Ley Jineth Bedoya: ¿cómo funcionará la nueva ley para minimizar la revictimización desde el Estado para mujeres y niñas?
En último debate y con 52 votos a favor y uno en contra, el Congreso aprobó la norma que obliga a capacitar en violencia de género a funcionarios públicos, contratistas y particulares que atiendan a víctimas. La ley queda lista para sanción presidencial.
Por: Carol Tatiana Gómez
Con los ojos vidriosos, Jineth Bedoya se pronunció en el Senado: “Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada y así sigo ejerciendo el periodismo [...] Y me pararé donde me tenga que parar, una y mil veces –así me humillen y me revictimicen– por los derechos de las mujeres”. Minutos antes, esa misma plenaria había aprobado en último debate la ley Jineth Bedoya, que obliga a capacitar en violencias basadas en género a funcionarios públicos, contratistas y particulares que cumplan funciones públicas. La plenaria respaldó el proyecto con 52 votos a favor y uno en contra. Ahora solo falta la firma del presidente para que se convierta en ley.
Para entender qué busca evitar la ley, basta con mirar el propio caso de Bedoya. El 25 de mayo de 2000, mientras investigaba sobre una red de tráfico de armas y homicidios dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue secuestrada por un grupo de paramilitares a la salida del penal. La sacaron de la ciudad hasta una zona despoblada cerca de Villavicencio, donde la torturaron y agredieron sexualmente.
Lo que vino después fue otro tipo de violencia. Durante los años siguientes, con el caso casi congelado, Bedoya tuvo que repetir una y otra vez, ante distintas instituciones, el relato de un hecho tan doloroso como la violencia sexual. Lo revivió ante la Fiscalía, ante un juzgado penal en Bogotá, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es revictimización: el daño adicional que sufre una víctima cuando el propio sistema que debería protegerla la obliga a reconstruir su trauma una y otra vez. Y es precisamente lo que la ley busca combatir.
¿Qué propone la Ley Jineth Bedoya?
El proyecto, aprobado el martes 16 de junio, obliga a los funcionarios públicos, contratistas y particulares que cumplan funciones del Estado, a capacitarse en enfoque de género antes de atender un caso de violencia en contra de una mujer o una niña. Eso quiere decir que la ley impacta desde el médico de un hospital público contratado por prestación de servicios hasta un investigador judicial. La idea es evaluar periódicamente si ese conocimiento realmente cambia la forma en que se comportan las instituciones. La norma responde, en parte, a las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano en 2021, tras declararlo responsable por el secuestro, la tortura y la violencia sexual sufridos por Jineth Bedoya. El proyecto, radicado en agosto de 2024, fue impulsado en la Cámara por la representante Catherine Juvinao y en el Senado por las senadoras Norma Hurtado y Nadia Blel.
“Seguiré luchando para que lo que tuve que enfrentar, ninguna otra mujer lo enfrente en este país. Mi dolor y mi sacrificio han sido muy grandes, pero hoy gracias a cada uno de los hombres y mujeres que dio su voto positivo, digo que ha valido la pena y que no es hora de callar”, afirmó Jineth Bedoya ante la plenaria.
Sin embargo, el camino fue espinoso. La ley estuvo apunto de hundirse por inasistencia y falta de quórum. A eso, también se le sumó la oposición de la senadora liberal Karina Espinosa, la única que votó en contra del proyecto y quien presentó ocho proposiciones para modificarlo porque, según ella, la norma escondía una agenda de ”ideología de género”. Ninguna de las proposiciones llegó a votarse, pues el Senado prefirió aprobar el texto ya avalado por la Cámara sin cambios, para evitar que el proyecto entrara en conciliación y se quedara sin tiempo antes del cierre de la legislatura. Ahora, solo falta la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigencia.
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