¿Qué es y para qué se usa el decreto de emergencia económica?

Ante una situación de crisis económica, caracterizada bien sea por altos niveles de inflación, déficits fiscales insostenibles, deuda externa abrumadora o escasez de divisas, el gobierno de turno en Colombia podría optar por decretar una emergencia económica como medida extraordinaria para intentar estabilizar la situación. Sin embargo, esta medida conlleva implicaciones significativas que deben ser consideradas detenidamente.

¿Qué es la emergencia económica y para qué sirve?

La Constitución creó el mecanismo del decreto de emergencia para situaciones que amenacen el orden económico colombiano, pero que no sean ni una guerra con otro país ni el estado de conmoción nacional. Aunque la medida solo se puede prorrogar por un total de 90 días y debe estar firmada por el presidente y todos sus ministros. 

Además, el decreto de emergencia le permite firmar decretos con fuerza de ley para evitar el trámite legislativo, en el que sería más lento el proceso y podría correr el riesgo de ser negado por los legisladores. 

Condiciones para decretar la emergencia económica

Pero esta medida tiene varias condiciones. Por ejemplo, la Presidencia debe enviar a la Corte Constitucional el decreto al día siguiente de la firma oficial. La misma Corte lo puede tomar de oficio para estudiarlo y determinar si cumple o no con las características de un decreto de emergencia. 

Además, el presidente también debe convocar al Congreso durante los 30 días siguientes al decreto para que también lo estudie y evalúe la pertinencia de los decretos ley, que se vencen al mismo tiempo que la declaratoria de emergencia. 

En el caso de un decreto que el presidente firme amparado en la emergencia económica, social y ecológica, y que modifique la estructura de impuestos del país, dicha modificación estará vigente hasta el final del año tributario. 

Colombia ya ha pasado por varios decretos de emergencia. Los más recientes se firmaron en 2020 en medio de la pandemia por coronavirus. Los anteriores fueron los de 2010, 2015 y 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, para responder, en su orden, a inundaciones por el fenómeno de La Niña, el primer éxodo de migrantes venezolanos y la emergencia natural en Mocoa, Putumayo.