¿Cuál es el siguiente paso de la reforma pensional?

Contra todos los planes y pronósticos, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en tiempo récord todos los artículos del proyecto de reforma pensional y le dio la luz verde al presidente Gustavo Petro para que la firme y la ponga a rodar.

¿Cómo lo hizo? Luego de dos sesiones de votar impedimentos de los representantes y recusaciones de unos contra otros, la plenaria le dio luz verde a siete artículos de la reforma y cambió de planes: aprobar el mismo texto que había aprobado el Senado para evitarse horas de debate y evitar que el tiempo jugara en contra al momento de hacer la conciliación de textos, ya que tenían como plazo máximo este jueves 20 para aprobar el texto conciliado, es decir, un mismo proyecto de ley en ambas cámaras.

Durante los tres días de debate, varios funcionarios del gobierno Petro intentaron zanjar las principales discusiones sobre la reforma. Por ejemplo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le dijo a los representantes, palabras más palabras menos, que tranquilos, que el país tendrá que hacer pronto otra reforma pensional para ajustar el sistema. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en su intervención del viernes 14 de junio: “todas las reformas pensionales acaban recursos”, “no hay un sistema pensional infinito, todos necesitan ajustes” y Colombia ya los ha hecho en otras ocasiones.

Cuando Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, tuvo que responder a las preguntas sobre la capacidad de la entidad para ajustarse en solo un año para la llegada de los nuevos afiliados, le respondió a la plenaria que para eso contrató a personal temporal, para tener al día todos los ajustes y desarrollos tecnológicos. Pero su primer argumento para que los representantes negaran las proposiciones de aplazar la entrada en vigencia de la pensional para 2026 o que fuera un proceso progresivo fue que “atrasar la entrada en vigencia del nuevo régimen pensional es dejar de recibir 20 billones de pesos”.

Después recordó el discurso del gobierno sobre la necesidad de recursos para pagarles “un bono pensional” a los adultos mayores sin pensión. Sin embargo, este no será un bono ni una mesada pensional, sino un subsidio que apenas cubrirá la línea de pobreza monetaria extrema (para este año, 223.000 pesos).

Y cuando apareció la proposición de aprobar el texto tal cual como se aprobó en Senado, llegó una nueva ola de discusiones, advertencias y acusaciones. Por ejemplo, varios representantes, especialmente de la oposición, advirtieron que esa idea podría tumbar la ley entera, como pasó con la Ley de Financiamiento de Iván Duque hace seis años. Cathy Juvinao, representante a la Cámara del Partido Verde, denunció que varios de sus compañeros ya querían retirarse del recinto, pues tenían comprados los tiquetes y planeado el viaje para celebrar el Día del Padre.

Además, algunos congresistas le contaron a Juvinao que el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, le había pedido a la bancada de La U que votaran a favor de esa proposición.

“Ellos inclusive habían firmado una de las proposiciones que quería cambiar la entrada en vigencia de la reforma no para 2025, sino para 2026 y de repente en la bancada del Partido de la U dijeron: ‘no, no, ya nosotros no firmamos la proposición, ya nos toca quedarnos quietos porque Lizcano vino acá a decirnos que donde cambiáramos la fecha de entrada en vigencia de esta reforma, al día siguiente él no podía llegar a su oficina en el ministerio”, le contó la representante Juvinao a CAMBIO.

¿Qué viene ahora?

El siguiente paso es que el presidente Gustavo Petro sancione la ley para que las entidades correspondientes empiecen a reglamentar el nuevo sistema pensional y que Colpensiones tenga el mayor tiempo posible para recibir a 18 millones de afiliados nuevos a partir del 1 de julio de 2025. Pero también para que la Corte Constitucional pueda iniciar el estudio de la ley para determinar si se ajusta o no a nuestra constitución y para que la ley sea demandada por quienes ya han advertido que lo harán.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio de las administradoras privadas de pensiones, aseguró que el gremio se acoge tanto a las decisiones tomadas por el Congreso como a las de la Corte Constitucional y le pidió al Gobierno que tanto si la postura de la Corte es a favor como si es en contra de la reforma, también acepte la decisión “del órgano máximo del país”.

Mientras eso sucede, el líder gremial explicó que el país tendrá que implementar ese proyecto de ley y la obligación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es apoyar a Colpensiones en ese proceso de reglamentación, transición y adopción de las nuevas leyes. Martha Alfonso reconoció que el 20 de julio de este año tendría que presentarse una nueva reforma.