Violaciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia no mejoraron en 2023, según CICR

Durante el balance anual de 2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre cómo va el conflicto armado en Colombia, con datos obtenidos en terreno, se dieron cifras preocupantes que concluyen que la situación humanitaria en el país no ha mejorado. Incluso muchos indicadores han empeorado con respecto a 2022. 

De acuerdo con los datos, a lo largo de 2023 los equipos humanitarios registraron 444 posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en las que aparecen violencia sexual, reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en actividades criminales, homicidios, uso de artefactos explosivos de manera indiscriminada, entre otras.

Según Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, desde el acuerdo de cese al fuego se han intensificado los enfrentamientos armados por control territorial y la población civil queda en medio, lo cual afecta su acceso a servicios básicos como agua, salud, alimentos e incluso educación. Los departamentos en donde se ha visto más aumento de diferentes formas de violación al DIH son Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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El confinamiento y el desplazamiento siguen siendo el terror de las comunidades y van en aumento 

Según los registros, un total de 47.013 personas estuvieron confinadas en 2023, lo que representa un aumento del 19 por ciento con respecto al año anterior. Este fenómeno se ha concentrado principalmente en el departamento de Chocó, donde se reportaron el 44 por ciento de los casos. 

Mientras que, en otros territorios el confinamiento aumentó de forma alarmante, como es el caso de Antioquia que pasó de 110 personas confinadas en 2022 a 1.224 el año pasado y Cauca pasó de 1.615 casos en 2022 a 4.000. 

Según manifestó Caraffi, este aumento del confinamiento ha dejado a muchas comunidades en una situación precaria, obligadas a permanecer en un lugar por miedo a las consecuencias de moverse. El temor a enfrentamientos armados y a la presencia de minas terrestres en las áreas circundantes ha paralizado a la población civil, que se enfrenta a grandes riesgos al intentar abandonar sus hogares.

Además del confinamiento, se evidenció incremento en el desplazamiento de personas en ciertas áreas del país. A pesar de una reducción del 13 por ciento en el desplazamiento masivo a nivel nacional, departamentos como Cauca presentaron un incremento en el número de personas en donde el aumento fue del 80 por ciento. En Nariño el aumento también fue pronunciado, con un 80 por ciento más de casos que en 2022. 

Estos desplazamientos masivos y el confinamiento prolongado no solo tienen un impacto humanitario, sino que también generan graves consecuencias económicas para las personas afectadas. La interrupción de las actividades agrícolas, comerciales y laborales debido a la violencia y la inseguridad limita el acceso a los recursos básicos y afecta negativamente el sustento de estas comunidades, lo que exacerba aún más su vulnerabilidad.

Minas antipersona y explosivos 

En 2023 se registraron 380 víctimas y 61 fallecidos a causa de minas antipersona, restos explosivos de guerra y otros artefactos explosivos. Si bien la cifra general es menor que la del año anterior, se observó un aumento en el número de regiones donde ocurrieron este tipo de incidentes.

El 71 por ciento de las víctimas se concentra en los departamentos de Nariño, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Del total de víctimas, el 54 por ciento son civiles, el 40,5 por ciento son miembros de la fuerza pública y el 5,5 por ciento restante pertenece a grupos no armados no estatales.

Aumento de la violencia en contra del personal de la salud

Durante la conferencia, el jefe de la delegación del CICR también se refirió a los ataques en contra del personal médico humanitario que se extiende a lo largo del territorio colombiano y expresó que esta tendencia es un problema social que va más allá del conflicto armado, pues el 63 por ciento de los casos se dan por fuera de ese contexto. 

Los departamentos con mayor afectación por ataques a la asistencia médica son Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Nariño.

De igual forma, alertó sobre el hecho de que se hayan registrado nueve casos de homicidios de personas que contribuían a los servicios de salud, marcando un aumento en comparación con los últimos cinco años.

El CICR hizo un llamado a respetar el DIH, existan o no ceses al fuego y reiteró la función del Gobierno a garantizar la protección tanto de la población civil como del personal humanitario, que resultan en medio de los enfrentamientos entre grupos armados estatales o no estatales. Además, resaltaron que la labor humanitaria que hacen es fundamental para contrarrestar los efectos de la guerra en los territorios. 

Ocho conflictos internos activos

El CICR utiliza el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como referencia para determinar si una situación de violencia puede ser considerada como un conflicto armado no internacional. Para ello, se evalúan dos criterios principales: que los grupos armados involucrados tengan un nivel adecuado de organización y que las hostilidades entre las partes alcancen un nivel mínimo de intensidad. 

La entidad identificó que en Colombia, hay actualmente ocho conflictos armados clasificados como no internacionales según nuestro marco legal vigente. Tres de estos conflictos involucran al Estado colombiano y a los siguientes grupos armados, respectivamente: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o mejor conocido como Clan del Golfo y los antiguos grupos de las FARC-EP que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. 

Fuente: CICR