Alerta de la Defensoría del Pueblo por enfrentamientos armados en la subregión del San Juan en Chocó
Las confrontaciones entre estructuras ilegales han generado desplazamientos y confinamientos de varias comunidades del departamento que fue golpeador por el terremoto.
Por: Javier Patiño C
En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto, se han presentado múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita, en el departamento del Chocó, que han afectado a la población civil.
De acuerdo con un comunicado de la Defensoría del Pueblo, se presentan confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN, situación que ha incrementado el riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades étnicas agrupadas en el Consejo Comunitario ACADESAN y del pueblo indígena Emberá.
La entidad documentó que, desde el 10 de agosto de 2026, se registró la presencia de presuntos integrantes del EGC en la comunidad de San Agustín, municipio de Sipí, quienes permanecieron allí durante tres días e impidieron a los pobladores realizar sus actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, así como sus prácticas ancestrales.
“Durante un recorrido realizado por la Defensoría del Pueblo el 19 de agosto de 2026, tuvimos conocimiento del riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento debido a los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Esta situación afecta a seis comunidades étnicas de los municipios de Nóvita y Sipí, con un total aproximado de 405 familias, correspondientes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina”, señaló la entidad.
La comunidad también denunció que el 23 de agosto de 2026 se registró un ataque con un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados, que fueron activados y afectaron a tres civiles: dos hombres y una mujer, quienes resultaron heridos.
“Como consecuencia de este hecho, se produjo el desplazamiento de 90 familias, correspondientes a 118 personas, hacia las poblaciones vecinas de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. Estas comunidades, a su vez, se encuentran en situación de confinamiento debido a las restricciones a la movilidad y a la presencia de grupos armados organizados”, denunció la Defensoría.
Para la entidad, estos hechos configuran una grave afectación humanitaria que impacta a 384 familias y 1.339 personas, quienes además temen por una posible contaminación de sus territorios con artefactos explosivos, debido a los recientes hechos en los que se han utilizado drones.
Alerta Temprana
Los riesgos para la población civil ya habían sido advertidos mediante la Alerta Temprana 012 de 2022 para el municipio de Sipí. Según la Defensoría, las amenazas se materializan en medio de la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales, que afecta a comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario ACADESAN.
Estas comunidades también resultaron afectadas por las consecuencias del sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, mientras que la entrega de ayudas humanitarias se ha visto restringida por el accionar de los grupos armados ilegales en disputa.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y protección de la población civil, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad, la movilidad y los bienes de las comunidades.
Asimismo, pidió a las autoridades municipales, departamentales y nacionales garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de las personas que están saliendo de las zonas afectadas, activar de manera inmediata las rutas de atención humanitaria y mantener un monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos, en el marco de los espacios de justicia transicional.
Finalmente, la entidad solicitó a las instituciones responsables de la atención a las víctimas que, una vez la población llegue a los cascos urbanos, adelanten oportunamente su caracterización y garanticen una respuesta integral y coordinada a las comunidades afectadas.
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