
La defensa de Uribe insiste en frenar la indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja
El Reporte Coronell reveló una nueva comunicación del abogado Jaime Granados que llegó a la Fiscalía horas antes de la diligencia de indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja.
Por: Juan David Cano
En el Reporte Coronell de este viernes se reveló que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó ante la Fiscalía una nueva comunicación para intentar detener la indagatoria a la que el exmandatario está citado hoy, 4 de septiembre, dentro del proceso por las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La diligencia estaba prevista para las 9:00 de la mañana en el búnker de la Fiscalía. Con ella, el expresidente quedaría formalmente vinculado a esa investigación.
La indagatoria es la declaración en la que un fiscal escucha directamente a la persona señalada y la ata al expediente; en este caso, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
Según relató Daniel Coronell, en la carta conocida, de seis páginas, la defensa argumenta que necesita más tiempo para estudiar la declaración que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rindió un día antes, aun cuando el equipo del expresidente participó en esa diligencia e incluso lo había entrevistado en marzo de este año.
Los dos frentes que se luchan son el político y el jurídico
De acuerdo con el Reporte, la estrategia de la defensa avanza por dos caminos. En el plano político, Uribe y sus abogados consiguieron que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la instancia encargada de investigar a los presidentes, reclamara para sí el caso.
Ese reclamo se apoya en una tesis de Granados, que sostiene que los hechos investigados se habrían prolongado hasta el período presidencial de Uribe y que, por eso, corresponderían a la comisión que juzga a los mandatarios.

Coronell contó que la proposición contó con el voto de cinco representantes del Pacto Histórico, colectividad cuyo jefe político es el expresidente Gustavo Petro, quien ha dicho que ese respaldo no se dio por orden suya.
En el plano jurídico, Coronell recordó que Granados ya había enviado una primera carta. En ella pedía aplazar la indagatoria hasta que la Corte Constitucional resuelva si la competencia es de la Fiscalía o de la Comisión de Acusación, una definición que, advirtió, no tiene plazo legal y podría demorarse años.
Para Coronell, aunque lo más probable es que la Corte termine dándole la razón a la Fiscalía, esa dilación podría trasladar el caso al próximo fiscal general, que sería postulado por el actual presidente, Abelardo de la Espriella.
El periodista comparó ese escenario con lo ocurrido en otro proceso contra Uribe durante la gestión del entonces fiscal Francisco Barbosa, postulado en su momento por el expresidente Iván Duque.
Lo que ha declarado Mancuso
En el mismo espacio, Coronell recordó lo que Mancuso ha sostenido en distintas diligencias, ante la JEP y en una entrevista con el propio Reporte Coronell. Según esa versión, los paramilitares recibieron desde la gobernación de Antioquia, que entonces encabezaba Uribe, la orden de ejecutar la masacre de 17 personas en El Aro.

Mancuso ha atribuido esa instrucción al secretario de gobierno de la época, Pedro Juan Moreno Villa, y afirma que la lista de campesinos que serían asesinados se la entregó el general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la Cuarta Brigada.
Coronell añadió que existe registro de comunicaciones entre Moreno Villa y el gobernador Uribe en los días en que el funcionario se reunió con los paramilitares.
Frente a ese testimonio, la defensa sostiene que, de probar algo, comprometería a Moreno Villa, pero no al entonces gobernador.
Uribe ha rechazado cualquier relación con estos hechos y ha presentado la investigación como una persecución en su contra. Cuando la Fiscalía anunció su vinculación al caso, a mediados de este año, escribió en su cuenta de X:

“La señora Fiscal (…) me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”, dijo.
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