La petición formal para retirar las placas que Francisco Barbosa instaló para exaltar su nombre y gestión
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Una nueva polémica envuelve al fiscal Francisco Barbosa días antes de retirarse de su cargo. Esta vez es acusado de mandar a instalar placas conmemorativas de su gestión en varias sedes de la Fiscalía, a pesar de que está prohibido por la ley. Un congresista de Alianza Verde presentó una petición para que las placas sean retiradas inmediatamente.
Por: Carolina Calero
A una semana de retirarse de su cargo, Francisco Barbosa vuelve a ser protagonista de una nueva polémica. Esta vez, se hizo público que el fiscal general instaló varias placas conmemorativas que llevan su nombre, atribuyéndose el mérito de diversas reparaciones y cambios en diferentes sedes regiones de la Fiscalía, a pesar de que la ley prohíbe este tipo de acciones.
Según una investigación de La Silla Vacía, la placa que ha causado mayor controversia fue instalada en la ciudad de Tunja, en donde hubo algunas reformas de la estructura que incluyeron remodelación de baños, y el cambio de vigas que estaban deterioradas, y el texto de la placa destaca que durante su administración se llevaron a cabo dichos arreglos.
“Durante la administración del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, se gestionó y adecuó esta sede”, destaca la placa.
Además, se señaló que Barbosa se atribuyó construcciones que no fueron ni planeadas ni gestionadas por él. Por ejemplo, en Neiva se llevó a cabo la unificación de todas las dependencias de la Fiscalía en un solo edificio.
Sin embargo, en una placa colocada allí se afirma que esta gestión se realizó durante la administración de Barbosa, aunque trabajadores de la institución sostienen que el proyecto se había planificado desde 2016 y que la construcción ya estaba en curso mucho antes de la llegada de Barbosa en febrero de 2020.
Petición para que se retiren las placas
El representante de Alianza Verde Cristian Avendaño presentó una petición de renuencia dirigida al fiscal para que retire las placas, pues alega que según el decreto 2759 de 1997 y el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 esta práctica está prohibida.
Además, aprovechó para recordarle a Barbosa que los dineros públicos no son para "exaltar la vanidad de los servidores públicos". Vale la pena destacar que, según la investigación de La Silla Vacía, no se sabe el costo invertido en las placas porque no aparecen en la base de datos de la Fiscalía General ni en el Sistema de Gestión de Personal del Estado Colombiano (Sigep).
