Comité de Regla Fiscal: costos de la reforma a la salud serían más altos de lo presentado por el gobierno

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal le advirtió al gobierno que el proyecto de la reforma a la salud podría resultar más costoso de lo que calculó, pues el gasto en arriendos, administración de estructuras y el riesgo del sistema podrían ser mayores de lo que los exministros de Hacienda y Salud y sus equipos calcularon. 

Según los expertos, aunque se cumpliera la proyección del gobierno de un costo anual de entre 4 y 7 billones de pesos por la implementación del nuevo sistema de salud, y eso se ajustara a los topes de gasto para cumplir con la regla fiscal, hay al menos cinco riesgos que harían que la cuenta sea mucho más alta. Además, con los gastos como los calculó el gobierno, la reforma ya le añadiría más inflexibilidad al presupuesto público. 

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El primer riesgo es que los costos del modelo de atención primaria podrían ser mucho más altos de lo que prevé el gobierno. La razón es que los precios de construcción y administración de centros de atención, así como la dotación y contratación de personal para los Centros de Atención Primaria en Salud –denominados por el gobierno como CAPS–, podría tener un costo más alto, dependiendo del lugar del país y del tiempo. 

Según las cuentas del gobierno, los CAPS consumirían el 27 por ciento de los nuevos gastos del sistema. La sugerencia del Comité es que este sistema opere mediante asociaciones público-privadas, para reducir el riesgo de construcción y administración de estos centros y así también bajar su costo. 

Por otro lado, advierten los expertos, “el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan”, lo que también podría aumentar la cuenta del sistema. 

Y a esos mayores costos, se suma el riesgo de que el Estado no tenga la capacidad suficiente para administrar los recursos de las regiones. “La experiencia de la gestión regional de recursos de programas nacionales es mixta. Existen riesgos de control, focalización, gobierno y rendición de cuentas, que deberían probarse antes de responsabilizar a instituciones regionales con cuantías tan importantes de recursos como los que administra el sistema de salud”, dice el documento. 

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Según el CARF, al gobierno también podría faltarle “capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector privado”. 

Por ahora, advierten los expertos, los riesgos legales de la prestación del servicio de salud le corresponden principalmente a los prestadores y aseguradores privados. Pero como la atención primaria podría quitar a esas dos instancias, sería la nación con sus instituciones la que tendría que asumir esos riesgos.

Y por último, el grupo de expertos le recuerda al gobierno que podría enfrentarse a indemnizaciones previas y plenas por demandas que le lleguen por parte de empresas privadas que ya no puedan ejercer su función.

Para solucionar todo esto, el CARF sugiere “valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”.