La masacre de El Salado: cinco días de horror y una herida que sigue abierta luego de 25 años

A principios de los años 2000, la región de Montes de María sufrió una ola de violencia armada perpetrada por grupos paramilitares, quienes, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, cometieron un total de 42 masacres entre 1999 y 2001. La concentración temporal y territorial de estos crímenes en esta zona se percibía como una marcha triunfal paramilitar, que, en ese momento, daba la impresión de una clara división del país entre un norte contrainsurgente y un sur guerrillero.

Una de las masacres más sangrientas y devastadoras fue la de El Salado, un pequeño corregimiento de El Carmen de Bolívar. Durante cinco días, del 16 al 21 de febrero de 2000, sus habitantes fueron testigos directos de la crueldad humana en su máxima expresión.

A 25 años de este trágico episodio en la historia de Colombia, CAMBIO rememora los hechos ocurridos y las acciones judiciales que han tenido lugar desde entonces.

¿Cómo fue la masacre de El Salado?

La masacre de El Salado fue planeada en la finca El Avión, en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, por los jefes paramilitares del Bloque Norte: Salvatore Mancuso, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, ambos gestores de paz. También participaron John Henao, alias Jonhsito o H2, representante de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. 

El ataque contó con el respaldo de paramilitares de San Onofre y El Guamo, que operaban en Montes de María bajo el frente Rito Antonio Ochoa desde 1997. Estos grupos, comandados por Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, y alias el Gallo, buscaban arrebatarles a las Farc el control del sur de Bolívar.

El poderío paramilitar quedó en evidencia en la masacre de El Salado: un despliegue de 450 hombres, sobrevuelos de helicópteros, el confinamiento forzado de la población y el aislamiento total del corregimiento. Sin resistencia alguna, cometieron sus atrocidades a plena luz del día. 

Según una crónica de Alberto Salcedo Ramos llamada El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas, el primer asesinado fue Eduardo Novoa Alvis, a quien luego de torturarlo "le arrancaron las orejas con un cuchillo y después le embutieron la cabeza en un costal". El texto también señala que "para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y gaitas que habían sustraído de la Casa de la Cultura". 

A diferencia de otras masacres, en El Salado los paramilitares no llevaban listas con nombres específicos. Irrumpieron en las casas derribando puertas a patadas y obligaron a la población a reunirse en la plaza pública.

Durante los cinco días desataron una ola de terror en el pueblo y sus alrededores. No solo acabaron con la vida de unas 60 personas, también ejecutaron los crímenes de forma brutal y a la vista de todos, mediante torturas y actos de extrema violencia. Cuando finalmente los paramilitares se marcharon, la mayoría de cuerpos yacían en la cancha de fútbol principal.

El Centro de Memoria Histórica documentó 60 víctimas fatales: 52 hombres y ocho mujeres. Entre ellas, había tres menores de edad, 12 jóvenes de entre 18 y 25 años, 10 adultos jóvenes de 26 a 35 años, 23 adultos de entre 36 y 55 años y 10 adultos mayores. La edad de las otras dos personas no pudo ser identificada.

Un día después de la masacre llegó el Ejército, argumentando que no habían escuchado nada.

¿Qué ha pasado con los responsables?

A lo largo de los años, diversos responsables han enfrentado procesos judiciales por su participación en estos y otros hechos atroces. Esto es lo que ha pasado con algunos de los implicados en los últimos años. 

Salvatore Mancuso

Excomandante paramilitar y uno de los líderes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras su desmovilización en 2005, fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde enfrentó cargos por narcotráfico. En 2023, fue designado como gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40

Otro de los líderes del Bloque Norte de las AUC, extraditado a Estados Unidos en 2008 junto con otros jefes paramilitares. Tras cumplir una condena por narcotráfico en ese país, fue deportado a Colombia en 2020. Actualmente, enfrenta múltiples procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado y, al igual que Mancuso, ha sido nombrado gestor de paz para colaborar en procesos de verdad y reconciliación.

John Henao, alias Jonhsito o H2

Participó en la planificación de la masacre como delegado de los hermanos Castaño. Aunque se desmovilizó junto con otros miembros de las AUC, su paradero y situación judicial actual no están claramente documentados. 

Hermanos Carlos y Vicente Castaño

Fundadores y líderes de las AUC. Carlos Castaño fue asesinado en 2004, presuntamente por disputas internas dentro de la organización paramilitar. Vicente Castaño, por su parte, desapareció en 2007 y se presume que también fue asesinado, aunque su destino final sigue siendo incierto.

Eduard Covos Téllez, alias Diego Vecino y Uber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique

Ambos comandantes paramilitares fueron condenados a 40 años de prisión por su participación en la masacre de El Salado. Sin embargo, debido al proceso de desmovilización de las autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe, pagaron penas de ocho años. En 2020, Juancho Dique pidió perdón a dos sobrevivientes de la masacre, en un acto simbólico de reconciliación.

Además de los mencionados, otros 49 responsables del ataque fueron condenados, pero recibieron penas reducidas debido al proceso de desmovilización.

¿Cómo va la reparación a las víctimas?

En 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP inició el trámite de medidas cautelares sobre el cementerio del corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, debido a la exposición de estructuras óseas de personas que, presuntamente, fueron víctimas de desaparición forzada durante la masacre de El Salado. No obstante, en 2022, la entidad levantó dichas medidas.

Sobre esta decisión, el tribunal especial explicó: “Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado de El Carmen de Bolívar, con ocasión de la existencia de bóvedas abiertas con exhibición de estructuras óseas, de quienes, en su momento, consideraron los peticionarios podrían corresponder a víctimas de la masacre, en condición de no identificadas”.

En febrero de 2024, víctimas de los Montes de María participaron en una diligencia judicial de la JEP en el marco del Caso 08, un expediente que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado.

Sobre el estado del proceso, la magistrada María del Pilar Valencia de la JEP explicó que el Caso 08 se encuentra en fase dialógica, por lo que continuará con el contraste de pruebas y la escucha de las versiones de los presuntos responsables identificados.

Durante la audiencia, la magistrada también resaltó el papel de las víctimas y aseguró: “Las medidas restaurativas es lo que ustedes esperan como comunidad para sentirse honrados, tratados dignamente y fortalecidos para seguir adelante con dignidad, y la JEP trabaja en ello”. Antes de finalizar, reconoció la valentía, la persistencia y la resistencia de las comunidades de los Montes de María.

Por su parte, el Centro de Memoria Histórica ha señalado que: "No se ha llevado a término la obligación de identificar, procesar y castigar a todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre, las torturas, los secuestros, los tratos denigrantes, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, las lesiones personales".