Contraloría le pone la lupa a contrato de Autopistas del Caribe que el Gobierno quiere liquidar

La Contraloría General de la República envió una comunicación a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pidiendo información sobre el anuncio que en días recientes hizo el Gobierno nacional manifestando su intención de terminar anticipadamente el contrato de concesión Autopistas del Caribe, que es el corredor de carga entre Cartagena-Barranquilla.

En primer lugar, la entidad de control le pidió a la ANI que en un término de cuatro días hábiles entregue un informe detallado y sustentado sobre los antecedentes relevantes sucedidos en este contrato de concesión y sobre los análisis y evaluaciones que se realizaron para concluir que la opción más beneficiosa para la nación y para las comunidades de este corredor vial es la de liquidar esa concesión. 

En la misiva también se piden explicaciones sobre el cálculo y el valor estimado que el Gobierno va a reconocer al concesionario cuando se termine el contrato a partir de lo previsto entre ambas partes cuando lo firmaron. 

Eso no es todo. El delegado para el sector de la infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, quien firma la carta, solicita a la ANI que también detalle las causas de la suspensión del cobro del paso por el peaje Turbaco y de la no puesta en funcionamiento del peaje Arroyo de Piedra, incluyendo los responsables contractuales de la asunción, gestión y pago de estos riesgos y los mecanismos de compensación.

Como la concesión nunca pudo lograr el cierre financiero contractual, pero sí hubo peajes que se cobraron, la Contraloría también está pidiendo que el Gobierno entregue un informe sobre el estado actual de los giros realizados y lo que se guardó en la fiducia. 

Finalmente, el organismo de control fiscal quiere saber y así se lo pregunta a la ANI si hay un eventual proceso sancionatorio en contra del concesionario, “con énfasis en los presuntos incumplimientos de obligaciones de cierre financiero, de giro de equity y de fondeo de subcuentas a cargo del concesionario”.

Con toda esta información, la Contraloría General de la República tendrá los insumos necesarios para tomar decisiones frente a posibles daños causados a la nación al no encontrar una solución para que el proyecto siga andando y, por ende, que las inversiones hechas hasta el momento se pierdan.