JEP invita a diálogo de verdad a Ecopetrol, tras imputar a exfuncionario por masacres en Barrancabermeja: las razones
El exsubjefe de seguridad en Barrancabermeja José González Sánchez fue imputado por su rol bisagra con la Fuerza Pública y las autodefensas. La JEP precisó que ese espacio no es ni versión voluntaria ni de una diligencia de reconocimiento de responsabilidad, sino para la exploración de las condiciones y posibilidades de una construcción de la verdad con enfoque restaurativo.
El 3 de abril de 1995, el capitán en retiro del Ejército Nacional José Eduardo González Sánchez fue contratado como subjefe del área de seguridad del Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja. Estuvo allí hasta el 10 de noviembre de 1999 enfocado en una misión: lograr que los paramilitares se establecieran en esa región del Magdalena Medio, que vivía una fuerte presencia del Eln.
Así lo confesó él mismo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le imputó responsabilidad por su rol clave de bisagra en la alianza criminal que integrantes del Ejército y la Policía hicieron para consolidar a las autodefensas y permitir con ello 14 masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y persecución a integrantes de movimientos sociales. “Mi misión era la de establecer las relaciones entre las autodefensas y la fuerza pública y mis informes con inteligencia tanto de Policía como Ejército”, declaró el oficial.
Sánchez usó su rol como funcionario de Ecopetrol para lograr ese objetivo y manipuló la contratación de la empresa para que tres personas se unieran a la Unión Sindical Obrera (USO) y grabaran sus sesiones. Así lo confirmó ante la JEP uno de ellos, Johon Alexander Vásquez, quien al mismo tiempo era contratista e integrante del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los otros dos contratistas involucrados son Carlos Alberto Piedrahíta Zabala y Leocadio Bohórquez Jaramillo.
González Sánchez confesó que llegó a la Refinería de Barrancabermeja por recomendación de su tío, el coronel retirado de la Policía Antonio Sánchez Vargas —antiguo jefe del Corporativo de Seguridad de Ecopetrol— y con el encargo específico del director nacional del Corporativo de la época, Marco Tulio Restrepo, de gestionar el ingreso de grupos paramilitares a Barrancabermeja, al Magdalena Medio y al sur de Bolívar.
González reconoció que esta misión se enmarcó en una estrategia de seguridad para la ciudad que incluyó el fortalecimiento de las unidades del Ejército y la Policía con jurisdicción en ella, y que a partir de 1998 comenzó a recibir simultáneamente a su vinculación laboral con Ecopetrol una remuneración periódica de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas del Santander y el Cesar (AUSAC) y el BCB.
La JEP no pudo entrevistar ni llamar a funcionarios de otro rango dentro de Ecopetrol, como el superior de González Sánchez, porque ya falleció, ni a otras directivas, dado que no tiene competencia sobre los terceros civiles. Sin embargo, la confesión fue contrastada y corroborada por uno de los contratistas, quien aceptó que coordinó con él la incursión paramilitar en la masacre del 28 de febrero de 1999. Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, corroboró la existencia de esta coordinación y las reuniones sostenidas con González Sánchez, así como el acuerdo para que las unidades de la Fuerza Pública no interfirieran durante las incursiones paramilitares.
Y Fremio Sánchez Carreño, alias Esteban, también confirmó ante la Sala el vínculo con González Sánchez y su papel en la articulación de la alianza. La JEP enfatizó en su rol de bisagra diciendo que desde su posición en Ecopetrol, el exoficial presentó a los comandantes paramilitares del naciente BCB ante mandos de tres unidades militares distintas.
“El día de la primera masacre de la toma paramilitar, 16 de mayo de 1998, Jaimes Mejía le comunicó telefónicamente el inicio de la operación para que este avisara a sus enlaces en el COEMM y en las unidades militares, garantizando que ninguna unidad saliera de su base”, dijo la JEP en su decisión que declaró un crimen de lesa humanidad igualmente la persecución a los integrantes de la USO.
“Durante los años de la toma paramilitar, otros miembros del sindicato empezaron a denunciar públicamente que González Sánchez estaba involucrado con los paramilitares, pero solo hasta finales del año 1999 Ecopetrol terminó su contrato con la empresa”, dice la JEP.
¿Qué responsabilidad tiene Ecopetrol?
En su decisión, la JEP explicó hasta dónde tiene competencia para actuar y, aunque no puede extenderse a los terceros civiles, sí indicó que Ecopetrol vinculó a González, le asignó competencias de seguridad industrial que validaban su relación constante con los miembros de la Fuerza Pública con jurisdicción en Barrancabermeja, y le proporcionó el acceso institucional que le permitió reclutar varias personas y vincularlas mediante contratos temporales para acceder a información sensible de los miembros de la USO.
“Las conductas dañosas no fueron, por tanto, ajenas a la esfera funcional de Ecopetrol: se ejecutaron desde adentro de su estructura, con sus recursos y bajo la cobertura de su cargo”, dice la JEP al indicar que las conductas individuales del funcionario que constituyen aportes esenciales a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra determinados “no fueron ajenas a la estructura funcional de la empresa”.
Por esa razón, la JEP decidió convocar a Ecopetrol y a los representantes judiciales de las víctimas del subcaso Magdalena Medio del caso 08 a un espacio de construcción dialógica de la verdad con enfoque restaurativo. Allí, la JEP presentará los hallazgos alcanzados en la investigación, con énfasis en los elementos contextuales, fácticos y jurídicos que fundamentaron la imputación a González Sánchez como máximo responsable en los crímenes de guerra y de lesa humanidad señalados.
“Este ejercicio de socialización tiene por objeto garantizar que todos los participantes en el diálogo cuenten con un entendimiento común y suficiente de los hechos establecidos por la Sala, de los patrones de victimización identificados y de los daños causados a las víctimas y comunidades del Magdalena Medio. Ello es condición necesaria para que el diálogo que se emprenda sea informado, pertinente y orientado a la restauración efectiva del daño”, dijo la JEP.
En la sesión, Ecopetrol podrá exponer su visión frente a la decisión de la JEP y, si así lo considera pertinente, presentar las iniciativas, programas o proyectos que, en su criterio, podrían canalizarse o articularse con los objetivos de restauración identificados por la Sala.
La empresa tendrá también la oportunidad de presentar su política de responsabilidad social empresarial y los mecanismos internos de cumplimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, con miras a identificar los puntos de articulación entre dichos instrumentos y los requerimientos propios del marco normativo en materia de justicia restaurativa de la JEP.
La JEP precisó que ese espacio no tiene el carácter de una versión voluntaria ni de una diligencia de reconocimiento de responsabilidad y que su objeto no es la discusión de la imputación penal individual formulada a González, sino la exploración de las condiciones y posibilidades de una construcción de la verdad con enfoque restaurativo.
Los abogados de las víctimas podrán exponer su visión sobre el alcance de los daños causados a sus representados, presentar las demandas de reparación que consideran prioritarias, y proponer las líneas de trabajo que, a su juicio, deberían explorarse en materia de proyectos restaurativos. Además, serán invitados la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.
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