Secuestro al alza en Colombia: un flagelo que se niega a desaparecer

La afición por montar en moto por caminos veredales cerca de Miranda, Cauca, llevó a Samuel Londoño Escobar, un joven de 17 años, a salir en la tarde del martes 2 de septiembre junto con dos amigos. Durante dos horas recorrieron terrenos difíciles hasta llegar a la altura de una estación de servicio en la vía hacia Florida, en el Valle del Cauca.

En ese punto fueron interceptados por cuatro hombres armados que se movilizaban en una camioneta. Obligaron a Londoño Escobar a subirse al vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

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El video captado por el establecimiento donde ocurrió el secuestro se convirtió en la principal prueba que tienen las autoridades para identificar a los responsables del secuestro. 

Se trata de un nuevo episodio de violencia en una de las regiones del país con mayor presencia de grupos armados ilegales, donde el temor entre los habitantes crece a diario y las operaciones militares se intensifican.

“En el Valle, Cauca y Nariño la situación es cada vez más grave. No solo estamos hablando de ataques con drones explosivos, sino también del aumento del secuestro, como el caso del joven Samuel, y del reclutamiento de menores. Muchos niños, por miedo, abandonan sus estudios y, en el peor de los casos, terminan vinculándose a economías ilícitas”, relata un habitante de la zona, quien solicitó el anonimato.

La comunidad de Miranda pide respeto por la vida y libertad de Samuel, así como por la de todos los niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de la violencia en un conflicto armado que nunca debieron vivir.

“Este acto atenta contra la paz y la tranquilidad de las familias, y vulnera profundamente los valores de convivencia. Elevamos nuestras oraciones por la protección, la vida y la integridad de Samuel, y pedimos a sus captores que lo liberen de manera inmediata”, expresa un comunicado de la Alcaldía de Miranda, Cauca.

¿Una enfermedad sin remedio?

Para el analista Carlos Sanabria, los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca son las regiones más convulsionadas en materia de orden público.

“En estas zonas los pobladores conviven a diario con el miedo a los secuestros, homicidios y extorsiones, producto de la acción de disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”, señala.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), el secuestro —tanto político como extorsivo— ha sido uno de los peores errores cometidos por los grupos armados en la historia del conflicto colombiano.

“Tomar la vida de una persona como rehén y luego justificarlo bajo un supuesto principio noble es una hipocresía que no tiene presentación”, advierte la organización.

PARES señala que, si bien no estamos en la misma situación que en los años noventa, el secuestro actual está ligado a organizaciones criminales urbanas, como ocurrió en Bogotá entre 2019 y 2020, cuando se registraron 20 casos. También persiste en zonas rurales, siendo Argelia (Cauca) el municipio con más secuestros reportados en el país en lo que va de 2025.

Entre enero y julio de 2025 se registraron 249 casos de secuestro en Colombia, lo que representa un incremento del 55 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando hubo 160 casos. Para los analistas, esto demuestra que el secuestro ha evolucionado con nuevos protagonistas armados que han logrado superar en capacidad de acción a las autoridades.

Las investigaciones indican que el 44 por ciento de los secuestros cometidos en 2025 han sido perpetrados por disidencias de las Farc, que han reactivado esta práctica para fortalecer sus economías ilegales.

“Si antes era una estrategia de financiación, hoy se ha normalizado como herramienta de control en contextos urbanos y periféricos. Aunque ya no sea tan mediático, su persistencia exige un nuevo enfoque de prevención, monitoreo y protección territorial”, destaca el informe de PARES.

Sanabria concluye que los principales perjudicados son los civiles: “No podemos volver al pasado ni repetir las peores épocas del conflicto armado”.

Las zonas más afectadas por el secuestro en 2025 han sido Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Arauca, donde grupos armados se disputan con violencia las rentas ilegales.

Fines políticos o extorsivos

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los secuestros en Colombia tienen diversas motivaciones, según los actores que los ejecutan.

“Los grupos armados recurren al secuestro con fines políticos, económicos o para ejercer control territorial. En cambio, las estructuras criminales lo hacen principalmente con fines extorsivos”, señala la FIP.

Una práctica creciente es la tercerización del secuestro, mediante la contratación de bandas delincuenciales para ejecutar los plagios. Así ocurrió en el caso de Lyan Hortua, un menor de 11 años secuestrado en Jamundí, quien permaneció varias semanas en cautiverio.

El informe de la FIP identifica múltiples modalidades de secuestro presentes en el país: extorsivo, político, entre grupos, exprés, por venganza y aquellos relacionados con la trata de personas. Esto demuestra la complejidad del fenómeno y la diversidad de contextos en los que ocurre.

“Desde la desmovilización de las Farc, los secuestros con fines políticos han disminuido considerablemente. Mientras antes las víctimas podían estar retenidas durante años —como el caso de Íngrid Betancourt, secuestrada durante seis años—, hoy la mayoría de los secuestros se extienden por días o semanas, hasta que se paga el monto exigido”, detalla el informe.

Según el investigador Andrés Preciado, las disputas locales entre estructuras ilegales han vuelto al secuestro un recurso estratégico de alto valor. “No es coincidencia que esta práctica se mantenga en departamentos con enfrentamientos armados activos”, dice.

Por su parte, el profesor Juan Carlos Arteta señala que una de las causas del repunte en los secuestros ha sido la implementación deficiente de la llamada Paz Total, que ha permitido el fortalecimiento de los grupos ilegales y la reducción de la presencia estatal.

“Los ceses al fuego han propiciado un crecimiento de estas estructuras y la disminución de operaciones militares en zonas estratégicas del país”, afirma Arteta.

Aunque Colombia está lejos de las cifras de hace dos décadas —cuando se reportaban hasta 15 secuestros diarios—, los expertos consultados por CAMBIO advierten que no se puede bajar la guardia. Urge reforzar las operaciones de la Policía y las Fuerzas Militares para frenar las intenciones criminales de estas organizaciones.