Tres de las cuatro presuntas víctimas de Jorge Alfredo Vargas no quieren declarar en el proceso penal contra él: esta es la razón

El Reporte Coronell informó que a las manos de la fiscal Patricia Hernández Zambrano llegó una carta que podría cambiar el rumbo del proceso contra Jorge Alfredo Vargas. La fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia lideró la audiencia en la que se le imputaron cargos al periodista por presunto acoso sexual, realizada el 3 y 4 de agosto y desarrollada bajo reserva. Vargas no aceptó los cargos y ahora, tres de las cuatro mujeres que motivaron esa investigación anuncian, a través de esa carta, que no declararán.

De las cuatro presuntas víctimas, solo una decidió continuar en el proceso y nombró a la abogada Ana Bejarano Ricaurte como su representante. Las otras tres le explicaron a la fiscal Hernández Zambrano que su reclamo contra Vargas nunca fue una denuncia penal. Según ellas, se trató de una queja laboral ante Caracol Televisión que ya consideran resuelta.

El caso comenzó con una queja ante Caracol

El caso se originó el pasado 13 de marzo, cuando tres periodistas y una estudiante en prácticas de Caracol Noticias presentaron una queja ante el departamento de Gestión Humana de la empresa. Una semana después, el 20 de marzo, Caracol anunció que investigaría las denuncias. El 24 de marzo, Jorge Alfredo Vargas y el presentador de deportes Ricardo Orrego salieron de la compañía.

Dos días después, el 26 de marzo, el Ministerio del Trabajo realizó una inspección laboral en las instalaciones de Caracol. Según el Reporte Coronell, durante esa diligencia los funcionarios solicitaron los archivos del departamento de Gestión Humana, incluidos documentos relacionados con las quejas presentadas ante la empresa.

La inspección del Ministerio de Trabajo

La diligencia fue dirigida por Sandra Muñoz, entonces viceministra de Relaciones Laborales, quien exigió la entrega de los archivos. Los abogados laborales de Caracol argumentaron que allí había quejas entregadas a la compañía bajo condición de confidencialidad.

La viceministra dijo que esa confidencialidad no era oponible durante una inspección laboral. La diligencia fue posteriormente difundida en redes sociales por el Ministerio. Según explicó Muñoz en ese momento, la inspección a Caracol hacía parte de un plan que contemplaba nuevas actuaciones en medios de comunicación. La funcionaria señaló que después de Caracol seguirían RCN, RTVC y otros medios nacionales y locales.

De la inspección a RTVC no se conocieron posteriormente detalles, según Coronell. En cambio, el acta de la diligencia realizada en Caracol fue filtrada a medios de comunicación.

De queja laboral a investigación penal

La queja presentada por las cuatro mujeres fue trasladada del Ministerio del Trabajo a la Fiscalía General de la Nación para iniciar procesos penales. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, conformó un grupo especial de investigación liderado por una fiscal del más alto nivel y con participación de varios fiscales especializados en este tipo de investigaciones. El proceso quedó en manos de la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández Zambrano.

Sin embargo, las tres mujeres que ahora se apartan del proceso sostienen que ellas nunca presentaron una denuncia penal contra Vargas. En la carta enviada a Hernández Zambrano también manifiestan que no quieren ser representadas ni por un abogado particular ni por la Defensoría del Pueblo. Las tres consideran concluido el asunto laboral y dicen que no declararán en un eventual juicio contra el periodista.

Aun así, eso no quiere decir que la investigación penal quede cerrada, pues el delito de acoso sexual puede ser investigado de oficio por la Fiscalía, por lo que no requiere que la presunta víctima presente una denuncia para que las autoridades adelanten el proceso, según El Reporte Coronell.

Las mujeres pueden ser citadas como testigos y, según lo explicado en el reporte, conservan el derecho a negarse a declarar. La Fiscalía puede disponer su comparecencia, pero no obligarlas a rendir testimonio.

Una cuarta mujer sí seguirá en el proceso

Aunque tres de las mujeres anunciaron su decisión de no participar en un eventual juicio, la cuarta sí decidió continuar y nombró como su representante a la abogada Ana Bejarano Ricaurte. Tanto Bejarano como la fiscal Hernández Zambrano solicitaron que las presuntas víctimas fueran anonimizadas y que las audiencias fueran reservadas.

La jueza María Teresa Santacruz ordenó que la audiencia fuera reservada, pero determinó que la identidad de las presuntas víctimas podía ser conocida por Vargas y sus abogados, la exvicefiscal general María Paulina Riveros y el penalista Juan David Bazanni.

Durante la audiencia, Bejarano dijo que el poder otorgado por su representada no le permitía revelar su identidad y por esa razón, la jueza le pidió abandonar la diligencia.

El periodista Jorge Alfredo Vargas, en medio de las audiencias realizadas el 3 y 4 de agosto, no aceptó los cargos por presunto acoso sexual. La decisión de las tres mujeres abre ahora un nuevo escenario para el proceso, pues ellas sostienen que nunca presentaron una denuncia penal y además consideran cerrado el reclamo laboral ante Caracol. La Fiscalía puede continuar la investigación de oficio, aunque las mujeres conservan el derecho a no declarar.