No paran los ataques con drones: 418 acciones de grupos ilegales en menos de dos años
En los últimos dos años, el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales se ha consolidado como una nueva modalidad de ataque, generando graves riesgos para la fuerza pública y la población civil.
Por: Javier Patiño C
Eran las diez de la mañana del domingo 22 de febrero cuando los habitantes del corregimiento de Guachinte, en el departamento del Cauca, observaron el sobrevuelo de cuatro drones que posteriormente fueron utilizados para atacar el Batallón de Infantería No. 8 Batalla de Pichincha, unidad que adelanta operaciones militares en el sector.
El sonido de las detonaciones generó temor entre la comunidad, cuyos habitantes se vieron obligados a refugiarse en sus viviendas ante la posibilidad de nuevos ataques. Según el reporte oficial, no se registraron heridos ni afectaciones entre las tropas.
Minutos después, a pocos kilómetros, se presentó un segundo ataque bajo la misma modalidad, esta vez dirigido contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles. La explosión dejó daños materiales en la barricada, aunque tampoco se reportaron víctimas entre los uniformados encargados de la seguridad en esa población caucana.
De acuerdo con las autoridades, ambos ataques contra la fuerza pública fueron atribuidos al Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc, en represalia por las operaciones que se adelantan para restablecer el control territorial en el norte del Cauca.
Escalada en el uso de drones
Durante el último año, los grupos ilegales han intensificado el uso de drones, lo que ha transformado la dinámica del conflicto armado en Colombia.
Esta nueva modalidad ha llevado al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares a buscar equipos y estrategias que permitan contrarrestar este tipo de ataques y adaptarse al nuevo escenario de confrontación implementado por estas estructuras armadas.
Los departamentos más golpeados por este tipo de acciones son Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Guaviare y Tolima, regiones consideradas estratégicas para las economías ilegales.
Según información de inteligencia, estas zonas son claves para las estructuras al margen de la ley debido a la existencia de corredores para la salida de cargamentos de droga, el contrabando de armas y la explotación minera ilegal. Esta situación también ha generado disputas entre distintos grupos armados por el control territorial.
Para un alto oficial de inteligencia, “los drones se han vuelto un elemento central de la confrontación, ya que permiten realizar labores de vigilancia y ataques sorpresa con un alto grado de sigilo y precisión”.
No obstante, esta estrategia no solo ha impactado a la fuerza pública, sino también a las comunidades en las zonas de conflicto, donde se han registrado desplazamientos y confinamientos por temor a los ataques con explosivos lanzados desde el aire.
Cifras preocupantes
Según un informe reciente, desde el 26 de abril de 2024 —cuando se registró el primer ataque con drones en zona rural de Argelia, Cauca— hasta el último ocurrido el pasado 22 de febrero, se han contabilizado 418 eventos con explosivos. En estos hechos se habrían lanzado al menos 935 granadas por parte de grupos armados ilegales.
Entre 2024 y lo corrido de 2026 se reporta la muerte de dos civiles y más de 43 personas heridas por explosivos lanzados desde drones. La situación es aún más alarmante si se tiene en cuenta que 19 uniformados han muerto y más de 260 han resultado heridos por esquirlas provocadas por estos artefactos.
La Tercera División del Ejército es la más afectada, con 258 eventos registrados. Le siguen la Segunda División, con 27; la Cuarta, con 8; la Séptima, con 6; y la Octava, con 5.
“Desde el primer ataque a la fecha, en promedio, las estructuras ilegales realizan un ataque cada cuatro horas y, cada dos días lanzan tres artefactos explosivos contra la fuerza pública”, señala el informe.
Para el Ministerio de Defensa, el uso de drones por parte de grupos armados ilegales se ha consolidado como una de las amenazas más graves contra la seguridad de los uniformados y las comunidades en las zonas rurales del país.
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