La deuda con los huérfanos del feminicidio: un año después, la ley sigue sin aplicarse. ¿Quién responde?

En la mañana del 21 de mayo de 2019, un niño de apenas cuatro años presenció la escena en una casa humilde del sur de Bogotá: su propio padre le quitó la vida a su mamá luego en un episodio de violencia de género. El feminicida, Nelson Arturo Caro, asesinó con arma blanca a su pareja, Leidy Johanna Hernández, escondió su cuerpo en la cocina y huyó de la escena del crimen. Hoy, ese agresor tiene una condena en su contra por feminicidio, pero permanece prófugo de la justicia.

Tras ese feminicidio quedó una víctima de la que casi nunca se habla: un hijo huérfano de madre sin y contacto con su padre, hoy prófugo de la justicia a pesar de una orden de captura activa en su contra. Su futuro pasó a depender de sus abuelos que, mientras intentan garantizarle un hogar seguro, también enfrentan el duelo por el asesinato de Leidy.

La custodia quedó a cargo del señor Jorge Hernández y de su esposa, otras víctimas indirectas de la violencia feminicida: ellos perdieron a su hija —una estudiante de psicología de 30 años—, y ahora, ya adultos mayores siguen trabajando para asumir la crianza de su nieto, con todas las cargas emocionales y económicas que implica empezar de nuevo.

Se calcula que cada año unos 700 menores de edad quedan huérfanos en Colombia como consecuencia de los feminicidios. 

Son niños y niñas que no solo pierden a sus madres: también quedan desprotegidos por un Estado que, en muchos casos, no logró prevenir el crimen pese a las alertas y tampoco asume de manera efectiva la reparación de las víctimas indirectas. En el caso de Leidy Johanna, por ejemplo, su agresor acumulaba dos denuncias por violencia intrafamiliar cuando cometió el asesinato. "Cuando estábamos en la sala de velación ahí sí llamaron para darle protección...esta es la justicia del país", le dijo a CAMBIO Jorge Hernández.

La mayoría de feminicidas en el país, entre 70 y 80 por ciento, son parejas o exparejas de las víctimas mortales. Por eso, los hijos que quedan en medio también pierden a la figura paterna porque él termina preso, prófugo y, en algunos casos, se quitan la vida tras cometer el crimen. 

¿Quién debería hacerse cargo de los costos psicológicos y económicos que recaen en las víctimas invisibles que deja el feminicidio, un delito que el Estado sigue sin poder contener en Colombia? Esa pregunta motivó la expedición de la Ley 2530 de 2025.

Una ley que prometía una protección que nunca llegó

Hace casi un año, en agosto de 2025, la sanción de la Ley 2530 de 2025 —Ley de Huérfanos por feminicidio— fue celebrada como un hito. Por primera vez, el Estado colombiano reconoció que esas tragedias también dejan profundas consecuencias en los hijos que dependen de la mujer asesinada. Sin embargo, a la fecha, la implementación de esa ley que ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro quedó en veremos, agravada por la desaparición del Ministerio de la Igualdad.

La norma creó —en el papel— un sistema de protección integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, afectados por el feminicidio de su madre o de quien ejerciera su custodia legal. Las medidas de reparación incluyen una asistencia económica periódica para gastos de vivienda, salud, manutención, educación, además de atención psicológica y psicosocial especializada, e incluso asistencia jurídica.

Para que esa reparación llegara en realidad a quien lo necesita, la misma ley ordenó al Ministerio de la Igualdad expedir decretos reglamentarios para definir los criterios de acceso a los beneficios y la creación del Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio —es decir, la base de datos para conocer cuántos huérfanos hay en Colombia, quiénes son y en qué condiciones de vida quedaron—.

"Quedaron los hijos huérfanos por el feminicidio y huérfanos ahora por el Estado"

Esa reglamentación, que según la ley debió expedirse con fecha límite el 5 de febrero pasado, nunca llegó y ahora, con el ministerio ya en fase de liquidación y con un empalme presidencial que no acogió las causas y proyectos de esa desaparecida cartera, las víctimas y activistas contra el feminicidio temen que la ley —que duró cuatro años en trámite— se quede en letra muerta.

Las reparaciones de la Ley de Huérfanos por Feminicidio estaban a cargo de la estrategia para la prevención del delito, Salvia, del Viceministerio de las Mujeres liderado por la viceministra Tamara Ospina.

¿Qué responde el Gobierno por la demora en la reglamentación?

La viceministra Ospina atribuye el retraso a la inestabilidad institucional que vivió el Ministerio de Igualdad durante 2025. Según explicó a CAMBIO, el paso de tres ministros, la falta de una directora en propiedad para la Dirección de Prevención y Atención de Violencias contra las Mujeres y los cambios administrativos hicieron que el proceso se aplazara varios meses.

"Solo cuando quedó en firme el nombramiento de la directora, en enero de 2026, pudimos poner en marcha un plan urgente para avanzar en la reglamentación", aseguró la funcionaria consultada por este medio.

Pese al incumplimiento del plazo legal, Ospina sostiene que el proceso avanzó durante el primer semestre de 2026. Según la viceministra, sí se alcanzó a elaborar la memoria justificativa y los considerandos del decreto reglamentario.

Camilo perdió a su hermana y ahora responde por sus sobrinas

“Nos sentimos abandonados, no se ve la importancia que el Gobierno debería darle a la ley, lo mínimo era ese decreto. Quedaron los hijos huérfanos por el feminicidio y huérfanos ahora por el Estado también”, dice Camilo Andrés Beltrán, el cofundador de la fundación Huérfanos por Feminicidio, la organización que impulsó la ley en el Congreso.

Camilo Andrés no solo es activista, también es una víctima indirecta. Su hermana —que también se llamaba Leydi Johana— fue asesinada con una puñalada en el corazón por su expareja, Waldo Morales Pardo. En 2022, ese hombre se creyó con el poder de arrebatarle la vida a ella y privar a sus dos hijas, de 5 y 10 años, de crecer junto a su mamá.

Ella tenía 29 años, era alegre, sonriente, trabajadora, muy unida a su familia y “tenía unos ojos muy bonitos”, así la recuerda su hermano. El feminicida está pagando una condena de 30 años de cárcel.

Tras el feminicidio de su hermana, Camilo —actualmente está desempleado—, y sus padres de la tercera edad asumieron todos los cuidados y todas las obligaciones que conlleva criar y mantener a dos niñas en Bogotá, sin ningún tipo de ayuda del Estado. “Son ahora mis herederas, aunque yo no tengo hijos”.

Más allá de la asignación económica, Beltrán considera que, a su juicio, el acompañamiento psicológico es lo más valioso de la ley para ayudar a niños, niñas y adolescentes a procesar el trauma de perder a su madre en un feminicidio y evitar que esa violencia marque el resto de sus vidas.

¿Si ya no existe el MinIgualdad, entonces quién responde?

Ante la extinción de esa cartera, la Fundación pide que la ley se reglamente antes de que termine este Gobierno o, en su defecto, que la administración entrante de Abelardo de la Espriella defina qué entidad será la encargada de implementarla. 

La viceministra Ospina aseguró a CAMBIO que la intención del Gobierno Petro antes de irse es trasladar la misionalidad del Viceministerio de las Mujeres al Ministerio del Interior mediante un decreto de rediseño institucional que actualmente se encuentra en trámite en Hacienda. Según explicó, esa reestructuración garantizaría la continuidad de la reglamentación de la Ley 2530 bajo la Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres y que así la ley no quede en orfandad. Pero hasta el momento, y ante la turbulencia política que atraviesa el país tras las elecciones, no parece haber un ambiente para que ese traslado prospere. 

Sobre el próximo gobierno, Ospina alerta sobre lo que sería un retroceso para los derechos de las mujeres: "El vicepresidente electo se ha manifestado en contra del rediseño de las entidades que deben recibir la misionalidad del extinto Ministerio de Igualdad. La consecuencia será una inevitable crisis institucional en materia de garantía de derechos".

El pasado 22 de mayo, el Viceministerio de las Mujeres realizó el Encuentro Nacional de Huérfanos, un espacio en el que las víctimas indirectas de la violencia feminicida pudieron ser escuchadas y reconocidas por el Estado. La fundación y varias de las familias con las cuales habló CAMBIO, que podrían beneficiarse de la ley, coinciden en que el encuentro fue un avance importante para hacer visible su situación.

“Si este Gobierno se va sin dejar firmado ese decreto, se podría perder lo que hemos hecho nosotros y las familias que han acompañado este proceso tan largo para ser reconocidos por el Estado”, dice Marcela Boyacá, la otra cofundadora de la Fundación.

"No estamos mendigando nada, el Estado colombiano tiene que implementarlo porque es un mandato que ya está escrito en una ley y firmado por un presidente, es una obligación de los funcionarios", sentenció Boyacá.

Paradójicamente, el Ministerio de la Igualdad, creado para cerrar brechas históricas, desaparece sin haber dejado reglamentada una de las leyes más importantes para reparar a las víctimas indirectas del feminicidio. Mientras tanto, el nieto de Jorge Hernández, las sobrinas de Camilo Andrés Beltrán y cientos de niños más del país de siguen esperando una protección que el Congreso aprobó, el presidente sancionó, pero que el Estado todavía no ha hecho realidad.