La Yunga: tierra propia para 86 familias del Huila, después de 15 años de espera

Desde lo alto, el reflejo es como un gran espejo plateado que corta los bordes de las montañas. Pero debajo de los casi dos millones de metros cúbicos de agua de la represa El Quimbo están las tierras y las historias sepultadas de los habitantes de seis poblaciones del Huila. Entre estos se cuentan los beneficiarios de la hacienda La Yunga, quienes después de más de 15 años, finalmente, fueron reubicados por el Gobierno de Gustavo Petro.

La Yunga es una finca de 630 hectáreas en Garzón, Huila, que fue comprada y entregada hace seis meses por Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a 84 familias afectadas por la construcción de la represa. La noticia llegó en un momento en el que muchos de los reclamantes ya habían perdido las esperanzas. Del primer grupo de desplazados, 40 murieron esperando la reubicación.

Los afectados por el megaproyecto de generación de energía eran habitantes de Altamira, Garzón, Agrado, Gigante, Tesalia y Paicol, con quienes el Gobierno nacional se comprometió, en ese momento, a entregarles tierras productivas como acto de reparación.

El 30 de junio de 2015, un chorro de agua desenfrenado entró por donde antes caminaba la gente e inundó todo. La imagen se acerca al resumen de la historia que cuenta Jairo Fernández Calderón, uno de los miembros de la comunidad que ha liderado la lucha por la reubicación. Él es un reconocido vocero que conoce, casi que una a una, las historias de 134 familias que fueron censadas como afectadas por la construcción de la represa en un área de influencia de seis municipios. Pero hubo muchos más afectados por el proyecto.

La Central Hidroeléctrica El Quimbo es una planta generadora de energía propiedad de la empresa Enel Colombia. Se nutre de las aguas del río Suaza y Magdalena y cuenta con una capacidad instalada de 400 megavatios y una generación media de 2.216 Gwh/año. Esto abastece a cerca del 4 por ciento de la demanda energética colombiana, según información de la compañía.

El Quimbo tiene un embalse de 8.250 hectáreas. Sus obras iniciaron en el 2010 y la operación comenzó en noviembre del 2015. La inversión para su construcción fue de 1.231 millones de dólares, según Enel, y junto con Betania, otra represa cercana, constituye una cadena de generación en el río Magdalena.

Borrados del mapa

En el momento de los anuncios del proyecto fueron censados 427 jornaleros de esos municipios, entre residentes y propietarios. De estos, 191 familias eran habitantes de la vereda La Escalerita, del municipio del Agrado, una comunidad fundada hace más de 45 años, durante la pasada reforma agraria.

Fernández recuerda que fue el propio presidente Álvaro Uribe quien declaró la utilidad pública de las 8.600 hectáreas para la construcción del Quimbo. En ese momento, el líder era concejal del Agrado. “Fue duro porque la gente empezó a preocuparse, ya que los campesinos iban a pedir prestado a los bancos y no les aprobaban nada porque todos los registros de las fincas estaban declaradas de utilidad pública”, explica.

Durante tres años vivieron en una incertidumbre tremenda e hicieron muchas manifestaciones, sobre todo en La Escalerita, cuyos habitantes fueron sacados de sus tierras con uniformados antimotines.

“Después de 16 años hemos empezado el proceso, ya tenemos cerca de 1.100 hectáreas entregadas del compromiso de 2.700. Pero, todo el mérito es de este Gobierno. La Yunga es una finca tan hermosa que la gente, como ustedes hoy se dan cuenta, está trabajando”, explica Fernández.

La Yunga era una hacienda referente de la región, pero estaba semiabandonada. Hoy tiene cultivos de aguacate, tomate, cítricos y maíz, la mayoría tiene sistema de agua por gravedad que viene de la quebrada la Pescada. Además, algunos campesinos han empezado proyectos de ganadería y lechería.

“Pensaba que ya no iba a pasar nada”

La casa principal de la antigua hacienda La Yunga quedó como vivienda comunitaria. En uno de sus cuartos vive Nini Bolívar, otra beneficiaria, que era residente en el sector de Balsadero, colindante con La Plata y El Pital. La mujer confiesa que por momentos, después de más de 15 años de espera, pensaba que ya no iba a haber nada.

“Cuando subió el presidente Petro, él decía mucho que iba a entregar tierras. Y uno siempre anhelaba que fuera la de uno. Me dijeron que era de la ANT y que me debía presentar el día miércoles en la Yunga que da para el lado de La Jagua. Me bloqueé porque era una de las noticias que uno esperaba”, dice sobre el momento en que recibió la llamada.

Nini no creía lo que escuchaba, por eso llamó a unos de sus líderes para que le confirmara. Esa noche, cuenta, no pudo dormir nada de tanto pensar en qué iba a hacer con esa tierra. “Yo decía: Dios mío, tú nunca nos has desamparado”, dice.

El día de la entrega llegó muy temprano y al ver la tierra pensó que era como “un paraíso”. Los reunieron y les informaron que sería por medio de un sorteo. Primero sortearon los puestos en la lista y luego el número del lote que les tocaba. A Nini le correspondió el puesto 63 y la parcela 58. Aunque ya eran las 6 de la tarde se fue a ver dónde quedaba el lote.

“La casualidad que me tocó una parcela muy hermosa, seis hectáreas de tierra, la cual agradezco muchísimo al señor presidente, a la ANT. No tardaron tampoco mucho en entregarnos nuestros papeles, con los que podemos decir que son de nosotros. Ya tenemos hasta las escrituras de nuestros predios”, explica Nini.

Llegó a su tierra el 23 de junio. Lo primero en lo que pensó fue en trabajar con animales, como gallinas, pollos de incubadora, cerdos. Luego echó mano de unos palos de aguacate que encontró, que es el cultivo que tiene ahora. Son 60 árboles, los cuales dan frutos cada 15 días. De eso viven ella y sus hijos. También tiene 60 pollos de campo y unas 23 gallinas que le producen unos 15 huevos diarios.

“Esto es algo que me ha cambiado totalmente la vida porque no hay nada comparable al campo, a lo que usted puede hacer y gestionar, usted tiene sus animales, puede salir, expresarse libremente, gozar de esto”, señala.

Más tierras, más vidas cambiadas

Edelmira Gutiérrez, que hace parte de la veeduría de seguimiento de la obligación de compra y adecuación de las 2.700 hectáreas, fue una de las personas identificadas en el censo de Enel en 2009.

La mujer cuenta que en ese momento fueron separados por grupos. El primero era el de los propietarios de los predios, estas personas adquirieron el derecho a una medida de compensación por sus casas, más cinco hectáreas de tierra y un proyecto productivo.

Otro grupo fue el de los no residentes, es decir, la población que vivía fuera de la zona de influencia directa o de los predios que se inundaron, como en las cabeceras municipales o en otras veredas, pero que realizaban su actividad económica dentro de la zona.

El tercer grupo es el de la población especial o residentes no propietarios. O sea, que vivían dentro de la zona, pero además tenían una actividad económica. Dentro de este quedaron las madres cabeza de hogar, jornaleros, pescadores, mayordomos y otros con cualquier actividad económica dentro de la zona que iba a ser inundada.

“Para mí es muy satisfactorio ver que esta lucha que hemos llevado está dando sus frutos y nos da alegría ver que la gente viene con ánimo a trabajar”, dice Gutiérrez, quien junto a sus hijos optaron por un proyecto ganadero. Incluso, uno de ellos está estudiando Producción Ganadera en el Sena.  

Antes de que El Quimbo arrasara con todo, Mariano Garizado León vivía en el sector de La Escalerita, en la vereda del Caguán. Fue uno de los primeros en recibir su parcela. Está feliz porque a sus 66 años, dice, trabaja en lo suyo y no va a producir para otro.

Le tocó un sector que también tiene palos de aguacate que son los que le “están dando la comidita”. Pero también le preocupa los compañeros que faltan por recibir sus tierras.

La nueva tierra le dio el impulso para experimentar con nuevas cosechas. Está probando con el pimentón, del que dice que la semilla es muy costosa. Para esto se unió a un joven amigo que lo conoce mejor. Sus matas ya están floreadas, por lo que confía que en 60 días ya debe estar cogiendo los primeros frutos.

“Estábamos un poco desilusionados, a pesar de que teníamos unos líderes que estaban metiendo la ficha, pero usted sabe que cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Estaba un poco complicado por asuntos de papeles, de la licencia ambiental, sin embargo, dieron la batalla”, resume sus sentimientos durante la espera.

Cerca de él, en la parcela 79, está Óscar Llanos, quien junto a su padre le meten mano a un cultivo de cacao y plátano. Desde una de las lomas de la tierra se ve el viaducto nacional sobre la represa. Antes de la llegada de la represa su papá era mayordomo de una finca y él era jornalero en una piscícola del sector de Río Loro. La mayoría de esa comunidad eran pescadores, maquinistas y volqueteros que sacaban arena. Se decidieron por el plátano y el cacao porque son los cultivos que ya conocen, saben cómo trabajarlos y que pueden ser un buen negocio.

Con seriedad explica que las matas nuevas de plátanos se sacan de las otras más grandes. En la tierra se hace un hoyo de unos 40 centímetros de profundidad por unos 30 centímetros de ancho y se deja aproximadamente unos ocho días para sembrar. Después se tapa el hueco y hay que fumigar periódicamente, según se le vayan detectando enfermedades. La parcela de Llanos está a 800 metros sobre el nivel del mar, por eso espera tener su primera cosecha en 16 meses. Con el cacao es a otro ritmo porque demora más de dos años para empezar a producir.

“Necesitamos un impulso para la producción”

Durante los acuerdos con las comunidades, la empresa Enel se comprometió a hacer la adecuación del riego por gravedad en las tierras, pero esto no ha sido posible por algunas condiciones geográficas y por la misma falta de tierras.

La esperanza de los beneficiarios de La Yunga y de los otros predios de beneficiarios del Quimbo es que en el Gobierno nacional sea autorizado el cambio de licencia ambiental de sus tierras para así cambiar el beneficio del sistema de riego acordado por una indemnización económica que les sirva como impulso para sus proyectos.

La idea es que cada familia reciba una compensación de 85 millones en efectivo para armar su proyecto. “Tenemos un espejo muy clarito en Yunga. Acá cada persona con 10 millones de pesos le pone riego a todo, ya quedamos con todo irrigado. Y entonces los otros 75 millones son para trabajar en su parcela”, dice Fernández.

La posibilidad de ese beneficio económico va por buen camino, porque en la más reciente reunión del Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Minas y Energía, los alcaldes y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) fue firmado un acuerdo de entendimiento. La aprobación está solo a la espera del trámite administrativo.

Eso alegra mucho a Hernán Palacios Salazar, un campesino muy popular, aunque todos lo conocen solo como el Pollo, su remoquete. Él trabaja en la parcela que le fue asignada a su esposa. Rula al cinto y botas pantaneras siempre, recorre la parcela de la que dice “no tiene tierra mala”.

Palacios no va con titubeos y dice que después de tantos presidentes prometiendo durante años, Gustavo Petro fue el que de verdad los tuvo en cuenta.

“La bendición ya nos la dieron, que fue la tierra. De ahí para adelante, nos toca ponernos pilas, con esfuerzo, para que se vean los frutos. Está cultivando maíz para silo, que funciona mejor en costo-beneficio, porque en solo 75 días se puede recoger, empacar y vender”, dice.

El Pollo cree que la única forma de consolidar los proyectos de todos los beneficiarios de la Yunga es trabajando juntos. “Uno tiene que rascar para que lo rasquen”, sentencia con ese acento huilense que parece saborear algunas sílabas de las palabras.

*Contenido elaborado con apoyo de la ANT.