Tres billones de pesos en riesgo: ¿Qué hacer si se cae la no deducibilidad de las regalías?

El artículo 19 de la reforma tributaria aprobada el año pasado incluyó la prohibición de deducir las regalías del impuesto a la renta, bajo el argumento de que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y, por tanto, las regalías corresponden a recursos del Estado.

El Gobierno Petro considera que las empresas autorizadas para explotar bienes del Estado como petróleo y carbón tienen posibilidad de contribuir más al recaudo. Solo por este rubro se espera un recaudo de 3 billones de pesos en 2024. Sin embargo, la Corte Constitucional está a punto de fallar las demandas que interpusieron las empresas afectadas y el congresista del Centro Democrático Carlos Edward Osorio. Si la Corte tumba esta disposición, el hueco en el presupuesto será evidente. ¿Cómo taparlo?

CAMBIO le preguntó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, si con una nueva reforma tributaria, como lo sugieren los expertos, pero Bonilla dijo que no se pronunciará hasta que se emita el fallo.

Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien no descarta que al gobierno le toque hacer una nueva reforma tributaria, dice que las dos opciones más inmediatas serían suspender algunos gastos o incumplir la regla fiscal. Esto último, aunque por otros motivos, fue anunciado ya por el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González.

Por su parte, Jairo Orlando Villabona, profesor de economía de la Universidad Nacional dice que ese hueco solo se podría llenar “con mayor control a la evasión, endeudamiento y, a muy corto plazo, otra reforma tributaria. En realidad, para personas naturales fue muy blanda frente a otros sistemas de la Ocde”.

Las cifras de las empresas mineras vs las cifras del ministerio de Hacienda

Las empresas que se oponen a esta normativa, agrupadas en la Asociación Colombiana de Minería (ACM), consideran que una mayor carga tributaria sobrepasa sus capacidades contributivas, haciéndolas inviables en escenarios de precios promedios, lo que podría comprometer el recaudo de mediano plazo y el gasto social, ya sea por el ajuste de los planes de producción o por el cierre de operaciones.  Según la ACM, en carbón esta sola medida incrementa la Tasa Efectiva de Tributación de 88,1 por ciento (en promedio) a 142,8 por ciento.

Las cifras del Ministerio de Hacienda son otras. Según la entidad, entre 2013 y 2021, los datos observados reflejan que la tarifa efectiva de tributación del sector minero ha promediado 22,2 por ciento, alcanzando niveles máximos en 2017 y 2018 de 30,6 por ciento y 28,5 por ciento, respectivamente. "Ahora bien, para 2022 se estima que la tarifa efectiva del sector ajuste 24,3 por ciento y aumente hasta 25,1 por ciento al cierre de 2023 (sin incluir los efectos de la no deducibilidad de regalías)".

Según las empresas mineras, prohibir la deducción de regalías distorsiona el hecho generador del impuesto a la renta y, por lo tanto, afecta su núcleo esencial pues, según ellos, desconocería que el objetivo específico de ese tributo es precisamente la obtención (en el año o período gravable) de ingresos susceptibles de producir incremento neto del patrimonio del contribuyente. Indican que, como las regalías no incrementan el patrimonio de quien las asume, son un recurso que le pertenece única y exclusivamente al Estado. Finalmente la ACM cree que prohibir la deducibilidad de las regalías desconoce la noción constitucional de “contraprestación”.

Rodrigo Uprimny, jurista e investigador de Dejusticia,  explica que los demandantes suponen que existe una norma constitucional que obliga al legislador a permitir la deducción del pago de regalía, o que le prohíbe prohibir esa deducción, pero realmente no existe.

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Uprimny asegura que “lo que parece inconstitucional es permitir la deducción de regalía como costo, pues implica un pago efectivo menor de la regalía, ya que esta es devuelta por el Estado como deducción”.

La pelota está en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien tendrá que pronunciarse en los próximos días.