Renta Ciudadana: filas, terquedad y desorden

Esta semana, las redes sociales se llenaron de videos que mostraban de la manera más clara posible un cantado error de cálculo del Gobierno nacional. Miles de ciudadanos, al rayo del sol, esperaban afuera de las sedes del Banco Agrario su turno para recibir el subsidio de la Renta Ciudadana. 

Las filas eran interminables y evocaron en muchos los tiempos del Seguro Social. Madres cabeza de familia, adultos mayores, niños de brazos y hasta discapacitados aguantaban la inclemencia de las condiciones para no perder su turno. Muchos venían de poblaciones alejadas y llegaron desde la madrugada con la esperanza de ser atendidos. El caos era tal que, de manera casi espontánea, algunos “vivos” emprendieron el negocio de vender cupos en la fila y ofrecer servicios varios para saltársela. ¿Cómo la entrega de una transferencia monetaria, algo aparentemente positivo, acabó convertida en un infierno? 

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Cuando Cielo Rusinque –directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS)– anunció el programa piloto de la Renta Ciudadana y confirmó que el único operador sería el Banco Agrario, una de las promesas de campaña del Pacto Histórico, expertos en política pública, en desigualdad, en pobreza y en transferencias monetarias le advirtieron que ese no era el mejor mecanismo para entregar los recursos del programa. Las voces de los técnicos rogaban no echar al traste los aprendizajes de dos décadas. 

Los pronósticos se cumplieron. Las filas para entrar a las oficinas del Banco Agrario en Quibdó, Cartagena, Barranquilla y otras ciudades se convirtieron en la postal de la caótica jornada. A pesar de que todos los colombianos fueron testigos del desorden, los voceros del gobierno, en cabeza de Cielo Rusinque, han pretendido darle un giro a la narrativa.

Para la funcionaria, lo sucedido, más que a un error de ejecución y planeación de una política pública, obedece a un éxito rotundo de un programa que, en el Gobierno Petro, gira más plata, abarca más gente, es más eficiente y le cuesta menos al Estado. Cuando CAMBIO le preguntó a la directora del DPS por su responsabilidad frente a lo sucedido, la funcionaria argumentó que las filas obedecen a que el gobierno está ampliando la base de beneficiarios. “Necesariamente, un aumento de los beneficiarios en casi un millón tiene un impacto en términos de la respuesta que pueda dar el banco”, reconoció Rusinque. 

El Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 68, dice que una vez se implemente la fusión de todos los programas de transferencias monetarias, cada beneficiario podrá elegir el banco y el canal por el que quiere recibir su giro. Sin embargo, mientras eso no ocurra todos están obligados a abrir una cuenta en el Banco Agrario. Esa entidad, como quedó demostrado esta semana, por ahora no tiene la capacidad suficiente para gestionar y ejecutar un programa de semejante envergadura. 

Sin embargo, la directora Rusinque tiene una interpretación diferente del articulado. Según ella, los beneficiarios sí podrán elegir el canal por medio del cual reclaman el subsidio, pero el operador será el que diga el Estado. Rusinque asegura que el Gobierno debe garantizar que el programa se ejecute con el operador más eficiente que genere el menor costo para la nación. 

Los críticos de la estrategia del Gobierno argumentan que detrás del cambio de paradigma se esconde una intención de total estatización de los programas sociales, dejando a un lado la participación de los privados que, además de resultar menos onerosos para el erario, tienen mejor infraestructura para la prestación del servicio. Es decir, consideran que se trata de una decisión que prioriza la ideología sobre lo técnico. 

¿Qué fue lo que cambió?

Antes del 28 de abril de este año, cada beneficiario recibía la transferencia monetaria en la aplicación de su banco, en un corresponsal bancario, en el monedero digital de su preferencia o con su cédula en una sucursal bancaria. El abanico era amplio. El Estado tenía convenios con varias entidades financieras y fintech entre las que estaban Bancolombia, Davivienda, Nequi, Daviplata o Movii. Esa combinación de entidades hacía que los pagos se efectuaran de manera más ordenada, sin mayores traumatismos y haciendo uso de las herramientas digitales que ofrece el mercado. 

Además, el monto que recibía cada hogar dependía de su clasificación en el Sisbén, de cuántas personas lo componían y de la cantidad de programas en los que estuvieran inscritos los miembros de la familia. Es decir, un hogar sin adultos mayores no recibía Colombia Mayor, pero podría recibir Familias en Acción por cada uno de sus hijos –máximo 3– en edad escolar, o sus hijos jóvenes podían recibir Jóvenes en Acción por estudiar un programa de educación superior.

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Ahora, el Gobierno estandarizó la entrega en un monto de entre 120.000 y 500.000 pesos mensuales, pero en desembolsos bimestrales, con base en los registros de Familias en Acción. Sin embargo, el problema, más que en los montos o en la base de beneficiarios, radica en la decisión del Gobierno Petro que hoy tiene a Rusinque en el ojo del huracán. 

En un proceso que muchos califican de arbitrario, pero que la directora del DPS defiende como una licitación transparente en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, todos los operadores de transferencias monetarias fueron reemplazados por el Banco Agrario, el mismo que repartía los subsidios antes de que se abriera la competencia para lograr el servicio más eficiente con el menor costo. Las consecuencias de esa decisión tienen hoy a miles de colombianos haciendo fila por días enteros al rayo del sol. 

Una madre cabeza de familia que vivía en una vereda sin presencia del Estado podía recibir su pago oprimiendo un botón en su celular o visitando al vecino corresponsal bancario. Esa misma mujer, con la nueva realidad, tendrá que echarse a su hijo al hombro, salir de su vereda como pueda, y perder uno o varios días de trabajo, hasta lograr que, luego de una fila interminable, le den el subsidio al que tiene derecho en una sede del Banco Agrario. 

Al cierre de 2022, Colombia atendía a 7,1 millones de hogares con transferencias monetarias: 4 millones de personas mediante el programa de Ingreso Solidario; 2 millones de hogares con Familias en Acción; 500.000 jóvenes con Jóvenes en Acción, y 1,6 millones de adultos con Colombia Mayor. 

Sobre lo ocurrido esta semana, Cielo Rusinque tiene una línea clara de defensa. Para la funcionaria, el problema y el desorden obedecen a una mezcla de estrategias de desinformación de quienes quieren afectar al Gobierno y sembrar el caos, y a una exageración que pretende generalizar un hecho puntual. Según Rusinque, las filas se dieron solo en 9 de más de 900 puntos de atención del Banco Agrario y en buena medida se generaron por mensajes malintencionados que les llegaron a las personas cuando se anunció el programa. 

El problema, advierten expertos consultados por CAMBIO, es que en esos nueve puntos es donde hay una mayor concentración de población y, por lo tanto, de beneficiarios.

¿Pasará lo mismo con las otras reformas?

Muchos de los técnicos que advirtieron del desorden que se desataría con la imposición del Banco Agrario como único operador de la Renta Ciudadana, temen ahora que esa misma lógica estatizadora se replique en otros de los programas contenidos en las reformas sociales que se tramitan en el Congreso. 

Alejandro Gaviria, exministro de Educación del actual gobierno, dijo que las filas por la Renta Ciudadana son consecuencia de la falta de planeación y previsión y advirtió que algo similar podría pasar con la salud. 

Según Gaviria, por el sesgo de querer fortalecer el sistema público, podrían asignarle más funciones de las que tiene la capacidad de asumir. Por ejemplo, la reforma a la Salud también propone que sea el Estado quien administre los recursos, los riesgos y los servicios del sistema. El Gobierno argumenta que la Adres –que reemplazó al Fosyga cuando se quedó sin recursos– ya administra la mayoría de la plata del sistema. 

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Pero la Adres no administra y distribuye el riesgo de los afiliados.  Aunque el nuevo ministro toma atenta nota de las intervenciones en el Congreso de las asociaciones de pacientes y otros actores del sistema sobre el peligro de pasarle esa responsabilidad al gobierno, la reforma avanza sin mayores cambios. 

Otra similitud entre lo que podría pasar con la reforma a la salud y lo que sucede con la Renta Ciudadana es que, como lo dijo la directora Rusinque, uno de los argumentos del Gobierno para utilizar al Banco Agrario es que llega a regiones apartadas a las que no llegan los privados –lo cual es positivo para el cierre de brechas– y, por lo tanto,  no importa que se desmejore el servicio para quienes viven en las ciudades o deben desplazarse hasta ellas para acceder al beneficio. 

En salud, dice Gaviria, el gobierno ha tenido una lógica similar: el sistema debe llegar hasta las regiones más lejanas para mejorar la calidad de vida y la atención a los más apartados de la ciudad. Pero, advierte, eso no puede significar una desmejora para quienes están en los cascos urbanos, donde están las aglomeraciones de personas.

Pérdida de bienestar, un impacto más a la pobreza

Un día en la fila para reclamar un millón de pesos significa para muchos beneficiarios perder un día de ingreso laboral o un día en el que no pueden ejercer sus tareas de cuidado a otros familiares, por lo que tienen que conseguir quién les haga el favor o a quién pagarle. 

“Hay personas que tienen que moverse de un corregimiento al municipio y cruzar ríos. Esas cosas también se vivían antes, pero desde hace mucho tiempo no veíamos el caos que estamos viendo ahora con el Banco Agrario”, opina Henner Solarte, economista y consultor.

Esta es una pérdida de bienestar, una de las medidas del índice de pobreza multidimensional (IPM) de Colombia que, además de tener en cuenta el nivel de ingresos de las familias, mide su acceso a servicios básicos, calidad de la vivienda, acceso a salud y educación, entre otros factores. 

Para solucionarlo, la directora del DPS, Cielo Rusinque, anunció un “Pico y Cédula” para reclamar el giro en el Banco Agrario, lo que obliga a los beneficiarios a acomodarse a una regla más, que no depende de ellos: el último dígito de su cédula y la extensión del pago de la transferencia hasta el próximo 31 de julio para distribuir la fila a lo largo del mes.

Pero, advierten los expertos, esto retrasa la capacidad de los beneficiarios de responder a sus otras obligaciones, como pagar los servicios, el arriendo, las deudas y hasta comprar el mercado. A eso se suma que un pago bimestral de un millón de pesos puede sonar a una gran transferencia monetaria, pero obliga a los hogares a reacomodar sus finanzas acostumbradas a giros mensuales. 

La directora Rusinque promete que las cosas cambiarán con la implementación del programa de Renta Ciudadana –que unifica las transferencias monetarias en un solo giro, según las condiciones del hogar–. Para crearlo y ponerlo en marcha, el presidente Gustavo Petro tiene facultades extraordinarias que le permitirán determinar el funcionamiento del programa sin pasar por el Congreso.

Incluso con las largas filas que se vieron entre jueves y viernes, el gobierno reporta que, al cierre del viernes 14 de julio, ya se había pagado el 40 por ciento de la segunda entrega de la Renta Ciudadana, lo que superaba su meta del 24 por ciento para la primera semana.

“No entiendo sinceramente por qué levanta tanta ampolla cuando se trata de un Estado social de derecho. A lo que se aspiraría es que precisamente los recursos lleguen a quienes más lo necesitan con un criterio de justicia social, que es el compromiso de este gobierno y lo que estamos garantizando”, concluye la directora del DPS.

Las filas que se vieron esta semana a lo largo y ancho del país revelan una realidad que se repite en varias de las apuestas ejecutivas del gobierno. Seguramente todos los colombianos vean con buenos ojos que el presidente Petro ponga su capital político a disposición de los más vulnerables. El hecho de que en la Casa de Nariño se busque beneficiar a quienes nunca han sentido el apoyo del Estado es a todas luces positivo. Los programas sociales cuentan, casi siempre, con un apoyo mayoritario no solo en el pueblo sino en la clase política. Sin embargo, existen hoy profundas diferencias de método y reservas sobre las estrategias que se ponen en marcha para ejecutarlos. 

Los privados, a quienes un sector importante del Gobierno ve como adversarios, han contribuido en el pasado al buen funcionamiento de las iniciativas públicas. Las voces de los técnicos, que hoy suelen ser desoídas, más que impedir el cambio, pretenden que este pueda desarrollarse de manera metódica, eficiente y ordenada. Aún hay tiempo de corregir el rumbo y de ponerle estructura a una política que, bien ejecutada, puede mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos.