
¿Por qué ahora sí a Gustavo Petro le parecen buenos los estados de conmoción y de emergencia económica?
Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia.
Crédito: Colprensa.
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El presidente considera que es el mecanismo más expedito que le den herramientas para frenar la arremetida del ELN en el Catatumbo. Sin embargo, en ocasiones anteriores, se mostraba crítico. ¿Qué mandatarios habían recurrido a los estados de excepción? Análisis
Por: Armando Neira

El país amaneció este martes con una acalorada controversia por el anuncio del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de conmoción interior y emergencia económica para enfrentar la crisis de violencia en el Catatumbo, donde la guerra a campo abierto entre grupos armados ilegales, en especial el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han provocado un centenar de víctimas mortales y el desplazamiento de unas 20.000 personas.
En ambas circunstancias, los asesinos han llegado a las casas de sus víctimas: a algunos los han sacado y fusilado sin fórmula de juicio, mientras que a otros les han disparado en sus propias camas.
Por esto, el presidente Petro considera que necesita mecanismos de excepción, previstos en la Constitución, para frenar esta barbarie. Sin embargo, cuando el mandatario estaba en la oposición, criticaba que quienes estaban al frente del Estado pretendieran usarlos porque podrían ejercer prácticas dictatoriales.
Ahora, Petro piensa de otra forma. El problema es que, hasta el momento, solo se conoce un trino suyo anunciando la medida, pero no los decretos correspondientes, donde se expliquen con sólidos argumentos esta necesidad. No se trata de un capricho, sino de una obligación legal, ya que, de no hacerlo así, la Corte Constitucional tumbaría la decisión.
La medida está contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política, diseñada para estabilizar la seguridad del Estado en momentos de grave perturbación del orden público, y se puede establecer por un período de 90 días.
Desde la promulgación de esta figura en la Carta Magna, el estado de conmoción interior ha sido utilizado en dos oportunidades, pero no ha dado los resultados previstos por los gobiernos que lo aplicaron. Y en media docena de veces los mandatarios han estado tentados a usarlas.
Estados de excepción no son nuevos
La primera vez que se usó la declaratoria de Conmoción Interior fue en 1992 durante la administración del liberal César Gaviria. Lo hizo para evitar la libertad de los presuntos responsables del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, caudillo asesinado el 18 de agosto de 1989 por el cartel de Medellín al mando de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano.
Posteriormente, en 1994, Gaviria quiso retomar la medida, pero la Corte Constitucional negó la petición, al considerar que las problemáticas se podían resolver bajo las leyes establecidas por las normas vigentes. La segunda vez fue en 2002, al inicio del período presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
También Uribe, en 2008, quiso usar la conmoción interior como respuesta a un paro judicial que supuestamente amenazaba con una excarcelación masiva.
De manera más reciente, en medio del estallido social de 2021, se dijo que el entonces presidente Iván Duque pretendía declarar el estado de conmoción interior debido a la ola de violencia en el territorio nacional.
No obstante, la medida nunca fue oficializada, pese a las peticiones de sectores políticos –especialmente del Centro Democrático– que consideraban que los bloqueos que estaban siendo impuestos en Bogotá y Cali, entre otras ciudades, merecían una respuesta inmediata.
En ese momento, Petro –que lideraba la oposición– sentenció: “El Gobierno en su deriva dictatorial se apresta a decretar la conmoción interior. Mi rechazo total a ese camino. Propongo en cambio hacer el diálogo con el comité ampliado del paro nacional. Mientras se dialoga establecer una tregua al paro”.
Duque también recurrió a la emergencia económica durante el confinamiento por la pandemia causada por el covid. La Corte le dio la razón porque era un hecho sobreviniente que debía ser atendido de inmediato y para lo cual nadie estaba preparado.
Un debate encendido
Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, es la primera vez que un presidente utiliza ambas figuras de excepción contempladas en la Carta Magna: los estados de conmoción y de emergencia económica
Esta vez, ante el sangriento saldo de la violencia en el Catatumbo, Petro recurre a ambas herramientas que otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo. Gabriel Cifuentes, analista político, considera que hay una doble condición: una tragedia humanitaria que debe ser atendida y una Constitución que debe ser respetada. “En ese balance, se deben buscar soluciones para la crisis actual del Catatumbo”.
El analista subraya los aspectos jurídicos y los posibles obstáculos de esta medida. Tanto la conmoción interior como la emergencia económica son mecanismos extraordinarios regulados por los artículos 213 y 215 de la Constitución. Sin embargo, no existe un antecedente desde la promulgación de la Constitución en el que ambos estados hayan sido declarados de manera simultánea. “Esto se debe a que cada figura tiene causales, tiempos y efectos diferentes”, dice.
Por ejemplo, para que se pueda declarar la emergencia económica, esta debe atender hechos sobrevivientes. Es decir, no puede utilizarse para resolver crisis estructurales que ya se conocían, como ocurrió con La Guajira.
En cambio, la conmoción interior permite atender crisis de orden público que no pueden ser manejadas mediante los mecanismos ordinarios de las autoridades. Esta medida permite emitir decretos legislativos con vigencia temporal, aumentar tropas, imponer impuestos extraordinarios y suspender leyes, entre otras acciones, siempre que cuenten con el aval del Congreso y sean revisadas por la Corte Constitucional.
En contraste, las disposiciones de emergencia económica tienen efectos permanentes sobre la legislación nacional y también deben pasar por revisión automática de la Corte.
El Catatumbo: sangre y abandono
En medio de este contexto, se inició un debate político marcado por la polarización. Quienes en el pasado rechazaban estas medidas, hoy las apoyan, y quienes antes las respaldaban, ahora se oponen. Este oportunismo político podría desviar el foco del debate jurídico, donde será clave evaluar la justificación y las medidas propuestas por el Gobierno.
Entre los analistas hay consenso de que, si bien la situación en el Catatumbo es de “extrema gravedad”, no es sobreviviente, sino estructural, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo desde hace tiempo. El abandono de esta región ha sido constante y requiere soluciones integrales más allá de medidas extraordinarias.
En efecto, un informe de Human Rights Watch publicado en agosto de 2019, y titulado 'La guerra en el Catatumbo: abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia', dice: “Los grupos armados también son responsables del reclutamiento de niños y niñas desde los 12 años en el Catatumbo. En ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. En otras ocasiones, lo hacen por promesas de dinero”.
“En el Catatumbo, en el noreste de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) están enfrentados desde principios de 2018 en una lucha brutal por el territorio. También operan en la zona exmiembros de las Farc que formaron un nuevo grupo armado. Los grupos armados han cometido numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También han plantado minas antipersona e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Algunos de ellos han sido asesinados”, dice ese texto publicado hace cinco años.
No obstante, el senador independiente Humberto de la Calle considera que “no se puede privar a Petro de herramientas como la conmoción interior”, ya que considera que “la situación de descontrol territorial es tan grave que sí habría fundamentos suficientes”.
Para De la Calle es clave que esta decisión no sea manipulada por intereses electorales, al considerar que se trata de una urgencia nacional.
El expresidente Duque tiene una opinión contraria: “Utilizar la tragedia del Catatumbo para revivir un adefesio de reforma tributaria es la politización del dolor de las víctimas”.
La discusión, en conclusión, está abierta mientras se conocen al detalle los decretos.
