¿Reforma a la salud por decreto? Podría ser

El debate de la reforma a la salud ha sido accidentado incluso desde antes de iniciar el trámite formal en el Congreso. Por eso, hace varios meses CAMBIO se puso en la tarea de analizar con expertos un posible plan B para la reforma a la salud, en caso de que el Gobierno tuviera que retirar el proyecto o que no le alcanzaran los votos en el capitolio. En esta ocasión, la posibilidad de sacar la reforma vía decreto surge por la urgencia de atender las necesidades inmediatas del departamento de La Guajira.

"La reforma a la salud presentada al Congreso será aplicada de inmediato en La Guajira por decreto de emergencia", manifestó el jefe de Estado, al anunciar que 300 equipos de salud estarán recorriendo los lugares más vulnerables del departamento en acciones preventivas, enfocadas en la niñez y la vejez.

La parte dura de la reforma –o, mejor, lo que requiere ley– es la intención de reemplazar las EPS por toda la estructura de fondos nacionales y regionales. De resto –al menos así lo entiende Fernando Ruiz, exministro de Salud–, el 80 por ciento de la reforma a la salud puede pasarse por decretos. “La reforma está entre lo que impactará la salud de los colombianos y la parte donde no se necesita porque ya está en la ley o porque es factible aprobarlo por decreto”, dice Ruiz.

El capítulo que agrupa la transformación en la prestación del servicio contempla pasar de un modelo territorial a uno poblacional, en el que todos los colombianos se afilien al Centro de Atención Primaria (CAP) de su barrio. Ruiz asegura que la creación de los CAPS no necesita reforma porque ya existen desde la Ley 1438 de 2011, como sucede en Bogotá. El exfuncionario afirma que los modelos predictivos como los que se usan en Boyacá y Guainía, no necesitan ley. 

Expertos consideran que tampoco necesita pasar por el Congreso la iniciativa de Promoción y Prevención de enfermedades.

Jonathan García, investigador de sistemas de salud de la Universidad de Harvard, considera que la inversión en infraestructura también puede hacerse por decreto, especialmente lo relacionado con las zonas rurales. Los recursos proyectados para inversión de infraestructura hospitalaria, en la reforma, parten de sostener los 1,5 billones de pesos aprobados con destino al desarrollo de los CAPS para 2023, con un pequeño crecimiento del 1,1 por ciento anual a lo largo de los diez años del ejercicio financiero. “Ya se hizo con el presupuesto de este año y podría repetirse con los próximos tres años”, dice García.

En el capítulo que se describen las redes integradas e integrales de servicio de salud, se habla del Sistema Único Público de Información Integral en Salud, que garantice el cruce de información entre las diferentes Instituciones prestadoras de servicios de salud. Este punto no necesita aval del Congreso porque en 2020 se creó la Ley 2015 sobre la historia clínica electrónica interoperante.

Actualmente cada EPS tiene su propio sistema de información. Si un paciente se traslada a una EPS distinta, o asiste a una clínica diferente a la que normalmente lo atienden, debe llevar una carpeta con su historia clínica. La ley, aunque pendiente de implementación, contempla precisamente eso: que las clínicas y hospitales intercambien datos clínicos relevantes, documentos y expedientes de cada paciente.

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García dice que la formalización de trabajadores sí requiere de una ley porque exige crear un estatuto especial. En contraste Andrés Vecino, investigador de temas de salud de la universidad de Johns Hopkins, afirma que un acto administrativo del Ministerio de Trabajo podría resolver el problema. El inconveniente aquí es saber de dónde se sacará la plata para ello.

Ruiz rescata que el artículo 7, que crea la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, ya existe. “Los determinantes sociales, es decir, el mecanismo de la comisión intersectorial de salud ya existe. Y de el hacen parte el presidente y varios de los ministros –agrega–. También está creado el plan decenal de salud pública, pero lo tienen abandonado y eso quedó formulado desde el año pasado”.

Ahora bien, la reforma habla de un giro directo a prestadores. Actualmente, las EPS reciben la plata y se encargan de pagarles a los prestadores. El proyecto del Gobierno busca que la Adres, que es una especie de banco de la salud, pague directamente a clínicas y hospitales. Pero incluso en este caso, puede haber una alternativa jurídica distinta de la reforma.

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Para Ramón Abel Castaño, consultor en temas de salud, “el giro directo a prestadores también se puede sacar por decreto, porque ya lo contemplan otras leyes previas. De hecho, hoy se hace con el 70 por ciento de facturación del régimen subsidiado”, concluye.

Así las cosas, si el trámite de la reforma se sigue complicando en la nueva legislatura y –por ejemplo– toca aplazarlo por inconveniencia política o por falta de consensos, el Gobierno tendría margen de maniobra para darle vía libre a buena parte de la iniciativa de reforma a la salud por sus propios medios.