Feminicidios recientes y la desaparición de un bebé no nacido en Cali exigen medidas urgentes: el llamado de la Defensoría del Pueblo
Tras los recientes asesinatos de cuatro mujeres en Cali, Barranquilla, Valledupar y Líbano (Tolima), la Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos no pueden entenderse como casos aislados e instó a las autoridades a investigar los contextos de violencia de género que los rodean.
Por: Lina Cuitiva
La Defensoría del Pueblo alertó por la serie de hechos de violencia extrema contra las mujeres registrados en los últimos días en distintas regiones del país y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para esclarecer los casos y fortalecer los mecanismos de prevención.
La entidad se refirió a los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali (Valle del Cauca); María Alejandra Castaño, en Líbano (Tolima); Herianny Montilla, una adolescente de 16 años asesinada en Barranquilla (Atlántico); y Yasleidis Martínez, en Valledupar (Montería).
En un pronunciamiento público, la Defensoría hizo especial énfasis en el caso de María Camila Potosí, de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo cuando desapareció en el sector de Polvorines, al suroccidente de Cali y posteriormente fue hallada asesinada. El organismo pidió revisar si las acciones de búsqueda desplegadas desde que fue reportada como desaparecida fueron oportunas y suficientes.
El pasado 16 de julio, cámaras de seguridad registraron a María Camila subiéndose a una motocicleta conducida por una mujer que hoy es la principal persona de interés en la investigación. Fue la última vez que se le vio con vida. Su cuerpo apareció cuatro días después en la zona rural de La Buitrera con signos de violencia.
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Además, la entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar de manera inmediata todas las actuaciones necesarias para establecer el paradero del bebé que esperaba la joven, luego de que trascendiera que el cuerpo fue encontrado sin el feto. La Defensoría pidió no descartar ninguna hipótesis investigativa y garantizar el esclarecimiento integral de los hechos.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció primero una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita judicializar a los responsables del crimen; luego, a través de su cuenta de X, confirmó que la cifra se elevó a 200 millones de pesos.
Sobre el asesinato de Herianny Montilla, de 16 años, la entidad insistió en que la investigación debe tener en cuenta no solo las circunstancias de su muerte, sino también los antecedentes, las posibles violencias previas y los factores de riesgo que pudieron conducir al crimen.
"No son hechos aislados"
La Defensoría recordó que el feminicidio constituye la forma más extrema de las violencias basadas en género y advirtió que estos crímenes suelen estar precedidos por amenazas, agresiones, aislamiento, control y otras manifestaciones de violencia que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres.
En ese sentido, señaló que la activación temprana de los mecanismos de búsqueda de mujeres desaparecidas puede ser determinante para evitar feminicidios, violencia sexual, trata de personas y otras formas de violencia basada en género.
La entidad también pidió que las investigaciones no se limiten a interpretar estos hechos como casos de "intolerancia", conflictos de pareja o episodios aislados. Por el contrario, instó a las autoridades a establecer si existen patrones comunes, posibles vínculos con estructuras criminales o contextos de macrocriminalidad cuando las características de los casos así lo indiquen.
Los llamados de la Defensoría
El organismo exhortó a la Fiscalía a avanzar de manera pronta, exhaustiva e imparcial en las investigaciones de estos casos y, específicamente, a intensificar la búsqueda del bebé de María Camila Potosí.
Asimismo, pidió a las autoridades nacionales y territoriales fortalecer los mecanismos para valorar el riesgo, proteger y activar de manera inmediata la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, con respuestas coordinadas y libres de estereotipos de género.
Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación para informar sobre estos casos sin culpabilizar a las víctimas, justificar a los agresores o convertir la violencia en espectáculo.
La Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las cuatro víctimas e insistió en que ninguna mujer debería ser asesinada por el hecho de ser mujer y que la prevención de las violencias basadas en género exige actuar desde las primeras señales de riesgo.
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