, según la sentencia, el Ejército habría tenido alguna responsabilidad años atrás. La orden de publicar el fallo en un medio de comunicación o en un medio institucional no habría sido cumplida, por lo que la medida judicial fue modificada –según la providencia– por una sanción pecuniaria.

El pasado jueves 25 de septiembre se efectuó el pago a la mayoría del personal militar; sin embargo, las cuentas embargadas impidieron las transferencias correspondientes para los aproximadamente 4.000 hombres y mujeres que prestan servicio en el Chocó, por lo que no han recibido sus haberes ni se han podido realizar los desembolsos para alimentación y abastecimiento en las áreas de operaciones.

El Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Comando del Ejército han adelantado gestiones ante la autoridad competente para lograr el levantamiento del embargo, pero hasta el momento no lo han conseguido.

Frente a la medida, las autoridades presentaron una acción de tutela contra la decisión judicial, con el objetivo de dejar sin efectos el embargo y permitir el inmediato desembolso de los recursos necesarios para pagar la nómina y garantizar la alimentación y abastecimiento de las tropas.

Las autoridades y voceros militares han advertido que la medida podría vulnerar el derecho de los militares a recibir sus salarios de forma oportuna y en la cuantía correspondiente, y que, en caso de prolongarse, pondría en riesgo la moral combativa y la capacidad operativa de las unidades que realizan labores contra el narcotráfico, la minería ilegal, el terrorismo, el desplazamiento forzado, la extorsión, el homicidio y el reclutamiento forzado de menores.

Un equipo de abogados del Estado analiza medidas y estrategias para mitigar lo antes posible los efectos del embargo ordenado por el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Quibdó. El caso seguirá su trámite judicial y la tutela presentada definirá si se puede restablecer de inmediato el flujo de recursos hacia las cuentas afectadas.