La lucha a muerte por las minas de oro del sur de Bolívar

El martes 21 de noviembre, los habitantes del corregimiento Mina Guaraperia, del municipio de Morales, en el sur del departamento de Bolívar, se despertaron por el cruce de disparos entre los grupos ilegales que delinquen en la región.

Hombres, mujeres y niños se dedicaron a observar, desde una esquina, la serranía de San Lucas, donde ocurría la batalla. La escena quedó grabada en un video que comenzó a rodar por las redes sociales.

Desde comienzos de octubre, este ha sido el diario vivir de los habitantes de varios municipios del sur de Bolívar, testigos de las confrontaciones armadas que se presentan entre la subestructura Erlin Pino Duarte, del Clan del Golfo; la Darío Ramírez Castro, del ELN, y el frente 37 de las disidencias de las Farc, por el control de 13 minas de oro que son la principal fuente de riqueza de la zona.

Por supuesto, la guerra ha provocado el desplazamiento de cientos de familias, y el confinamiento de otro tanto, por el terror que infunden los grupos cada uno por su lado.

Riqueza dorada

Según el testimonio de un habitante de la región, cada mina puede generar hasta cinco kilos de oro, es decir, al menos 35 kilos semanalmente; un negocio rentable, si se tiene en cuenta que el gramo se vende, en promedio, a 220.000 pesos, es decir, más de 10.000 millones pesos en siete días.

Esa es la razón por la que se han incrementado las disputas entre alias Jaime Guaraca, del frente 37 de las disidencias de las Farc, quien se unió a Mauricio Casinga, de la estructura Darío Ramírez Castro, del ELN, para sacar de la zona a los integrantes del Clan del Golfo comandados por alias Chirimoya.

Inteligencia militar ha detectado que el mineral es sacado de la zona por un corredor que comunica al sur de Bolívar con Norte de Santander, para luego pasarlo a territorio venezolano, donde puede ser vendido al triple de precio del que se comercia en Colombia. 

La indiferencia del Estado

CAMBIO habló con dos líderes de la zona que pidieron reserva en su nombre, quienes ratificaron que el aumento de las confrontaciones armadas se debe no solo a la explotación de la minería ilegal, sino al incremento de los cultivos de coca, que han aumentado en los últimos cinco años.

“De esta zona olvidada nunca se han ido los grupos armados. Creíamos que con el Acuerdo de Paz, las Farc desaparecían; pero llegaron a copar la zona otros actores ilegales que han hecho que el conflicto no se detenga”, asegura uno de los pobladores.

La realidad –denuncia otro de los líderes– es que los grupos ilegales, motivados por la riqueza de la zona, se han establecido en diferentes posiciones estratégicas a lo largo de la región. “En la parte alta de la serranía de San Lucas está la Erlin Pino Duarte, del Clan del Golfo, que está siendo desplazada por las disidencias de las Farc y el ELN”.

Mientras tanto, los pobladores se quejan de que la respuesta del Gobierno no ha sido pensar en las comunidades, sino en aumentar la presencia militar con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército, que tiene la tarea de combatir la minería ilegal y la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

“Desde comienzos de 2023 los enfrentamientos aumentaron. Antes, la presencia de los grupos ilegales era en un municipio o corregimiento, ahora están en toda la serranía, lo que se evidencia en un aumento del confinamiento y desplazamiento en la región”, afirma uno de los campesinos.

Los representantes de las comunidades ruegan para que el Gobierno llegue con verdaderas propuestas en beneficio de los habitantes de la región. “Los puestos de salud, las escuelas, las carreteras, en su mayoría han sido construidas y sostenidas por las mismas comunidades. Si en una vereda se requiere un maestro para que le dicte clase a los menores, es la misma comunidad la que tiene que pagarle, alimentarlo y darle vivienda”, afirma uno de los líderes. En la práctica, por más fuerza pública, se sienten abandonados.

La gente está confinada o se ha ido

Ante la emergencia que viven los pobladores de las zonas rurales y cascos urbanos en el Sur de Bolívar, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó una reunión de los organismos de control para garantizar la vida de los pobladores de la región.

“Hemos solicitado a la Gobernación de Bolívar, a través de nuestra Regional Magdalena Medio, una sesión con carácter urgente del Subcomité de Justicia Transicional en Santa Rosa del Sur para que sea abordada la difícil situación, vulneratoria de derechos humanos, e implementadas las medidas necesarias que permitan atender lo que están viviendo las personas afectadas”, dijo el Defensor del Pueblo.

En un informe, el organismo gubernamental denuncia que los habitantes de dos veredas del municipio de Santa Rosa del Sur están en situación de confinamiento, por el temor de quedar en medio de las hostilidades de los tres grupos. Entre tanto, las comunidades de las zonas rurales de Cantagallo, San Pablo, Simití, Morales y Arenal, buscando protección, pues tuvieron que salir de sus viviendas rumbo a los cascos urbanos de esos municipios.

“Los combates van en contravía de lo establecido en el derecho internacional humanitario porque la población civil queda en medio del fuego cruzado, no es solo pánico del que son víctimas las comunidades campesinas e indígenas, también sus vidas corren peligro”, indicó Carlos Camargo.

Las tres estructuras ilegales se han venido disputando el control territorial y el manejo de economías ilícitas y rentas criminales derivadas de la extorsión. Sin embargo, en algunas zonas se han dado acuerdos entre el ELN y el Estado Mayor Central, lo cual ha permitido que en algunos corregimientos coexistan los dos actores armados.

El defensor del pueblo les solicitó a las autoridades locales y nacionales atender la Alerta Temprana 034 de 2023, emitida por la entidad garante de los derechos humanos: “Les extendemos nuestro llamado para que acojan una serie de recomendaciones que tienen como fin la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado en esa zona del departamento de Bolívar”.

El mensaje fue escuchado. Este viernes 24 de noviembre llegó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hélder Giraldo, acompañado de la cúpula militar, a Santa Rosa del Sur, para revisar las operaciones militares.

Para interceder por la población, el general anunció la llegada, en la próximas horas, de unidades de fuerzas especiales que adelantarán operaciones de seguridad. “Las tropas desplegadas actualmente en la región han logrado la captura de cuatro integrantes del Clan del Golfo, la destrucción de 21 artefactos explosivos, la ubicación y destrucción de cuatro campamentos y cinco laboratorios para procesar pasta base de coca, así como la incautación de material de guerra, intendencia y comunicaciones”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.

Con esta medida, se espera que las condiciones de seguridad mejoren de manera significativa y le resten margen de maniobra a los grupos armados organizados que delinquen en Bolívar y que tienen prácticamente tomado el sur del departamento.