Así busca esconder el contralor Zuluaga los gastos reservados del fiscal Barbosa

A las recientes revelaciones sobre el proceder de Francisco Barbosa durante su periodo al frente de la Fiscalía General de la Nación, se suma otro hecho, presuntamente irregular, que habría contado con la ayuda del contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. 

El contralor, encargado de vigilar cómo gastan los recursos públicos las diferentes entidades públicas del país, le va a permitir a Barbosa esconder la forma en que utilizó los gastos reservados de la Fiscalía durante la vigencia 2022, que intentaron auditarse en vano desde la Contraloría. 

La historia empezó a inicios de 2023, cuando el equipo investigador de la Contraloría General de la República comenzó una auditoría especial a la Fiscalía General de la Nación con relación al gasto de 2022.

CAMBIO conoció que, aunque fueron varios los intentos de solicitar información para ir proyectando el informe final, algunos obstáculos se atravesaron en la labor de los auditores: ¿Por qué? 

Según el equipo de la Fiscalía, por orden de Barbosa la información sobre los gastos reservados de esa entidad no se podía compartir, ya que estaba protegida bajo la figura de seguridad nacional. Por ende, era confidencial. Además, el fiscal goza de un fuero especial que no permite que lo investiguen.

Barbosa nunca quiso entregar los discos duros con la información y aunque al final le tocó acceder a mostrarla, exigió que se hiciera en las instalaciones de la Fiscalía para que ningún documento o dato saliera de allí. La justificación que le dio el fiscal directamente al contralor, en una llamada que le hizo, estaba relacionada con una amenaza que había recibido días antes. 

El problema, según alertaron los funcionarios de la Contraloría encargados de la revisión, es que el argumento de la seguridad del fiscal nunca había sido un obstáculo para que, en el pasado, otros jefes del órgano judicial entregaran el reporte del gasto público.

Aunque según la Ley 1097 de 2006, entidades como la Fiscalía, que realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia, investigación criminal y protección de testigos, tienen autorizado un presupuesto especial considerado como “gastos reservados”, y se trata de una información que goza de protección especial, la norma también advierte que esa ejecución debe ser vigilada por la Contraloría, que tiene el derecho a pedir la información y a que se le entregue con premura. 

Barbosa, entonces, se estaba saltando la norma para evitar que se revisara cómo y en qué se gastó esa plata, para muchos considerada como la caja menor de la Fiscalía. Lo más grave es que a pesar de esa renuencia para entregar la data, el equipo investigador pudo revisar una parte, pero cuando se iban a publicar los hallazgos, el contralor Zuluaga se los quitó. ¿El objetivo era archivar esa inspección?.  

Mejoras en la casa del fiscal 

Los investigadores lograron obtener los datos de los estados financieros y otros documentos de la entidad correspondientes al año 2022. En medio de este análisis, que se logró realizar a pesar de las trabas que puso el fiscal para que la Contraloría recibiera los reportes, encontraron algo que llamó la atención. 

En uno de los ítems de los gastos reservados de ese año, se encontró un contrato para instalar un sistema de blindaje  en la casa donde vive Francisco Barbosa en Bogotá, justificado, de nuevo, en el riesgo que corría el funcionario en su cargo de fiscal.

Aunque la información de cuánto se giró para ese rubro es confidencial, se halló que una parte importante de esa plata se habría aprovechado para hacerle otras mejoras a la vivienda personal de Barbosa, que se pagaron con plata de la Fiscalía porque, bajo el argumento de la seguridad, nadie se daría cuenta.
 
Estos hallazgos de la investigación los hizo el grupo élite de la Contraloría, que tenía a cargo la auditoría de los gastos reservados y era coordinado por el contralor delegado para la Defensa, Justicia y Seguridad, tal como estaba establecido desde el año 2015. 

Cuando finalizaba 2023, el tiempo de revisar los gastos del año anterior también terminaba. Para ese entonces el informe de los auditores fue trasladado a la Fiscalía para que esa entidad ejerciera el derecho de replicar las observaciones. No obstante, pasó algo que sorprendió al equipo: el contralor Carlos Mario Zuluaga les arrebató esa función y ordenó, con una nueva resolución, que la auditoría a los gastos reservados pasara a otra dependencia. 

Empezar desde cero 

En 2015,se expidió la resolución 0335 en la que se estableció que desde ese momento se conformaría de nuevo el grupo interno permanente de auditores que ejercerían la vigilancia y control fiscal a la ejecución de ese presupuesto particular. 

En ese momento también se definió que las personas que conformarían ese grupo, adscrito al despacho del contralor general, debían ser profesionales y asesores grado 1 de la entidad. El coordinador, por su parte, sería el contralor delegado para la Defensa, Justicia y Seguridad, ya que siete de las nueve entidades que tienen gastos reservados son de las Fuerzas Militares. 

Así funcionó hasta noviembre de 2023, cuando, extrañamente, y en medio de la auditoría a los gastos del fiscal, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, decidió expedir un nuevo documento -la resolución 0843-, que modifica la conformación del grupo interno que vigila los recursos de los gastos reservados, así como la coordinación y supervisión del mismo.

Aunque esa nueva norma incluyó un parágrafo que advierte que las acciones de vigilancia que se desarrollaban hasta la fecha podían continuar su curso, y permitió que el antiguo equipo culminara su investigación al fiscal, en diciembre de ese mismo año, se emitió otro documento  que podría darle sepultura al informe contra Barbosa. 

El 26 de diciembre, dos días después de Navidad, se conoció el regalo del contralor al fiscal. En la resolución 1607, la asignación de la coordinación y supervisión de los auditores volvió a cambiarse: el grupo de vigilancia de los gastos reservados se entregó a otra  dependencia en la Contraloría. 

Se trata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, mejor conocida como la DIARI, liderada por el señor Juan Camilo Zuluaga, que habría llegado recomendado por el Partido Conservador y quien, para muchos, es el poder en la sombra en esa entidad. 

Esa sería la estocada final al informe que durante un año hicieron los anteriores investigadores, que ya se encontraban en la etapa de confirmar las observaciones de la revisión que adelantaron a la Fiscalía, y que habrían podido convertirse en hallazgos administrativos, fiscales, penales o disciplinarios. 

El equipo alcanzó a comunicar dichas observaciones a la Fiscalía y esa entidad pidió una mesa de trabajo para responderlas. Justo antes de que se realizara ese encuentro, cambiaron el equipo y pusieron a uno nuevo que no conoce las labores de auditoría, no domina las materias auditadas y, por ende, no tendrá elementos para controvertir la posición con el que el órgano de control buscará desvirtuar la investigación. 

Además, para seguir con el proceso, tendrían que darle cierre a la investigación anterior porque ya se cumplió el término para hacerla. Por esa razón, algunos concluyen que los hallazgos de ese informe se perderán y tendrán que empezar desde cero.

CAMBIO pudo establecer que los gastos reservados de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, ascendieron a 51.888 millones de pesos en 2022, lo que significó un aumento de 171 por ciento con relación a los gastos del año anterior, que fueron de 19.119 millones de pesos.

¿Qué responde el contralor? 

CAMBIO consultó a la Contraloría General de la República sobre este episodio y la entidad entregó la respuesta del contralor, Carlos Marío Zuluaga, que publicamos de manera textual a continuación:

“Los gastos reservados de la Nación, son de revisión directa del despacho del contralor, que los audita directamente o los asigna a un contralor delegado. En este caso, el contralor tomó la decisión de cambiar porque justo en esos momentos había una gran discusión sobre la seguridad del fiscal tras las amenazas que denunció públicamente sobre un plan para matarlo por parte de un grupo al margen de la ley. Es decir que estaba en peligro su vida. 

El contralor pidió al delegado que, en ese entonces tenía el asunto, realizar la auditoría en la sede de la fiscalía para verificar los documentos del contrato.  En llamadas que el señor fiscal le hizo al contralor, manifestó que el delgado y los auditores querían copia digital de los archivos del contrato, manifestando que le parecía riesgoso que esos documentos circularan, pero que con gusto los recibía en la fiscalía para que verificaran uno a uno cada uno de los temas contractuales o de precio. 

Pese a que el contralor había dado la instrucción de realizar la auditoría de esa manera, el equipo insistió en tener copia digital del contrato y hacer inspección donde estaban las características del tipo de blindaje.  

Frente a este hecho el contralor decidió cambiar la delegación, con el fin de proteger dos hechos:

1- Que se pudiera realizar la auditoria y verificar los asuntos en cuestión en el sitio donde estaban, en la fiscalía, sin que circularan dichos documentos en manos de terceros.

2- Evitar una situación de cuestionamiento a la Contraloría a futuro, en la medida en que si se materializaba un atentado contra el señor fiscal, considerado un asunto de seguridad nacional, el ente de control pudiese estar cuestionado por su reserva y buen nombre”.