Hay 6.643 millones embolatados en Bomberos de Bogotá: pagaron siete máquinas que la ciudad todavía no tiene

Bogotá pagó 6.643 millones de pesos por siete máquinas extintoras que no han llegado. La plata salió en 2022 y los carros siguen sin estar en la ciudad.

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Así lo estableció la Contraloría de Bogotá, que encontró un hallazgo fiscal en el Cuerpo Oficial de Bomberos por esa suma exacta, 6.643.216.503 pesos. Un hallazgo fiscal quiere decir que hay indicios de que se perdió plata pública y que el organismo puede abrir un proceso para que alguien la devuelva de su propio bolsillo.

Esos 6.643 millones son el 49 por ciento de un contrato que en total vale 13.557 millones. Se firmó en 2022 con la Unión Temporal Extintor 4x4 y las máquinas iban a reforzar la flota con la que la ciudad atiende incendios.

El problema del proceso es que Bomberos no entregó la plata como anticipo sino como pago anticipado, y no es lo mismo. Con un anticipo, el dinero sigue siendo público, se maneja vigilado y el contratista tiene que ir mostrando en qué lo gasta. Con un pago anticipado, esa plata pasa a ser del contratista y la entidad pierde el control sobre ella.

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La Contraloría también señaló fallas en la supervisión. Nadie aplicó a tiempo las multas y demás herramientas que existen justamente para apretar a un contratista que se demora. El plazo se venció, se dieron suspensiones y prórrogas, y las máquinas nunca aparecieron.

El hallazgo salió de una revisión más grande, en la que la Contraloría examinó cómo manejó Bomberos entre 2020 y 2025 las deudas que arrastraba de años anteriores.

"Este hallazgo, con incidencia disciplinaria también, demuestra la importancia de fortalecer la supervisión y el control de los contratos para garantizar que cada peso de los bogotanos se traduzca en bienes y beneficios al servicio de la ciudadanía", dijo Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá.

Con estos hallazgos, el caso pasa a manos disciplinarias para que se evalúe si algún funcionario debe ser sancionado.

Cuatro años de promesas

El contrato tenía un plazo de 15 meses. Las máquinas debían estar en Bogotá el 22 de marzo de 2024. Para esa fecha ni siquiera se habían fabricado los chasis.

Después vino una cadena de tropiezos. Una de las dos empresas de la unión temporal, 7M Group, quedó inhabilitada por sanciones en otros contratos. Bomberos tuvo que buscar quién asumiera ese 50 por ciento y el contrato se reactivó en junio de 2024 con la entrada de KPN Colombia. La nueva entrega quedó para 2025.

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Tampoco cumplieron a tiempo. En agosto del año pasado, a un día de que se venciera el plazo otra vez, la directora de Bomberos, Paula Ximena Henao, informó que los chasis apenas habían salido del puerto de Miami rumbo a Cartagena. Fue allí cuando la Contraloría advirtió de un riesgo fiscal.

Lo que responde Bomberos

Bomberos ha sostenido que aquí no hubo irregularidades sino demoras. En octubre de 2025 reconoció que el contratista incumplió y dijo que por eso abrió un proceso sancionatorio en su contra. Aclararon además que hubo cinco suspensiones y dos prórrogas, pero que nunca se le puso un peso más al contrato.

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"Si bien durante la ejecución del contrato se efectuaron varias modificaciones contractuales, entre ellas cinco suspensiones y dos prórrogas, es preciso resaltar que no se celebraron adiciones presupuestales. En consecuencia, el valor pactado en el contrato se ha mantenido invariable a la fecha, sin que se hayan presentado sobrecostos ni situaciones que generen detrimento patrimonial para la entidad", dijeron.

Y añadieron: "El contrato no presenta ninguna irregularidad. Es cierto que, al vencimiento del plazo de ejecución las máquinas no fueron entregadas por el contratista, razón por la cual, la entidad inició un proceso administrativo sancionatorio, con el propósito de determinar si existe o no incumplimiento del objeto contractual. De ser así, es decir, de existir mérito, se procederá a imponer la sanción correspondiente, habiéndosele respetado todas las garantías procesales al contratista".

A pesar de eso, la Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra Henao y tres subdirectores por la ejecución y la supervisión del contrato.