Qué es lo que tiene en agonía a la reforma a la salud
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Sobre lo que, se supone, el gobierno había acordado con los partidos Liberal, Conservador y La U, la ministra de Salud, Carolina Corcho, solo hizo caso en el nombre que debían tener las EPS.
Por: Juliana Ramírez
La línea roja que los partidos de La U, Conservador y Liberal le habían puesto a la reforma a la salud consistía en la supervivencia de las EPS y la no estatización total del manejo de los recursos del sector. Después de que estas colectividades recibieron el texto de 73 páginas con los cambios que traería la ponencia, decidieron negar el apoyo al articulado. Sin ese respaldo, la reforma no tiene cómo sobrevivir su trámite en el capitolio.
Hoy las entidades promotoras de salud (EPS) intermedian recursos de la salud, pero también aseguran, afilian, registran, agendan citas, articulan servicios y gestionan el riesgo financiero. Esto último no es otra cosa que hacer que el dinero alcance para todo el año.
El proyecto inicial que presentó el gobierno el pasado 13 de febrero eliminaba las EPS porque les quitaba sus principales funciones y solo les dejaría asumir tres cosas principalmente: administración de los Centros de Atención Primaria (CAP), la contrarreferencia de pacientes afiliados a los CAP y la realización de auditorías, cuando les sea solicitado. Adicionalmente, podrían suministrar tecnologías de información para administrar la atención de la población y gestionar las incapacidades. Es decir, el planteamiento principal era quitarle el aseguramiento a las EPS y, si quisieran seguir operando, lo harían únicamente como prestadores a través de clínicas y hospitales.
Los tres partidos pusieron sobre la mesa la idea de que las EPS continuaran vivas con sus funciones de aseguramiento bajo el nombre de "gestoras de salud y vida", que tuvieran un pago de administración de 5 por ciento, se les restringiera la integración vertical y se les quitara el pago directo que hacen a clínicas y hospitales. Sin embargo, en el nuevo texto se les dio un plazo de vida de dos años, después de los cuales podrían transformarse en prestadoras bajo el nombre en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSVI).
En teoría, la ministra Corcho le hizo caso a los partidos en el nuevo nombre para las EPS, pero se mantuvo la eliminación de su función principal de aseguramiento.
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“La Superintendencia Nacional de Salud autorizará a través de acto administrativo, el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud que, a través de su transformación en Gestoras de Salud y Vida, estén interesadas gestionar los servicios de mediana y alta complejidad para la población que se les autorice y contrate y el cumplimiento de las demás funciones que les corresponde”, dice el texto presentado a los partidos.
En ese sentido las gestoras, que es en lo que se piensa transformar las EPS, quedarían con ocho funciones:
- Gestionar la prestación de los servicios de Salud de Mediana y Alta Complejidad, según la organización de las Redes Integrales e Integradas de Prestación de Servicios de Salud (RIISS).
- Responder a la demanda de servicios de los Caps.
- Desarrollar los Sistemas de información interoperables.
- Realizar las auditorías de cuentas médicas y de calidad en la prestación de servicios de salud.
- Hacer la gestión para el pago de las prestaciones económicas (incapacidades).
- Realizar rendición de cuentas públicas y transparentes a la comunidad y demás agentes del Sistema de Salud u organismos de control.
- Evaluar los servicios al interior de los prestadores de las Redes Integrales de Servicios de Salud (RIISS) en el marco del Sistema Integral de Calidad en Salud (Sica) respecto la población a su cargo.
- Solo podrán operar en los territorios donde hayan tenido autorización como EPS y donde tengan mayor desarrollo de su capacidad de operación.
La eliminación de la figura de las EPS no implica que se liquiden, sino que se entren en un proceso de disolución. Los activos, pasivos, patrimonio, pasarán en bloque a la Entidad Gestora de Salud y Vida. Su habilitación como prestadoras dependerá también de los territorios que, como EPS, tienen autorización para operar, y se les reconocerá el 5 por ciento del valor contratado, por la administración de los servicios a su cargo.
En conclusión, como lo había planteado inicialmente en su reforma el Gobierno Petro, la ponencia contempla que los colombianos dejen de estar afiliados a una EPS y ahora lo hagan a los Centro de Atención Primario (CAP) de acuerdo a su lugar de residencia.
Por otra parte, en la radicación del proyecto se planteó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que hoy actúa como un banco de la salud, sea protagonista de una transformación institucional para asumir varias funciones de las EPS. En este sentido, se crearán sedes regionales de la Adres denominadas Fondos Regionales, que se encargarán de la contratación y auditoría de cuentas de hospitales y clínicas. En la ponencia esto continuaría igual, aunque los tres partidos no estaban de acuerdo con ello, con la estatización del sistema y la creación de más burocracia.
