De la inercia a la acción: así se imagina una mejor democracia y se revitaliza la participación ciudadana

Así ha sido la participación de los colombianos en los procesos electorales recientes. 

En Colombia, los ciudadanos suelen participar más en las elecciones locales que en las nacionales. 
La primera vez en que se rompió esta tradición fue entre los años 2022 y 2023, cuando se presentó una aportación similar entre ambos comicios, con un 58% de votantes en las presidenciales y del Congreso frente a un 59 % en las de alcaldes y gobernadores, según los informes presentados por la Misión de Observación Electoral (MOE). 
Este comportamiento se debió a que, en 2022, muchas personas que antes no lo hacían concurrieron a la votación para presidente e incrementaron dicha participación de un 54% a un 58%. Esos 4 puntos porcentuales de diferencia explican que no fuera tan amplia la brecha entre las elecciones presidenciales y las locales. 

Expertos explican el comportamiento de los colombianos frente a los procesos democráticos

“Tenemos una relación clientelar y perversa con la representación política”: Misión de Observación Electoral (MOE).

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral y experta en relaciones internacionales y resolución de conflictos, es importante tener en cuenta que, en el caso de las elecciones locales, a las personas les interesa quién va a hacer su alcalde por ser una autoridad más cercana. Y por consiguiente las afecta más este debate, al tiempo que se preocupan más por conocer las diferentes candidaturas y se comprometen mejor con los procesos electorales locales. Como consecuencia, se genera mucha más masa crítica debido a que participan muchos más ciudadanos informados.

Pero no todo es positivo en este proceso. “Lamentablemente, en Colombia sufrimos unas distorsiones electorales como son el clientelismo y la compra de votos, que producen una oferta de bienes y servicios del Estado a cambio de sufragios. Esto es algo que sucede sobre todo en las ciudades más pequeñas y en las que, precisamente, el mayor empleador es el municipio, lo cual genera que haya más propensión a comprar votos y ofrecer cupos escolares o subsidios con el fin de obtener el favorecimiento ciudadano. Cuando el mayor o el único empleador es el gobierno local, los procesos electorales son muy pugnaces puesto que lo que se está jugando es la supervivencia laboral de la población durante cuatro años”, advierte la directora nacional de la MOE. 

Y agrega que, en cuanto a las elecciones presidenciales, “el comportamiento es completamente diferente. Y aunque también se observan distorsiones electorales, sobre todo en las grandes ciudades, este es un voto más de opinión”, complementa. 

Con relación a las elecciones para el actual Congreso de la República, señala que este proceso en particular tuvo un comportamiento diferente en la campaña electoral, pues se presentaron varias listas cerradas generando la oportunidad de tener una representación más amplia. “Usualmente, lo que producen las listas abiertas es que se fomente la relación clientelista, pues hay una mayor competencia no tanto frente a otras listas, sino entre los candidatos de una misma, lo cual crea confrontaciones voraces entre ellos. Esto le hace muchísimo daño a la democracia, pues generalmente lo que se ve son acusaciones de corrupción, y de comportamientos poco adecuados o con la ciudadanía o en la relación con lo público. Como consecuencia, hay una falta de aprecio por el ejercicio de la representación política y, sobre todo, mucha desconfianza hacia los candidatos, las instituciones y la administración pública. A ello hay que sumarle que hay mucha confusión sobre lo que en realidad puede hacer un congresista”, agrega.

Para Alejandra Barrios, quien creó la Misión de Observación Electoral en 2006 y desde entonces la dirige, en Colombia “tenemos una relación muy perversa con la representación política. Es una relación clientelar”.

La participación en los procesos democráticos va más allá de salir a votar. Entrevistamos a los líderes de organizaciones como Dejusticia, Transparencia por Colombia, Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y la Comisión de Conciliación Nacional, con el fin de conocer sus puntos de vista frente a la participación de la ciudadanía en los diferentes procesos democráticos en Colombia. 

“Nuestra cultura política no facilita una participación ciudadana robusta”: Dejusticia.

Según el abogado especialista en derecho constitucional e investigador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, para comprender la actitud de los colombianos frente a la participación en procesos democráticos hay que tener en cuenta que la situación del país es paradójica. “Si bien Colombia mantiene unas tradiciones democráticas largas y fuertes comparadas con las de otros países de América Latina, al mismo tiempo tiene una participación democrática y una movilización social relativamente débiles, si se compara con las de países como Argentina, Chile, Bolivia y, en algunos momentos, con Venezuela y México, que tienen movilizaciones y formas de participación masivas”, explica. 

Anota que, de manera reciente en Colombia y al menos hasta el proceso de paz con las Farc, era relativamente extraño que ocurrieran grandes movilizaciones. Sin embargo, el estallido social entre 2019 y 2021 demostró que el país puede generar también esas formas de manifestación muy fuertes, a veces violentas, semejantes a las de otras naciones de América Latina. 

Para Uprimny, hay varias hipótesis que explican el porqué de esa débil participación ciudadana en Colombia. “Una primera conjetura establece que, mientras existió la economía del café como fundamental, se debilitó el movimiento social popular porque dicha economía estaba basada en pequeños productores cafeteros que vivían situaciones sociales comparativamente y relativamente buenas. Otra hipótesis tiene que ver con la ausencia de inmigración fuerte en Colombia, lo cual generó debilidad en los movimientos sociales debido a la ausencia de ideologías favorables a las movilizaciones sociales, como sí sucedió en otros países de América Latina. La tercera hipótesis está relacionada con factores políticos por la manera en que durante muchos años el bipartidismo ‘encuadró’ a los sectores populares. Ello generó movilizaciones dentro de los partidos, pero no sociales ni amplias”.

El jurista, experto en sociología del desarrollo, resalta además que también se debe reconocer la influencia del conflicto armado y la violencia en Colombia, ya que los asesinatos de líderes sociales persisten en el país para amputar los liderazgos de los movimientos sociales e inhibir la participación ciudadana.

“Esta combinación de elementos genera una cultura política que no es tan proclive a la participación ciudadana robusta. También debe tenerse en cuenta que la Constitución del 91 ha creado una cultura de protección judicial más fuerte de los derechos, lo cual ha sido muy bueno. Sin embargo, recientemente no le ha ido tan bien en la dinamización de la participación ciudadana, pues sus formas de regulación han tendido a inhibirla al hacerla más difícil”, subraya el investigador de Dejusticia. 

“Los escándalos de corrupción afectan la credibilidad de las instituciones democráticas”: Transparencia por Colombia.

Por su parte, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, destaca que en la Constitución del 91 se incorporaron muchos elementos de democracia participativa que han llevado al país una evolución muy interesante y que, específicamente, en el tema de la lucha contra la corrupción, ha permitido contar con la ciudadanía como uno de los principales contrapesos al ejercicio del poder. “La participación ciudadana es un elemento fundamental que, por supuesto, tiene retos en la práctica. De unos años para acá estamos contando con una situación muy difícil en términos de restricción del espacio cívico. Sin embargo, para nosotros es fundamental seguir defendiendo y fortaleciendo esa participación. El reto sigue siendo enorme, pero insistimos en que uno de los principales motores para mover y cambiar lo que no funciona es, sin duda, la participación de la ciudadanía y el activismo cívico”, afirma.

Con respecto a la percepción de corrupción en Colombia y su incidencia en la participación de los ciudadanos, Hernández resalta dos tendencias actuales. “Una se relaciona con los titulares de las noticias de escándalos de corrupción que hacen que la gente tienda a perder la credibilidad en la institucionalidad democrática y, por tanto, a perder las ganas de involucrarse en los asuntos públicos, muchas veces con una actitud de frustración o de resignación. Al mismo tiempo vemos que se están generando manifestaciones en el país, porque tal y como lo decimos en Transparencia por Colombia, no puede ser normal que nos roben los recursos. No es normal que debido a la corrupción estemos afectando los derechos de niñas, niños y adolescentes en distintos lugares del país”, asegura Hernández, quien se considera un activista anticorrupción. 

“Si la gente no ve mejoras en su forma de vida, la democracia y el autoritarismo le dan lo mismo”: CINEP.

“Veo desencanto e indiferencia frente a la democracia en Colombia”, comenta a su turno la directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Martha Lucía Márquez. “Cuando la gente piensa en democracia lo hace en un sistema que le garantice sus derechos sociales y se traduzca en una mejora de su forma de vida. Y esto no lo estamos viendo en el país”, advierte. 

Martha Lucía Márquez, quien además es profesora de Historia de América Latina en la maestría de Estudios Internacionales de la Universidad Javeriana, asegura que este escenario es similar en varios países latinoamericanos en los que las democracias no le están garantizando a la gente vivir bien y, por ende, hay un retroceso social. “Si uno mira el ‘Latinobarometro’ se da cuenta de que en América Latina a la gente le da lo mismo la democracia que el autoritarismo, pues no sólo está pensando en poder elegir y ser elegida y que haya una garantía de derechos políticos y civiles, sino también en gozar de los derechos sociales como son la educación, la salud y la vivienda”. 

“A pesar de que en Colombia ha habido una activación de la participación ciudadana en los sectores populares y entre los jóvenes –ya sea a través de coaliciones con los partidos tradicionales o a través de la movilización–, lo que se ha visto es que el Estado colombiano no está ofreciendo las garantías de seguridad necesarias para que la gente pueda participar. Hay nuevos liderazgos que surgieron del Acuerdo de Paz, pero muchos de ellos han sido asesinados. De hecho, ya van más de 400 líderes sociales ultimados”, indica la filósofa y doctora en Ciencias Sociales.

Para la experta, el sistema político goza de varias fallas. “Nuestra democracia en Colombia es una democracia pobre, pues apenas alcanzamos a ser una democracia electoral. Digo ‘apenas’ porque en nuestras elecciones no hay transparencia, hay compra de votos, no hay voto informado, y siempre hay sospecha de corrupción y fraude. Tampoco somos una democracia social que garantice los derechos sociales de la gente, ni una democracia paritaria, ni mucho menos una democracia deliberativa. Esto nos pone en un escenario complicado”, puntualiza Martha Lucía Márquez, la primera directora mujer del Cinep/Programa por la paz. 

“En Colombia estamos en una transición hacia una apertura democrática”: Viva la ciudadanía.

Sobre la apatía frente al sistema político democrático en Colombia, el director de Viva la ciudadanía, José Luciano Sanín, prioriza que los 70 años de conflicto armado afectaron muchísimo la democracia, ya que ésta estuvo muy suspendida e incluso inexistente en muchos territorios en donde la guerra arreció. “Aunque formalmente fuéramos una República Democrática, había partes del territorio en las que esa realidad no existía. Entonces, esa doble personalidad, en la que en el centro y en los papeles somos una democracia pero en la periferia no, es una de las constantes de nuestra historia. La presencia tan fuerte de la guerra y de su discurso político en los territorios hizo que la democracia fuera marginal y esa marginalidad nos impidió su aprendizaje social”.

Anota que, adicionalmente, en esta época se deterioraron los sujetos de la democracia. “Partidos políticos fueron exterminados y, dirigentes, asesinados. Las instituciones también se vieron afectadas. Todo eso hizo que la democracia se limitara mucho en lo institucional y también en los valores. En medio de la guerra se le daba importancia no a la democracia sino a la seguridad a costa de la democracia”, apunta. 

Para el director de Viva la Ciudadanía, en Colombia vivimos en una especie de esquizofrenia, en una paradoja o en un claro-oscuro democrático. “Aquí la democracia también está signada por la Constitución del 91, que permitió una gran apertura con nuevos mecanismos de participación que permitieron el surgimiento de nuevos actores políticos, un novedoso régimen de derechos y un mayor equilibrio de los poderes”, añade este abogado especializado en derecho laboral y profesor de la Universidad de los Andes. 

Sanín reconoce que en la última década –y sobre todo con el Acuerdo de Paz– ha habido un incremento muy importante de la participación de la ciudadanía en las elecciones y un creciente interés de la ciudadanía en lo público. “Esto se lo atribuyo al hecho de que la paz abrió un nuevo horizonte. La apatía no es total. El Paro Nacional que vivimos es la expresión democrática de una sociedad que quiere ser oída en toda nuestra diversidad. En Colombia tenemos al tiempo procesos de apertura y de limitación democrática. Y estamos en una transición hacia una apertura democrática”.

“La participación ciudadana no se puede forzar, sino que nace cuando sentimos que nuestras opiniones son tenidas en cuenta”: Foro Nacional por Colombia.

Marcela Restrepo, presidenta ejecutiva de Foro Nacional por Colombia, está convencida de que la participación ciudadana es un derecho autónomo que se ha debilitado porque el modelo democrático en el país está en crisis desde hace cuatro décadas. “Necesitamos una democracia que se exprese en mi existencia, que vaya más allá de salir a votar. Lo que queremos es que ese voto se traduzca en condiciones de vida y garantía de derechos y que, además, si no estoy de acuerdo con algo, pueda salir tranquilamente a protestar”. 

Afirma también que nuestra cultura política no está preparada para las voces disonantes, que los jóvenes no se sienten representados, que no hay un acceso a la información como un bien público –lo cual desincentiva la participación– y que, como si fuera poco, los canales participativos existentes son altamente controlados por las autoridades políticas. “La gente no tiene incentivos para intervenir porque no siente que su voz sea tenida en cuenta. Entonces, ¿participar para qué?”.

Socióloga y con casi 30 años en el ejercicio de la ciudadanía activa a favor del fortalecimiento de la democracia, la garantía de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, la presidenta de Foro Nacional por Colombia piensa que en este país somos demasiado formales y que eso incide de manera negativa en la participación. “Los jóvenes no quieren hacer parte de los Consejos Nacionales de Juventud, pero sí les gustaría agruparse de manera autónoma para presentar propuestas a los alcaldes. La participación ciudadana es como el amor: no se puede forzar, tiene que nacer. Lo que se necesita, entonces, es que si a uno le nace participar, cuente con todas las condiciones para hacerlo”.

“Cuando hay hambre y corrupción es imposible la participación con conciencia, libertad y garantías”: Comisión de Conciliación Nacional.

“Frente a la participación en los procesos democráticos en Colombia hay una actitud de inercia y una pasividad por parte de la masa social debido a tres grandes problemas, que son: el sometimiento, el empobrecimiento y la exclusión”. Esa es la posición del padre Eliécer Soto, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, quien agrega que “ello ha generado una cultura de dependencia y una actitud de resignación en muchos colombianos a los que se les ha negado la posibilidad de acceder a la riqueza, por cuenta del saqueo de los recursos de los sectores público y privado, y cuyo empobrecimiento va de la mano del sometimiento social y militar. Son personas que se acostumbraron a las prácticas corruptas, pues son parte de su cotidianidad, y esto genera una situación de supervivencia, por lo que, a la hora de votar, hasta ahí les llega la dignidad y la transparencia”, reflexiona el sacerdote, quien además es teólogo, filósofo y sociólogo especializado en desarrollo humano integral y sociopolítica. 

“La inequidad trae hambre y, ésta, dependencia e inercia, lo cual facilita el sometimiento. Y en Colombia el abstencionismo es reflejo de ese sometimiento. Aquí reina la falta participación con conciencia, con libertad y con garantías. A la gente hay que demostrarle que vender el voto es tan pecado como serle infiel a la mujer o al marido, y la misión de las iglesias, no sólo de la católica, es evangelizar para poder avanzar y así pasar de la oscuridad de la corrupción de lo público y de la compra de votos, a la luz de una democracia transparente y sincera”, puntualiza el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional.

Estas organizaciones que trabajan desde lo académico, lo legislativo o lo vivencial, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, aportan sus aprendizajes y experiencias y, además, comparten sus recomendaciones para promover la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos. 

“Para promover la participación ciudadana debemos recuperar la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, y reglamentar las coaliciones para tener partidos políticos más fuertes”: Movimiento de Observación Electoral (MOE).

“Nuestras recomendaciones apuntan a mejorar no sólo la calidad de la participación, sino también la de la calidad de la ciudadanía, para que participe de manera más informada y tome decisiones pensando en el bien común. Lo primero que hemos recomendado es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea objeto de una reforma más profunda, para que tenga presencia en todo el país, en los 1.103 municipios, y para que haya mayor claridad frente al tema de la financiación de las campañas políticas. El CNE debe ser una organización no partidista, conformada por personas muy conocedoras del proceso electoral, que generen credibilidad en los procesos”, señala Alejandra Barrios, directora del Movimiento de Observación Electoral.

“También recomendamos tener partidos políticos fuertes, que internamente sean democráticos, porque lo que tenemos hoy es una especie de franquicias que entregan avales como mecanismos de financiación. Actualmente, el país cuenta con 37 organizaciones políticas, que más que partidos son empresas que se lucran durante cada proceso electoral. Por eso hay que reglamentar de manera muy clara las coaliciones, para que haya identidades ideológicas, además de responsabilidad y disciplina política, y puedan garantizar así la transparencia de sus procesos y de cada uno de sus miembros”, propone.

“Estamos a favor del voto obligatorio para fomentar la participación e incrementar la votación en Colombia”: Dejusticia.

A su turno, Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, es claro en lo referente al sufragio electoral. “Cuando pensamos en mecanismos institucionales para estimular la participación ciudadana, yo estoy a favor, aunque sé que genera muchas polémicas, del voto obligatorio. En los países en los que lo hay, la participación se incrementa sustancialmente y supera el 90%”, afirma. 

Un segundo elemento para estimular la participación ciudadana tiene que ver con que quienes tengan cargos de dirección o de autoridad tomen en serio los resultados de los espacios de participación. “Si se les toma del pelo cuando se pronuncian, los ciudadanos se desencantan y deciden no volver a participar”, explica Uprimny.
 
El tercer factor tiene que ver con la cultura política del colombiano. “Aquí nos va muy bien cuando trabajamos de manera individual –advierte–, pero no tanto cuando lo hacemos en colectivo. Yo creo que para ser más productivos y eficientes hay que estimular la acción colectiva como parte fundamental de la cultura política de la participación”.

Y, por último, está el elemento de la violencia. “Si no se sanciona, no se investiga y no se judicializa por ejemplo el crimen contra líderes sociales, obviamente la participación de los ciudadanos se desestimula de forma atroz. Para estimularla hay que investigar, sancionar y judicializar a los violentos”, dice el investigador de Dejusticia. 

“Por medio de la corresponsabilidad, el activismo ciudadano y el acceso a la información pública podemos combatir la corrupción e impulsar la participación”: Transparencia por Colombia.

La propuesta concreta de Transparencia por Colombia, a través de su director Andrés Hernández, es una convocatoria social. “En Colombia contamos con una ciudadanía activa y muy vibrante, así que le apostamos a despertar el interés por la participación a través del activismo cívico. En ese sentido, hemos hecho un llamado a la corresponsabilidad, a través de acciones colectivas, que involucran a ciudadanía, veedurías, periodistas, medios de comunicación, academias y sector privado para luchar contra la corrupción”, explica. 

Un segundo elemento, muy importante según este experto luego de esa activación de corresponsabilidad, es poder avanzar en la generación de herramientas concretas que ayuden a llevar ese activismo ciudadano a un proceso de construcción de mayor transparencia en lo público. 

“Y un tercer elemento es impulsar, tanto en la práctica como a nivel normativo, el acceso a la información pública, que es fundamental para la participación. Para la relación entre ciudadanía y Estado, contar con más y mejor información no sólo nos permite enfrentar niveles complejos de corrupción, sino también garantizar muchos más derechos que están consagrados en nuestra Constitución”, señala el vocero de Transparencia por Colombia. 

“A través del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, trabajamos por el desarrollo de la democracia social, sustantiva y paritaria, y en la construcción de una paz positiva”: CINEP.

El papel del Cinep en la cimentación de la paz es intenso. “Junto con el Centro de Estudios de Recursos del Conflicto (Cerac), realizamos informes de verificación de la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz, que es la reforma rural integral, para entregarlos a un componente internacional. Para nosotros, esta es la base de la democracia social y lo que permite resolver las causas del conflicto. También hacemos el seguimiento del punto dos, que es el de la participación política. Aunque destacamos aspectos positivos como las curules de paz y la idea de la reforma política, consideramos que el gran reto con este punto es la seguridad”, explica Martha Lucía Márquez, directora de ese centro de investigación.

“Adicionalmente, hacemos seguimiento al punto cinco, que es el de víctimas. Acompañamos a las comunidades en los procesos de exigibilidad de sus derechos sociales y colectivos, y en el ejercicio a los derechos a la propiedad comunal y a la reparación. Eso para nosotros es avanzar en la democracia y en la paz. Para nosotros la paz no es la paz negativa –acabar con la guerra–, sino una positiva, que es una paz con derechos, una paz en la que la gente pueda vivir mejor. Esta es nuestra forma de fortalecer la democracia sustantiva”, agrega.

Otra tarea que realiza el CINEP para estimular la participación de la ciudadanía y fortalecer la democracia en Colombia, es acompañar a las mujeres en el proceso de exigibilidad de derechos con enfoque de género y también en el de empoderamiento. “No solamente queremos una democracia que garantice derechos sociales, sino que también una democracia paritaria en la que ellas estén en las mismas condiciones que los hombres para ser candidatas y ser elegidas. Y no sólo en los puestos de elección popular, sino también en los de nominación, y en los cargos del sector privado”, afirma Martha Lucía Márquez.

“Reflexionamos y trabajamos para impulsar la participación política de las nuevas ciudadanías, asesoramos a los partidos políticos en su fortalecimiento democrático y le apostamos a la construcción de los guardianes de la democracia”: Viva la ciudadanía.

Para José Antonio Sanín, director de Viva la Ciudadanía, el peligro que se cierne sobre la democracia es inminente. “Reflexionamos de manera permanente sobre los retos que este sistema político tiene, sobre las incertidumbres y las paradojas que lo achechan, y en este momento vemos que el principal riesgo es que se están acrecentando las visiones antidemocráticas de proyectos políticos tanto en Colombia como en el mundo. Nuestro llamado es a no normalizar estas fuerzas antidemocráticas, sean de ultraderecha o de ultraizquierda”, advierte.

“También trabajamos con las nuevas generaciones en construir ciudadanías e impulsar su participación. El panorama político del Congreso cambió en Colombia gracias a que 2.5 millones de jóvenes entraron al juego electoral. El bipartidismo y las fuerzas tradicionales ya no tienen la hegemonía de que las que disfrutaban antes. Las fuerzas alternativas en el Congreso son el 35% y las nuevas ciudadanías se están expresando, así como las nuevas fuerzas políticas”, expresa el director de Viva la ciudadanía. 

Entre las tareas que esa corporación desarrolla y ejecuta está la de asesorar a los partidos en el fortalecimiento de sus procesos de democratización. “Estamos convencidos de que, para vencer la apatía, hay que contar con más gente que piense en la democracia y que la cuide. Se cree que la democracia es un hecho y que contamos en ella, cuando en realidad es algo que se pierde todos los días. Para ello hay que construir unos guardianes de la democracia, porque nuestro sistema electoral es muy frágil, siempre está en riesgo, sobre todo en época de elecciones, y eso es muy grave”, concluye José Antonio Sanín. 

“Mediante el acceso a la información, la deliberación, el incentivo a las iniciativas ciudadanas y el impulso a los líderes comunitarios promovemos la participación en los procesos democráticos”: Foro Nacional por Colombia.

“Desde Foro Nacional por Colombia proponemos:

1. Profundizar la democracia
2. Impulsar la autonomía territorial, sobre la base del proceso de la descentralización
3. Promover una real garantía de derechos, para que la gente participe, sabiendo que su voz será tenida en cuenta y su vida será respetada. 

Como sociedad civil estamos investigando permanentemente los procesos democráticos de participación y entregamos recomendaciones para garantizar que las personas puedan realmente deliberar. En Colombia realmente no hay un acceso a la información como bien público y eso es un desincentivo para la participación. Nuestra propuesta es que haya fondos para financiar la participación ciudadana para que cuente con los recursos humanos y tecnológicos que se requieren. 

También hemos propuesto que sean los alcaldes que decidan cuáles de las 182 instancias de participación que se les exigen son las que de verdad necesitan y les funcionan, y que las autoridades con poder de decisión y ejecución no sólo reciban propuestas de las organizaciones formalmente instituidas sino también de las iniciativas ciudadanas.

Lo importante aquí es que todas nuestras propuestas están dirigidas a cómo incentivar la participación por la vía positiva y no por la vía del control. Nos reunimos con la gente en los municipios y mostramos lo que está pasando. Impulsamos a los líderes comunitarios, recordándolos que tienen derechos y garantías”.

Las anteriores son las acciones dirigidas a incentivar la participación democrática, según explica Marcela Restrepo, presidenta del Foro Nacional por Colombia. 

“Educamos en cultura política, facilitamos los espacios de dialogo, fomentamos la transparencia lectoral y apoyamos a los líderes sociales positivos para generar una mayor conciencia política entre los colombianos”: Comisión de Conciliación Nacional.

De acuerdo con el padre Eliécer Soto, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, su trabajo en pro de la democracia es claro. “Nosotros, como Iglesia, apoyamos y facilitamos espacios de diálogo para confrontar democráticamente las ideas y, de esta forma, construir propuestas desde dos escenarios: el de los presupuestos participativos y el de la planeación participativa”, explica. 

“También ayudamos a la gente crecer en educación política y a construir valores civilistas para que tengan la habilidad de confrontar las opciones violentas y armadas. Fomentamos la capacidad de análisis en las personas para que puedan leer la realidad y conversar, sin apasionamientos, con el que piensa distinto”, agrega.

Según el padre, la Comisión acompaña las iniciativas de los pueblos indígenas y de los campesinos, y a la Misión de Observación Electoral en educación para la cultura de la transparencia electoral. “Estamos convencidos de que los liderazgos positivos pueden generar un cambio cultural mediante la pedagogía y la comunicación de valores, así que fomentamos estas nuevas formas de liderazgo de las organizaciones sociales en los territorios”, dice.

Y añade que la Comisión trabaja de manera conjunta con las que rechazan el sometimiento y la compra de votos, para que las personas mantengan su autonomía. “También generamos procesos de educación y de cultura política”, insiste. 

“Nuestras recomendaciones son apoyar las buenas prácticas electorales, ser constantes en los procesos, apoyar los medios alternativos para romper la desinformación, educar en cultura política y generar conciencia política entre los colombianos”, concluye el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional.

Imaginar la democracia nos estimula a ser mejores ciudadanos 

Para pasar de la inercia a la acción es necesario que volvamos a confiar, que recuperemos la credibilidad en las instituciones; que los espacios de participación sean reales, serios y seguros y que garanticen la deliberación y la paridad; que nos eduquemos en cultura política y que tengamos con mucha claridad sobre cuáles son las prácticas que le hacen daño a los sistemas políticos para que la cotidianidad no nos lleve a la aceptación y a la inercia.
Esos son sólo algunos entre de retos en los que estas organizaciones sociales trabajan sin descanso, con el propósito de revitalizar la participación de los ciudadanos en los procesos partiendo de la base de que sí es posible la democracia que nos imaginamos: esa que nos permite vivir mejor. 

Esta nota hace parte de la serie periodística “Pensar con otros” realizada en alianza por CAMBIO y Grupo SURA. Creemos que entre todos podemos aportar a la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia en Colombia.