Las polémicas que rodean a Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación de Abelardo de la Espriella
Hoyos llega al ministerio con una hoja de vida académica extensa y con varios enfrentamientos judiciales. Una orden de rectificación de la Corte Constitucional, denuncias penales y un episodio de cabildeo en el Senado que terminó como material en una queja ante la CIDH son parte de su legado.
Por: Juan David Cano
Abelardo de la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación Nacional. Asumirá el 7 de septiembre, en reemplazo de Viviane Morales, quien renunció al cargo tras 28 días y se convirtió en el primer cambio de gabinete del Gobierno.
Entre 2009 y 2016, Hoyos fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría. En ese periodo protagonizó varios enfrentamientos judiciales y públicos por derechos humanos, sexuales y reproductivos.
¿Quién es Ilva Myriam Hoyos? Entre la academia, la Procuraduría y una trayectoria ligada a la Iglesia
Hoyos es abogada y doctora en derecho. En la Universidad de La Sabana fue directora del Instituto de Humanidades, decana, profesora e investigadora. Además, es autora de libros como El derecho de libertad religiosa en la Constitución de 1991. También fue conjueza en el Consejo de Estado.
Su vínculo con la Iglesia católica es parte central de su perfil público, pues fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, del Celam y de la Conferencia Episcopal de Colombia y fue auditora en el Sínodo de la Familia en el Vaticano.
La Corte Constitucional le ordenó rectificar
El episodio más polémico de su paso por la Procuraduría está en una sentencia. En 2011, Mónica del Pilar Roa López, entonces directora de Women's Link Worldwide, y otras mujeres presentaron una acción de tutela contra el procurador Alejandro Ordóñez, contra Hoyos y contra la procuradora delegada María Eugenia Carreño.
Las accionantes alegaron que la Procuraduría estaba difundiendo información falsa o tergiversada sobre el alcance de las decisiones de la Corte en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
De hecho, citaron que en 2010 Hoyos envió un documento al superintendente Nacional de Salud, en el que sostuvo que la sentencia C-355 de 2006 no había reconocido un derecho a la interrupción del embarazo.
La sentencia T-627 de 2012 ordenó a Ordóñez rectificar pronunciamientos que la Corte consideró tergiversados y ordenó específicamente a Hoyos enviar una comunicación al superintendente Nacional de Salud rectificando ese oficio.
Las denuncias penales contra una activista y dos magistrados
Por este caso, Hoyos denunció a Mónica Roa por injuria y sostenía que ella había manipulado la jurisprudencia de la Corte Constitucional para desinformar al país y a funcionarios públicos sobre el aborto.
Roa respondió y sostuvo que la Procuraduría no solo incumplía sus obligaciones de garantía de derechos, sino que además perseguía penalmente a quienes se las exigían.
El segundo episodio involucró a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas por el caso de una mujer que había solicitado la interrupción de su embarazo bajo una de las causales permitidas.
Durante el trámite, la mujer accedió al procedimiento y la Corte, además de amparar sus derechos, ordenó investigar la actuación de las EPS involucradas y encargó a la Procuraduría una labor pedagógica sobre las tres causales vigentes.
La respuesta de Hoyos fue denunciar penalmente a los dos magistrados por no haber puesto el aborto en conocimiento de las autoridades. El propio procurador Ordóñez tuvo que desautorizarla.
El cabildeo en el Senado y la queja ante la CIDH
En abril de 2013, mientras el Congreso debatía un proyecto de matrimonio igualitario, La Silla Vacía fotografió la pantalla del teléfono de Hoyos, sentada en una curul del recinto. En la conversación, ella le contaba a su interlocutor que estaba dedicada al lobby y, ante la pregunta de si estaban ganando, respondió: "Yo creo, por lo que he hablado, que se hunde".
El senador Camilo Romero pidió la palabra en el debate para cuestionar qué hacía una procuradora delegada haciendo cabildeo desde una curul y exigió una investigación.
Varias organizaciones también asistieron a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para presentar quejas contra la Procuraduría.
Ante la CIDH también presentaron la queja de la abogada Ariadna Tovar, de Women's Link Worldwide, que alegó falta de imparcialidad y uso del poder disciplinario para hostigar y criminalizar a defensoras de derechos sexuales y reproductivos; la de Daniel Sastoque, exfuncionario del Ministerio Público, que denunció represalias y persecución por su orientación sexual; y la de Dorian Juliet Gómez sobre la Clínica de las Mujeres de Medellín.
En sus descargos en Washington, Hoyos respondió que el Ministerio Público defiende a todos los ciudadanos y sostuvo que lo adelantado por la entidad eran acciones de vigilancia y control de gestión sobre salud sexual y reproductiva.
La Clínica de la Mujer de Medellín y el matrimonio igualitario
La Clínica de la Mujer fue uno de los proyectos cuestionados por Hoyos, quien ordenó parar su funcionamiento porque podía incentivar la práctica del aborto.
En materia de matrimonio igualitario, además del cabildeo de 2013, la Procuraduría cuestionó judicialmente una de las primeras decisiones que permitió formalizar la unión de una pareja del mismo sexo en el país.
Los antecedentes que tocan directamente al sector educativo
Dos episodios de su paso por la Procuraduría se relacionan de manera directa con la cartera que ahora dirigirá.
El primero es de septiembre de 2016. Siendo delegada, la Procuraduría expresó reparos frente a una encuesta del Dane sobre comportamientos y actitudes relacionadas con la sexualidad que se aplicaba a estudiantes. Hoyos calificó parte del contenido como "explícito e inapropiado".
El segundo fue durante su gestión; protagonizó un choque público con la entonces ministra de Educación Gina Parody por la crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Como delegada, abrió investigaciones disciplinarias a alcaldes y gobernadores por asuntos de infancia.
Por ello, su ahora nombramiento como ministra ha generado varias críticas de organizaciones que apuntan a cómo piensa gestionar la educación de la niñez colombiana con un pasado como funcionaria en el que, dicen, intentó desconocer decisiones de la Corte y suprimir derechos de minorías.
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